Henry Joany Cifuentes Ortíz, de 23 años, dejó atrás su vida delincuencial y fue parte del Programa de Protección de Testigos dado que participó en procesos penales contra integrantes de bandas criminales y tras un tiempo fue desvinculado de dicho programa, por lo que actualmente teme por atentados contra su vida.
En 2017, Henry Joany fue capturado en zona central de Medellín por el Cuerpo Técnico de Investigación, adscrito al Gaula Militar, por el delito de extorsión agravada y por ser integrante de la Oficina de Envigado, un grupo delincuencial con un alto poder dentro y fuera del país.
También fue trabajador directo de alias ‘Reblujo’, cabecilla del grupo delincuencial “Los Chatas” de Bello Antioquia, quien a su vez era mano derecha de alias ‘Tom’, pedido en extradición por los Estados Unidos.
Ante la situación, Henry Joany, quien era conocido con el alias de ‘Canario’, decidió colaborar con la Fiscalía 70 y 71 Especializada de Medellín y miembros de la Dijin de Bogotá, brindando información sobre cabecillas, propiedades, fosas y homicidios.
Con sus testimonios, fue posible la captura de Juan Carlos Jiménez García, alias ‘La Zorra’, y Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’, de la estructura criminal Las Chatas, y de alias ‘Barriga’, de la banda Pachelly.
Alias ‘Vallejo’ fue arrestado en El Poblado, Medellín, y sería el autor de las amenazas contra la ex directora de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Claudia Carrasquilla, conocida como ‘la fiscal de hierro’.
Luego de haber suministrado la información, Henry solicitó protección a la Fiscalía -la cual se encargaba del caso denunciado-, por ende, fue admitido por primera vez en el Programa de Protección de Testigos en el 2017, siendo sacado de allí un año después.
Durante el tiempo que hizo parte de dicho programa, el denunciante afirmó haber notado una serie de irregularidades, las cuales se exponen a continuación:
a) Sobre los pagos de las mesadas:
Según Henry, cada 20 días le mandaban $ 263.000 pesos, que en algunas ocasiones le llegaba $ 250.000 mil pesos, y a veces $ 230.000.
En el 2018, luego de salir del programa, se trasladó hacia Popayán, en busca de un nuevo comienzo. Allí llegó junto a su pareja sentimental, que estaba siendo amenazada y al agente encargado que envía el programa de protección y asistencia para la reubicación.
b) Proyecto productivo:
Henry afirmó que el programa de protección le otorgó 14 millones, 800 mil pesos. Sin embargo, denunció, se le impuso gastar el 60% en lo que la Fiscalía disponga, así no lo necesite, “qué porque hay que legalizar la plata”, afirmó.
Esta medida la consideró ilógica, pues él había advertido que si no se le daría para llevar a cabo su proyecto de vida, entonces buscaría alguna alternativa para él y su pareja sentimental. No obstante, el ente investigador insistió en que no era posible, pues había que llevar facturación.
c) Trabajo:
Luego de estar durante un mes en Popayán, no logró conseguir trabajo, así que se trasladó a Cali, donde adquirió un empleo como vigilante en un motel. Tras varios meses, recibió una llamada por parte de los investigadores de la Dijin de Bogotá.
En la llamada se le informó que los fiscales 70 y 71 Especializados de Medellín contra las bandas criminales necesitaban hablar con él de manera urgente. Inicialmente, el denunciante se negó, dado que no podía abandonar su puesto de trabajo. Sin embargo, le tranquilizaron diciéndole que no se preocupe y que ellos se encargarían de los costos de pasajes y alimentos, mientras llegara a Medellín, propuesta que aceptó.
Durante el tiempo que nuevamente se dispuso a colaborar con información, Henry afirmó haber tenido diversas dificultades económicas, de salud y bienestar. En medio de este proceso, ha sido reintegrado y sacado reiteradamente del Programa de Protección de Testigos, por lo que interpuso numerosas acciones de tutela y recibió apoyo de defensores de derechos humanos.
Sin embargo, su mayor temor es el riesgo bajo el que se encuentra su vida debido a que había suministrado información de personas con nexos con el ELN y carteles mexicanos. Incluso señaló en febrero de este año que aproximadamente mil personas de la Oficina de Envigado le perseguían.
Para el 3 de septiembre de este año informó que perderá “el derecho más importante que es la vida por las jugadas y acciones mal hechas del programa de protección”. Tres días después afirmó estar en la UCI de la clínica León XIII luego de un intento de suicidio porque había recibido una amenaza en la que le decían que “lo van a picar”.
El 7 de septiembre estaba ya en la ciudad de Bogotá, en un hotel pagado por la Alta Consejería para las Víctimas, entidad que le ayudó con las pruebas para demostrar que se encontraba en una situación de riesgo.
