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San Carlos de Guaroa: más de 23 años de desaparición forzada, basurero y revictimización
-En San Carlos de Guaroa, un municipio del Meta marcado por la expansión palmera y el conflicto armado, la finca Santa Lucía, de la vereda Giramena, concentra más de dos décadas de desaparición forzada, despojo y revictimización institucional.
-En 2002 desapareció José Antonio Cruz Castro y años después fue instalado un basurero público en este predio.
-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en su Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras ordenó retirar la basura, pero las entidades no lo han hecho.
-En 2002 desapareció José Antonio Cruz Castro y años después fue instalado un basurero público en este predio.
-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en su Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras ordenó retirar la basura, pero las entidades no lo han hecho.
Una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes ordenó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en su Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena –Cormacarena-, autoridad ambiental del departamento, la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A E.S.P y la administración municipal de San Carlos de Guaroa. Además, también exigió el inicio de la remoción de un basurero ubicado en el predio Santa Lucía, del mismo pueblo, en un plazo de tres meses.
La familia Cruz Castro desde el 2002 ha sido revictimizada de diferentes maneras. Esta historia inicia cuando San Carlos de Guaroa se consolidaba como el municipio colombiano con mayor superficie sembrada en palma africana, un modelo de negocio que se expandió mediante la alta concentración de tierras y el control territorial de estructuras paramilitares. Mientras estos cultivos se duplicaron, al pasar de 18.533 hectáreas en 1990 a 40.735 en 2019, según un reportaje de Mongabay Latam, los bosques se redujeron en más de 7.000 hectáreas.
El predio Santa Lucía no fue ajeno a los intereses palmeros y la familia Cruz Castro recibió la misma propuesta que le hicieron a los vecinos y vecinas: “la sociedad consistía en que uno ponía la tierra y ellos traían las matas”, recuerda Olga Lucía Cruz Castro, la menor de 14 hijos e hijas y quien ha llevado el liderazgo en todos los procesos judiciales que vinieron después. Sus razones para rechazar la propuesta fueron precisas. “Nos gusta más el paisaje del paraíso, la comida, animales, el aire, el oxígeno, la vida. Pero la palma no da ni oxígeno y seca el agua del territorio”, recuerda. Sin embargo, no sabía lo que esta negativa podría acarrearles.
A las 5:30 de la mañana, como cada día, José Antonio Cruz Castro tomó su tinto de buenos días junto a sus hermanas y su padre Sinaí Cruz Hernández, en Acacías, Meta. Era 16 de julio de 2002, hace 24 años. De pelo negro, José Antonio era uno de los hijos menores de una familia rural que, desde finales de los años sesenta, habita el predio Santa Lucía. Ese día, una llamada cambió el curso de su historia y la de su familia: le dijeron que fuera con urgencia a la finca, que se había perdido un toro padrote. Era un señuelo. La última vez que lo vieron, iba en la parte de atrás de una motocicleta, acompañado por uno de los trabajadores de una empresa palmera. Desde entonces, su familia no volvió a saber nada de él. “Nos han coartado de su presencia”, dice, Olga con la voz quebrada por los años y la ausencia.
Lea también: Impunidad en San Carlos de Guaroa: 23 años sin José Antonio Cruz Castro
En el Registro Único de Víctimas hay 2047 personas reconocidas en este municipio y los hechos predominantes son desplazamiento forzado y desaparición forzada. Hay dos formas de llegar a San Carlos de Guaroa, que además cuenta con alrededor de 12 800 habitantes: la primera es por la vía a Puerto López, desviándose en el corregimiento de Pompeya, y la segunda es la entrada en la vía hacia Granada, antes de llegar a San Martín de los Llanos. Los cultivos de palma predominan hasta el punto de que un corregimiento o centro poblado recibe el nombre de Palmeras.
La familia Cruz Castro desde el 2002 ha sido revictimizada de diferentes maneras. Esta historia inicia cuando San Carlos de Guaroa se consolidaba como el municipio colombiano con mayor superficie sembrada en palma africana, un modelo de negocio que se expandió mediante la alta concentración de tierras y el control territorial de estructuras paramilitares. Mientras estos cultivos se duplicaron, al pasar de 18.533 hectáreas en 1990 a 40.735 en 2019, según un reportaje de Mongabay Latam, los bosques se redujeron en más de 7.000 hectáreas.
