La moción de censura, aprobada por la duma departamental, en un hecho político inédito, parece recuperar la imagen de la institución. De ese cuerpo inocuo en materia de control político, del cual se tenía la impresión de ser sólo una caja de receptación de contratos y puestos, dispensados por los gobernadores, se pasó, a una Asamblea deliberante, que no se dejó amedrentar ante las artimañas de un abogado, con complejo de Justiniano, que por intimidaciones y como contratista de último momento de la Gobernación pretendió judicializar el debate político.
Mal momento para el Gobernador, sus dificultades, por cierto, pueden ser resultantes de la divagación en que se encuentra la administración, pues nada es más imposible que manejar un proyecto político, tan amorfo como el resultante de una docena de avales partidistas, en que satisfacer todas las ambiciones, más las de Alan Jara y Carmelo Pérez, no dejan rescoldo para llegarle a los diputados, como se hacía antes.
Lo bueno de todo es que, se recuperó el control político. Si lo mismo se hubiese hecho con tantos funcionarios de Alan Jara y Marcela Amaya, estaríamos libres de esperpentos como la refinería y el mirador. Otro sería el Meta.
El Secretario de Prensa Departamental se fue porque fue pésimo el libreto de su defensa, al pretender que podía confiársele a un abogado contratado por Juan Guillermo Zuluaga. La Asamblea tiene funciones políticas que le son propias, todas de naturaleza constitucional, pero también regidas por normas especiales, que por esta misma razón prevalecen sobre las que expuso en carta, el abogado apoderado. Esas leyes están por encima del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma general que invocó el letrado en su libelo.
Pero el control político, no es judicial; no caben recursos ni apelaciones; no está sujeto a control jurisdiccional. Es un acto político. Ni siquiera los ministros citados a debate de censura en el Congreso llegan con apoderado. Hizo mal el abogado Ardila al pretender que en el Meta la política sigue siendo parroquial. Bien hizo la Asamblea en reivindicar sus competencias para que los secretarios de Despacho sepan que deben someterse al control político. La recuperada imagen de la Corporación depende de que no den el brazo a torcer.
No me erijo en crítico del gobernador, creo que Juan Guillermo Zuluaga será el último que acuda a medios de persuasión ilícita, porque los tiempos cambiaron; no podrá jugar a lo de Alan o Marcela para comprar diputados, porque lo cierto es que la Asamblea, quemó esas naves y no podrá recular en su reingeniería. Eso sí, la oposición deberá seguir siendo racional y constructiva, por el bien del Meta, de la política y de los partidos.
A propósito, los partidos también resultaron perdiendo, porque desencadenando la avaricia, desde liberales hasta evangélicos, ahora tendrán que entender que no es la gavilla de avales, sino el proselitismo inteligente el que puede conformar gobiernos estables.
*Opinión y responsabilidad del autor de la columna, más no de El Cuarto Mosquetero, medio de comunicación alternativo y popular que se propone servir a las comunidades y movimientos sociales en el Meta y Colombia.