Aseguró que es una de las personas más amenazadas de Antioquia, por lo que pide ayuda para que este programa “no se burle de la justicia”, pues cuenta con dos fallos a favor emitidos por el Tribunal Administrativo y otros del Tribunal Superior, y los Juzgados 14 y 21.
De los testigos involucrados en este caso, Henry afirma ser el único que queda vivo, pues los demás fueron asesinados. Asegura querer estudiar, capacitarse y ser una mejor persona para darle a su hijo de 5 años, un futuro digno. Pero el programa, afirma, no se lo ha permitido argumentando que no tiene recursos.
Comenta además que “al sapo no se la perdonan” y menos a él que afectó la economía ilícita de los capturados con los miles de millones de pesos que les incautó la Fiscalía. Aparte de eso, se encuentran tras las rejas gracias a la información que brindó.
Luego de lo expuesto por Henry, Jorge Eduardo Rojas, director del Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, argumentó ante el Juzgado que el denunciante “fue reubicado en un lugar alejado de la zona de riesgo, Popayán – Cauca, con el compromiso de permanecer allí para no afectar su seguridad, recibiendo una suma de dinero para su reinserción social y educativa. Luego de eso se trasladó a la ciudad de Cali, donde al parecer por inconvenientes personales generados por sus anteriores actuaciones regresó nuevamente a la ciudad de Medellín”.
También comentó que por sus repetidas faltas a la disciplina del Programa fue excluido. “Dentro del espectro del Programa de Protección y fuera de este, el señor Henry Joany Cifuentes Ortiz presentó un sinnúmero de Derechos de Petición (respondidos en su oportunidad), PQRS a periodistas y entidades de control del Estado (Inspeccionadas y contestadas en el momento oportuno)”.
Por eso, se le concedió nuevamente medida de protección inmediata de acuerdo al incidente de desacato de la tutela presentada y que le correspondió al Juzgado 21 Administrativo Oral del Circuito, de Medellín que genera su trasladado a la ciudad de Cali – Valle del Cauca.
“Fuera de las anteriores circunstancias gravita en su contra el hecho que asevera tener comunicaciones con amigos de Medellín, quienes por consiguiente saben de su ubicación en las Regionales donde el programa lo ha mantenido bajo su espectro (…) El ingresar a personas ajenas a las sedes asignadas. Las relaciones sentimentales que tuvo, involucrándolas con su condición de protegido. Las repetidas faltas a la verdad, con el fin de sacar provecho. El regresar en repetidas oportunidades a su zona de riesgo, colocando en peligro su vida. El informar las ubicaciones de las sedes que disponía el Programa para su residencia y comodidad a diferentes personas como periodistas, sus posibles enemigos, entes de control, vendedores y otros, incumpliendo las obligaciones con el Programa de Protección”, añadió el ente investigador.
Sin embargo, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento, que no desconoció el comportamiento de Cifuentes ante la situación de riesgo para su vida, mencionó que la Fiscalía no puede dejar de garantizar las condiciones de vida del solicitante y su familia, dado que el denunciante “hace parte de los muchachos que vienen de ambientes violentos, de suma pobreza y de ignorancia, hogares donde se aguanta hambre, donde en la mayoría de los veces son disfuncionales, y la vida es más dura y ven en los grupos delincuenciales la familia que han necesitado; no se trata aquí de que el petente sea un universitario, una persona con una mediana educación, no es de un estrato de clase alta o media, viene realmente de las clases más aporreadas y olvidadas de la sociedad”.
Agregó que Henry colaboró eficientemente al órgano de investigación, por lo que debe protegerlo y no arrojarlo de su programa ante el primer tropiezo de este joven con el reglamento de protección, “no puede despedirlo así no más porque no es capaz de dar cumplimiento a algunas de sus indicaciones y reglamentos, desacato que no ha sido uno sino varios por parte del Cifuentes con el Programa que lo protege, pero en vez de expulsarlo de nuevo, se debe intentar por primera vez, en ponerle atención como ser humano digno, y averiguar la razón de sus desatinos, hablar con él, explicarle y ver que sí ha comprendido en dónde y para qué está allí y que debe cumplir con sus obligaciones impuestas por su calidad de testigo protegido”.
En consecuencia, la entidad judicial ordenó a la Fiscalía reintegrar a Henry Joany y a su núcleo familiar al Programa, que adopte todas las medidas posibles para garantizar su seguridad y que brinde el apoyo psicológico que se requiera.
También ordenó a Henry y su familia, “acatar todas y cada una de las normas, obligaciones y recomendaciones de seguridad que le imponga el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía; y, abstenerse de asumir conductas que pongan en peligro su vida y la de los integrantes de su núcleo familiar”.