El predio Santa Lucía no fue ajeno a los intereses palmeros y la familia Cruz Castro recibió la misma propuesta que le hicieron a los vecinos y vecinas: “la sociedad consistía en que uno ponía la tierra y ellos traían las matas”, recuerda Olga Lucía Cruz Castro, la menor de 14 hijos e hijas y quien ha llevado el liderazgo en todos los procesos judiciales que vinieron después. Sus razones para rechazar la propuesta fueron precisas. “Nos gusta más el paisaje del paraíso, la comida, animales, el aire, el oxígeno, la vida. Pero la palma no da ni oxígeno y seca el agua del territorio”, recuerda. Sin embargo, no sabía lo que esta negativa podría acarrearles.
A las 5:30 de la mañana, como cada día, José Antonio Cruz Castro tomó su tinto de buenos días junto a sus hermanas y su padre Sinaí Cruz Hernández, en Acacías, Meta. Era 16 de julio de 2002, hace 24 años. De pelo negro, José Antonio era uno de los hijos menores de una familia rural que, desde finales de los años sesenta, habita el predio Santa Lucía. Ese día, una llamada cambió el curso de su historia y la de su familia: le dijeron que fuera con urgencia a la finca, que se había perdido un toro padrote. Era un señuelo. La última vez que lo vieron, iba en la parte de atrás de una motocicleta, acompañado por uno de los trabajadores de una empresa palmera. Desde entonces, su familia no volvió a saber nada de él. “Nos han coartado de su presencia”, dice, Olga con la voz quebrada por los años y la ausencia.
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En el Registro Único de Víctimas hay 2047 personas reconocidas en este municipio y los hechos predominantes son desplazamiento forzado y desaparición forzada. Hay dos formas de llegar a San Carlos de Guaroa, que además cuenta con alrededor de 12 800 habitantes: la primera es por la vía a Puerto López, desviándose en el corregimiento de Pompeya, y la segunda es la entrada en la vía hacia Granada, antes de llegar a San Martín de los Llanos. Los cultivos de palma predominan hasta el punto de que un corregimiento o centro poblado recibe el nombre de Palmeras.
José Antonio Cruz Castro.
Desplazamiento forzado y despojo de Santa Lucía
Luego de la desaparición de José Antonio, la familia no volvió al predio Santa Lucía por varios años. En 2007 por medio del Auto No. 2070221, la Resolución 209 y 315, la alcaldía expropió la totalidad del inmueble para utilizarlo como basurero. “Nuestro victimario principal ha sido el municipio”, enfatiza Olga. En ese entonces el alcalde era Hernando Beltrán Mendieta y en la providencia emitida recientemente contó con el visto bueno de Cormacarena y EDESA.
Sin embargo, la Procuraduría Ambiental Agraria, destacó que, para el caso particular, “no se evidenció la realización de los estudios técnicos rigurosos contemplados en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 838 de 200541. Por otra parte, el Ministerio Público relacionó un informe de Cormacarena de fecha febrero de 2007, previo a la expropiación, en donde se advertía que “el predio era una zona de llanura aluvial inundable, con alta permeabilidad, y que por tanto, no era apto para establecer un relleno sanitario, debido al riesgo de contaminación de acuíferos”.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de una sentencia emitida el 02 de agosto del 2011, declaró nulos estos actos administrativos y a pesar de eso, no fue sino hasta el 2013 que efectivamente el municipio dejó de utilizar parte de este predio como basurero público, según el posterior fallo de restitución de tierras. A pesar de esto, Olga afirma que se siguió utilizando el predio de su familia como basurero hasta 2017.
