La violación de una niña indígena de la etnia Embera Katío, el pasado mes de junio, en zona rural del corregimiento de Santa Cecilia – Risaralda, por parte de siete soldados adscritos al batallón de artillería San Mateo, es uno de los más recientes casos ocasionados por la institución castrense, dentro de una actuación sistemática, a pesar de que dicha entidad lo niegue. 

Los perpetradores son soldados jóvenes y de extracción humilde, al igual que su víctima; pero adoctrinados en el desprecio por los indefensos y desvalidos ante la fuerza que les otorga el entrenamiento, el uniforme, las armas y la cultura de encubrimiento llamada “solidaridad de cuerpo” al interior de estas fuerzas armadas. No es nuevo el desprecio que la institución de marras tiene por los derechos humanos que protegen en particular a los habitantes de las zonas rurales de este país, pues es allí donde se ha librado una guerra declarada por las élites coloniales que han practicado a ultranza el despojo en las personas del campesinado y de las naciones étnicas. 

Simbólicamente, desde estos sectores despojadores se ha señalado a sus víctimas como facinerosos, bandoleros, guerrilleros, bandidos; y con ello, son declarados “enemigos internos” del Estado (entendiendo que el Estado al que se refieren son ellos mismos, la gente de “bien”). Como lo manifestaba la familia del asesinado Héctor Abad Gómez, en un documental recientemente transmitido con ocasión de la conmemoración de su martirio: “…ellos (la élite económica y política) invitan a los militares a sus reuniones, cenas y cócteles, mientras van hablando de aquellos “enemigos” que consideran afectan de manera grave sus intereses; y los matriculan en la categoría de aquellos que se debe eliminar. Los militares escuchan y actúan creyendo que hacen lo que los miembros de ese Estado necesitan”.

La violación, el asesinato, el abuso de fuerza, lo sustentan en su uniforme, en las armas que pagamos con nuestros intereses y en la interpretación particular que hacen de la Constitución Política. El pueblo humilde, enajenado a su vez durante siglos de enseñanza señorial, agacha la cabeza ante aquellos que les han indicado son “superiores” porque representan “la fuerza legítima del Estado”. 

En diferentes ocasiones, he hablado con militares y policías retirados o en actividad; y me han relatado la dinámica, los procedimientos y la doctrina con la cual los entrenan y los forman. Son de dominio público diferentes videos en donde se muestran a los soldados y policías cantando arengas sobre cómo van a perseguir, matar y violar a guerrilleros y guerrilleras (recuérdese que en Colombia, desde hace unas décadas, el profesorado, el campesinado, el movimiento sindical y social; y cualquiera que proteste en contra de las injusticias, es señalado como guerrillero). En varias ocasiones, me han contado estos uniformados cómo en los años setenta y ochenta se espiaba e interceptaba a los sindicatos; cómo recibían alguna orden a través de sus radios, para que se retiraran de un sector en donde poco después se “daba de baja a un señalado de enemigo interno”, para regresar luego ellos a realizar los trámites para el levantamiento del cadáver. Son conocidas las sistemáticas denuncias que pesan sobre militares por ejecuciones extrajudiciales, pese a lo cual, son ascendidos en el Congreso de la República por parte de las élites que allí hacen presencia. Los entes de control, acaparados por los amigos y socios de este status quo, completan el rompecabezas del dominio. Es todo un ejercicio de poder que avasalla a las minorías y esas clases indefensas y despojadas por dicha conspiración histórica. Y las iglesias diversas hacen parte de este entramado, porque tienen importantes intereses de vieja data. El poder “divino” y el terrenal van unidos en contra de los miserables.

Volviendo al hecho de la violación de la niña indígena, en Risaralda, tenemos la visita del comandante del ejército (Coronel entonces, y General recién ascendido, Eduardo Zapateiro Altamiranda, señalado desde diversas organizaciones como presunto responsable de ejecuciones extrajudiciales) al corregimiento de Santa Cecilia, con el fin de manifestar su malestar por el hecho criminal de sus subordinados. La escena no podía ser más evocadora de los días de la colonia: Los indígenas en el nivel bajo de un auditorio y el señor Zapateiro, junto con las autoridades civiles, en el nivel más alto del mismo edificio. El uso del micrófono utilizado con fruición por los representantes de la élite, y dosificado para los agraviados. Así mismo se ordenan los proyectos de Ley en el Congreso, se aprueban y se hacen cumplir: sin consultar ni escuchar a los de abajo.

Los medios de comunicación que tiene las concesiones del espectro nacional, que también son propiedad de las élites, en un intento por mostrar un equilibrio e imparcialidad que no tienen, presentan las noticias dando prioridad a las fuentes oficiales, otorgándoles mayor tiempo o generando mayorías sobre las voces divergentes y críticas. Así se maneja el poder en este platanal.

Pero no sólo se viola a los indígenas, a las comunidades afro y campesinas. También a los desarrapados de la ciudad (la clase media anda cada día más desarrapada) se les da su dosis sistemática de “vigor” policial, burgomaestre regional y local. Desde gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas, subidos en sus despachos o curules, se legisla y ejecuta en detrimento de la población. Son contadas las ocasiones en donde resultamos favorecidos con una decisión política. En la mayoría de los casos, está la fuerza pública para hacer cumplir la injusticia. Así ha sido desde que los gobernantes conservadores le quitaron las cédulas a los policías y militares liberales, los vetaron y convirtieron a estas fuerzas en organismos políticos armados de ideología goda. Es decir, los convirtieron en fuerzas integradas por pobres que se adoctrinan para defender a los ricos. Por supuesto, hay excepciones en donde militares y policías cumplen con la filosofía original de defender y servir a TODOS los colombianos, hombres y mujeres.

Es importante también recordar que los salvadores militares gringos (green go home) son otros violadores impunes de cuerpos de niñas colombianas y de los derechos y soberanía de quienes habitamos estas tierras nuestras.

Mucha distancia hay de ese ejército libertador que consiguió la independencia de la corona española y que debía guardar nuestra soberanía (ahora arrodillados ante un gobierno y un ejército extranjero), al de hoy que nos ha vejado la libertad y la dignidad. Mucha distancia hay de esa policía que nació como un cuerpo armado de carácter civil, con la misión de proteger a la ciudadanía, a esta que cada vez muestra más casos de abuso, de robo, de violación, de tráfico de drogas, de redes de prostitución, de malos manejos de los recursos que están a su cargo, de complicidad con las mafias.

Ojalá algún día, surja la dignidad y el valor desde quienes integran estos cuerpos armados legales, para perseguir y desterrar a quienes los han prostituido y los han convertido en asesinos de su propio pueblo.

Hay un cambio generacional, que por sobre todo entiende de un asunto tan práctico como profundo, y es que se enfrentan ahora y lo harán, a un panorama en donde sus oportunidades son nulas por cuenta de una minoría cruel y salvaje. Dentro del marco de este Estado Nacional (que decae y se extingue), son estas nuevas generaciones un torrente incontenible que amenaza a esa clase jurásica que nos mantiene atados a las condiciones del medioevo europeo, la misma que sólo conoce como receta de respuesta la represión y la violencia. Esa misma receta que la élite ha dosificado como un remedio, en las mayores cantidades que la viene suministrando, se convierte ahora en el veneno que los está desapareciendo de la historia venidera.

 

*Opinión y responsabilidad del autor de la columna, mas no de El Cuarto Mosquetero, medio de comunicación alternativo y popular que se propone servir a las comunidades y movimientos sociales en el Meta y Colombia.

Polarizador para develar intereses que mueven el mundo. Integrante del Congreso de los Pueblos.