Comienzo reconociendo que entre la fuerza pública existen hombres y mujeres que genuinamente ingresan a estas instituciones para prestar un servicio serio, legítimo y legal a la población. Lo hemos visto. Pero, desafortunadamente, de forma histórica y en los últimos tiempos, se ha develado una actuación creciente y sistemática en donde una gran cantidad de estos efectivos se dedican a actividades de maltrato, de abuso, de complicidad y liderazgo de redes criminales que atentan contra la población y contra la nación.
La jornada de protestas e indignación que se desencadenó este nueve de septiembre en varias ciudades del país, y de forma concreta en Bogotá, terminó en una violenta ira en contra de la policía y lo que esta representa hoy para una gran porción de la población colombiana. El detonante fue el cruel asesinato del abogado Javier Ordoñez, quien reducido por dos policías, suplicaba para que pararan las descargas eléctricas de la pistola taser, sin que fueran escuchadas sus lamentaciones y las protestas de los testigos del hecho. Posteriormente, al parecer fue golpeado brutalmente en el CAI al que fue conducido, lo que eventualmente le causó la muerte. Pero la violencia ejercida en contra de la policía, no sólo es la respuesta de una población vejada de forma insistente, creciente y sistemática por aquellos que la “deben” proteger, sino también el acumulado de las violaciones de mujeres detenidas dentro de buses y edificios policiales, los demás asesinatos como el de Dylan Cruz y del grafitero bogotano, además de la mofa de muchos policías ante los reclamos de justicia, la arrogancia de los altos mandos para reconocer los crímenes, enmendarlos y erradicarlos, la desconexión e indiferencia del alto gobierno ante la realidad y la súplica del pueblo ante los abusos de todo orden que sufren día a día desde el Estado.
El fuego que se prendió esa noche en Bogotá y en otras ciudades, no es sólo por el asesinato del abogado de 43 años, que deja una viuda y dos hijos huérfanos. No, en cada CAI incendiado, en cada piedra lanzada, estaba impregnada la ira y la impotencia por el hambre, por la falta de empleo, por el robo de la educación y de la salud, por la exclusión política de facto que acude a la trampa y a la violencia para “ganar”, por un Congreso que legisla en contra de las necesidades de los humildes. No sólo se abrasaron edificaciones; también se incendiaron los cincuenta billones de pesos anuales que se roban los corruptos desde las altas esferas estatales y de los grupos económicos. En cada piedra iba encerrada una oportunidad negada, una cita médica no asignada, un muerto a las puertas de los hospitales, un dinero robado por los propietarios de las EPS. En cada vidrio roto, estaba representado el no futuro de ver cómo se le han entregado billones del dinero público a los banqueros, ganaderos, terratenientes y a Avianca, mientras se dejó que quebraran miles de empresas pequeñas y medianas; en tanto millones de colombianos y colombianas han pasado hambre a través de los años y de los meses de cuarentena.
La decadencia y degradación de la policía está a la vista de todos, por más que el actual “gobierno” insista en aplaudir las actuaciones de dicha institución y manifieste que es una institución pulcra, legítima y querida. Ninguno de estos adjetivos le es reconocido por quienes en barrios y veredas ven a diario como una gran parte de los uniformados cohonestan y participan de los males del país y de la población. Por más que desde la televisión y de la radio se intente generar una matriz de opinión favorable, los territorios atestiguan lo contrario.
Desde el nueve de abril de 1948, las élites colombianas conservadurizaron a la fuerza pública, y se transformó a quienes habían nacido como “un cuerpo armado de carácter civil que tenía la misión de salvaguardar la convivencia y la seguridad ciudadana” en una policía política. Por eso, la policía depende del ministerio de guerra y no del ministerio del interior. Pero, para las actuales condiciones de fascismo reinante, da igual que esté en una u otra cartera.
Durante las elecciones presidenciales de 2018, en mi caso particular, fui hostigado por la policía, tan sólo por llevar puesta la camiseta del entonces candidato Petro. En la visita que realizó la fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo a la ciudad de Pereira, entre la primera y la segunda vuelta, los policías asignados para acompañar el evento, de forma abierta hablaban mal de dicha candidatura, para que los asistentes y transeúntes de la Plaza de Bolívar los escucharan. En mi sitio de votación, en donde fui testigo electoral, los policías que se encontraban a la entrada del mismo, hostigaron y le faltaron al respeto a quienes se acercaban a saludarme. Los tildaban de guerrilleros. Es una policía política que no está al servicio de todos los colombianos.
¿Por qué no denuncié? ¿Ante quién, ante la policía?
Desde el gobierno de Uribe, se incrementó de forma exponencial el reclutamiento de pie de fuerza (no es claro bajo qué parámetros y filosofía), pero allí mismo se incrementaron los desafueros policiales, dados a conocer preponderantemente a través de la prensa y la comunicación alternativa y ciudadana por medio de las redes sociales, en tanto que son desconocidos o manipulados por los medios corporativos.
Con el confeccionamiento y aprobación del vigente Código de policía y convivencia ciudadana, se dio un proceso hegemónico desde las élites y las altas esferas de la institución armada, que excluyó la discusión democrática, las realidades y necesidades de la ciudadanía. Todo lo que en aquel momento se señaló como potencialmente favorecedor de los abusos contra la población civil, el desconocimiento de los derechos humanos y el recorte de las libertades civiles, se ha evidenciado como algo que ocurre al amparo del gobierno y de los medios de las élites. Haciendo un paneo de estos medios corporativos, luego de la jornada de furia, una vez más ponen el foco en los daños a edificios e infraestructura (situación desastrosa y lamentable), pero ocultan el contexto histórico y lo que es peor, las causas estructurales, las muertes por la brutalidad policiaca, e insisten en adoptar eufemismos oficiales para denotar la situación. Valorizan los daños económicos y desconocen el valor de las vidas arrebatadas. En tanto, replican el programa de entretenimiento oficial de las seis de la tarde. Las decenas de videos y denuncias de policías disparando de forma indiscriminada sus armas de dotación, fueron ignoradas de forma deliberada por los medios de comunicación de los pulpos económicos. Sólo City TV, hizo hasta el momento de escribir estas líneas, un cubrimiento objetivo de los hechos.
¿Qué se le hace en los centros de instrucción, a los pobres que se reclutan para vestir el uniforme, para que levanten las armas contra la población que deberían proteger mientras agachan la cabeza ante los poderosos?
En la policía hay integrantes honestos, que piensan y trabajan en pro del bienestar público. A ellos corresponde desde adentro eliminar a aquellos que son abusadores y criminales amparados por un uniforme, y transformar a dicha institución en algo que esté realmente al servicio del pueblo.
*Opinión y responsabilidad del autor de la columna, más no de El Cuarto Mosquetero, medio de comunicación alternativo y popular que se propone servir a las comunidades y movimientos sociales en el Meta y Colombia.