Luego de la desaparición de José Antonio, la familia no volvió al predio Santa Lucía por varios años. En 2007 por medio del Auto No. 2070221, la Resolución 209 y 315, la alcaldía expropió la totalidad del inmueble para utilizarlo como basurero. “Nuestro victimario principal ha sido el municipio”, enfatiza Olga. En ese entonces el alcalde era Hernando Beltrán Mendieta y en la providencia emitida recientemente contó con el visto bueno de Cormacarena y EDESA.
Sin embargo, la Procuraduría Ambiental Agraria, destacó que, para el caso particular, “no se evidenció la realización de los estudios técnicos rigurosos contemplados en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 838 de 200541. Por otra parte, el Ministerio Público relacionó un informe de Cormacarena de fecha febrero de 2007, previo a la expropiación, en donde se advertía que “el predio era una zona de llanura aluvial inundable, con alta permeabilidad, y que por tanto, no era apto para establecer un relleno sanitario, debido al riesgo de contaminación de acuíferos”.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de una sentencia emitida el 02 de agosto del 2011, declaró nulos estos actos administrativos y a pesar de eso, no fue sino hasta el 2013 que efectivamente el municipio dejó de utilizar parte de este predio como basurero público, según el posterior fallo de restitución de tierras. A pesar de esto, Olga afirma que se siguió utilizando el predio de su familia como basurero hasta 2017.
La basura todavía sigue en el predio Santa Lucía. Foto: Simón Zapata Alzate
Durante más de 10 años, según la lideresa Olga Cruz Castro, la Alcaldía de San Carlos de Guaroa utilizó el predio Santa Lucía como basurero público.
Los lixiviados son líquidos que se generan cuando el agua atraviesa residuos sólidos —como basura doméstica, escombros o materia orgánica en descomposición— y arrastra sustancias disueltas o contaminantes. Foto: Simón Zapata Alzate
Un basurero a cielo abierto puede provocar contaminación del suelo, del agua y del aire, debido a la acumulación de residuos y a la generación de lixiviados y gases producto de la descomposición de la basura. Además, favorece la proliferación de insectos y roedores, aumenta el riesgo de enfermedades y afecta la calidad de vida de las comunidades cercanas por los malos olores, el humo y el deterioro ambiental. Foto: Simón Zapata Alzate
Pero la basura ya no era el único problema para la Familia Cruz Castro: en 2011, un grupo de personas encabezadas por Rómulo Molina Poveda ocupó el predio como si fuera suyo. Aunque inicialmente la Inspección de Policía de San Carlos de Guaroa ordenó el desalojo, el proceso se dilató y este comerciante de esmeraldas reclamó la propiedad mediante un contrato de compra de mejoras firmado con Guillermo Pérez, un habitante de calle de Bogotá que supuestamente poseía el terreno desde 2004.
El día en el que Juan Manuel Santos en el 2011 hizo una alocución presidencial y le contó al país la promulgación de la Ley de Víctimas 1448, Olga tuvo esperanza. A la mañana siguiente llevó todos los documentos y radicó una solicitud de Restitución de Tierras. Esto convierte al caso en el primero del Meta. Germán Romero Sánchez, abogado defensor de Derechos Humanos e integrante de dHColombia, explicó que los procesos de despojo tienen una matriz parecida: “Un ejercicio de violencia por parte de actores armados, de actores institucionales, un entramado burocrático institucional que no garantiza ni protege los derechos territoriales de la gente y finalmente todo un proceso de documentación, solicitud, y exigencia de garantías de las personas que no desemboca en ningún lado”.
#Atención 🧵Magistrado del Tribunal Superior Especializado en Restitución de Tierras de #Bogotá Manifiesta que en el predio Santa Lucia del mcpio de San Carlos de Guaroa la remoción total de la basura es la forma de restablecer a la flia Cruz Castro la integridad de sus derechos pic.twitter.com/9EXNiQlM0I
— dhColombia (@dhColombia) April 22, 2022
El abogado, que fue además apoderado de la familia Cruz Castro, cuenta que aceptó el caso porque le llamó la atención el nivel minucioso de detalle con el que Olga había documentado cada acontecimiento. Desde entonces la familia Cruz Castro se sometió a lo que ellas mismas denominan como “baile jurídico” que todavía no termina. En 2014 se admite el caso de restitución, pero Romulo Molina Poveda ya estaba ocupando el predio y se opuso. “Aliado de los esmeralderos y de la familia Carranza, en su cédula tenía la estatura de cero centímetros, lo que demuestra que en el departamento del Meta, las víctimas no tienen garantías en los procesos de restitución de tierras”, afirma Olga.
En octubre de 2015 el caso pasó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en su Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras y el 29 de mayo de 2018 falló a favor de los hermanos y hermanas Cruz Castro. Su padre Sinaí Cruz, quien encabezó la lucha desde la desaparición de José Antonio, había muerto desde el 30 de abril de 2012, a los 101 años de edad. En esta sentencia, además de ordenar la restitución del predio, se dice que “el trámite de responsabilidad ambiental por el manejo de basuras tendrá lugar en sede posfallo de restitución”, es decir, el proceso que se tuvo posteriormente y que conllevó a la providencia del pasado 09 de marzo de 2026.
En octubre de 2015 el caso pasó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en su Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras y el 29 de mayo de 2018 falló a favor de los hermanos y hermanas Cruz Castro. Su padre Sinaí Cruz, quien encabezó la lucha desde la desaparición de José Antonio, había muerto desde el 30 de abril de 2012, a los 101 años de edad. En esta sentencia, además de ordenar la restitución del predio, se dice que “el trámite de responsabilidad ambiental por el manejo de basuras tendrá lugar en sede posfallo de restitución”, es decir, el proceso que se tuvo posteriormente y que conllevó a la providencia del pasado 09 de marzo de 2026.
Olga Cruz Castro. Foto: Simón Zapata Alzate
La familia Cruz Castro lleva de manera minuciosa la documentación sobre todos los hechos que han ocurrido. Foto: Simón Zapata Alzate
En 2018 la familia regresó a la finca y se encontraron con daños en la infraestructura, en el agua, y con la basurera todavía allí. Sembraron árboles para atraer el agua, remodelaron parte de la casa ya que quienes la ocuparon habían dejando vidrios rotos y huecos en las paredes. Consolidaron una de las habitaciones como el Salón de la Memoria, donde hay flores, fotos de José Antonio, mapas de la finca, pancartas y obras de arte hechas por la familia.
Alrededor del predio Santa Lucía el paisaje sigue siendo homogéneo: líneas y filas de palmas africanas que parecen infinitas. Actualmente San Carlos de Guaroa es el quinto municipio en el país con 29 123 sembradas para 2025. Colombia alcanza el 2.3 % de la producción mundial, lo que puede equivaler a más de 1 838 000 toneladas de aceite de palma por año, según se indica en el estudio Descubriendo la cadena de suministro: el aceite de palma de Colombia a la UE. La mayor cantidad se cultiva en el departamento del Meta, seguido por Santander y el Cesar. De acuerdo con la publicación, donde están instaladas las compañías de Palma hay presencia de deforestación, incendios y otras conversiones de vegetación nativa en la zona.
En 2019, unos trabajadores le contaron a Olga que en la época en la que estaban ausentes por la reciente desaparicion de José Antonio, volquetas de palmeras pasaban con cuerpos. Este comentario fue a raíz de las actividades que realizaba la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD- en el territorio.
En la justicia ordinaria, los procesos como demandas civiles o administrativas, se resuelven y tienen fin con la sentencia. En los procesos de restitución de tierras, luego del fallo, tiene lugar el posfallo, en el que el juez o tribunal verifica que las órdenes dictadas, como devolución del predio, reparación o garantías institucionales, realmente se cumplan para que se pueda dar una restitución integral de los derechos y devolverlo en lo posible al estado inicial antes de la victimización. En el caso del predio Santa Lucía, en esta etapa fue que se ordenó a las entidades retirar de manera total la basura. En una de las audiencias de seguimiento, el magistrado José Hernán Vargas Rincón le preguntó a Cormacara, frente a la negativa del retiro de la basurero, “¿qué esconden allí?”.
La familia Cruz Castro llegó a Santa Lucía en los setentas. Foto: Simón Zapata Alzate
La familia Cruz Castro se dedicaba principalmente a la ganadería. Foto: Simón Zapata Alzate
Esther Cruz Castro, una de las hermanas, murió tras la lucha constante por los derechos de la familia. Foto: Simón Zapata Alzate
Es una montaña que se escala y está rodeada de árboles que han crecido con el paso del tiempo. Se observan pañales, plástico, colchones, juguetes, lixiviados. El 28 de febrero del 2025, funcionarios y funcionarias, incluyendo al magistrado, viajaron hasta Santa Lucía para verificar que efectivamente la basura sigue allí. En un derecho de petición interpuesto por El Cuarto Mosquetero -ECM- en mayo del mismo año, Patricia Baquero, Subdirectora de Gestión Ambiental, respondió que la autoridad ambiental “no es una entidad prestadora de servicios públicos y que su rol se limita al seguimiento técnico y evaluación de propuestas, no a la ejecución de la limpieza”.
Por su parte, Miriam Nensi Pastran, Gerente de EDESA S.A también le respondió a ECM que “no cuenta con la disponibilidad de recursos para asumir un proyecto de tal magnitud, cuyo costo estimado para el retiro total, cargue y disposición final de residuos asciende a más de 5.271 millones de pesos”.
Sandra Milena Quil Segura, defensora jurídica del municipio de San Carlos de Guaroa, expone que “lamentablemente un error del pasado va a afectar a la población del municipio porque el presupuesto que se utiliza para abarcar las necesidades sociales se va a haber afectado. Entendemos que hay que reparar el daño que se hizo, pero estamos preocupados porque no hay dinero para cumplir sin que se vean lesionados los derechos de la población”.
La providencia del pasado 09 de marzo es clara: en un plazo improrrogable de tres meses, las entidades concernientes, Cormacarena, EDESA S.A y la administración municipal de San Carlos de Guaroa, deben iniciar la remoción de los residuos. También se insta a la UBPD a elaborar un documento técnico en el término de dos meses “en donde se establezcan los pasos a seguir por dichas entidades, en caso de que durante la extracción de residuos se realicen hallazgos fortuitos de estructuras óseas, que puedan pertenecer a personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”.
Esta orden se da debido al incumplimiento de las entidades de la orden del tribunal de sacar la basura del predio Santa Lucía y se enmarca dentro del artículo 44 del Código General del Proceso. Sin embargo, no está en firme porque las entidades presentaron un recurso de reposición, para que la magistratura la revise y en dado caso, reponga, modifique o confirme integralmente la sanción. La familia Cruz Castro continúa en el “baile jurídico” esperando reparación integral.
Olga Lucía Cruz Castro. Foto: Simón Zapata Alzate
Cuerpo de agua cerca a la casa del predio Santa Lucía. Foto: Simón Zapata Alzate
Lucila Cruz, una de las hermanas actualmente con 82 años, recuerda que cuando llegó por primera vez a Santa Lucía ya tenía dos hijos pequeños. “Había un kiosko de paja, y ahí nos sentábamos a tomar café, a hablar, a reírnos, a jugar ajedrez y a ver el atardecer”, cuenta con nostalgia.
Hoy en día la Familia Cruz Castro sigue sufriendo de hostigamientos y robos, lo que las hace vivir con intranquilidad. Desde el 2018 hasta hoy aunque su finca la han transformado, siguen esperando un retorno digno como lo dictamina la Ley 1448, reparación integral que incluya respuestas claras sobre la desaparición de José Antonio y el traslado de los desechos y lixiviados. Continúan en esta lucha para que la dignidad de su madre y su padre no quede mancillada. Su anhelo es la “efectividad y realidad en el restablecimiento, restitución integral de todos los derechos que han sido arrebatados por la persistencia del conflicto”.
El magistrado Jorge Hernán Vargas Rincón, califica este caso “de trascendencia nacional precisamente por la índole de la victimización a la que se vió sometida la familia cruz castro por parte de prácticamente toda la institucionalidad”. La familia Cruz Castro sigue a la espera de que estas mismas instituciones les cumplan y les den garantías para su permanencia en su territorio.
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