“El PNIS fue un salto al vacío”, afirma habitante del Guaviare

En el departamento, 7.196 familias decidieron hacer tránsito para dejar de subsistir del cultivo de uso ilegal. No obstante, varias de ellas denuncian que los incumplimientos del programa de sustitución les han causado pérdidas de ingreso y problemas para garantizar las tres comidas del día.

 

En el Guaviare, 7.196 familias decidieron hacer su tránsito para dejar de subsistir de lo que se considera un cultivo de uso ilegal, soñando con encontrar otras formas de trabajo en sus territorios. Ilustración Espectador+20.

A una hora aproximadamente del casco urbano del municipio de Calamar en el departamento del Guaviare, en una casa de madera pequeña pero acogedora donde hay grandes cantidades de maíz colgando del techo de la cocina para alimentar a los pollos y de vez en cuando a ellos, vive don Fabio de Jesús Bedoya, un campesino de 81 años quien hace 18 años llegó de Antioquia con el sueño de vivir mejor con su familia. Con el paso de los años logró adquirir su finca y en la época en la que este territorio dependía totalmente de la coca, él logró tener dos hectáreas y media sembradas que, aunque le alcanzaban para suplir lo mínimo en su hogar, garantizaba que la proteína en su alimentación nunca les faltara, es decir, la “carnita”.

Junto con su esposa, en el 2017 se acogieron al programa como lo hizo toda la vereda de La Ceiba, porque estaban cansados que en el marco de la fumigación no solo acabaran con la coca sino también, con los cultivos de pancoger y ahí empezó su suplicio, pues trabajar jornaleando en otras fincas es una posibilidad para las personas más jóvenes, y sus ahorros no fueron suficientes para vivir de la ganadería, ya que en Calamar quienes no se fueron a zonas donde todavía se vive de la hoja de coca, se quedaron sacando leche para la venta o elaborando queso.

En el Guaviare 7.196 familias decidieron hacer un tránsito para dejar de subsistir de lo que se considera un cultivo de uso ilegal, soñando con encontrar otras formas de pervivencia en sus territorios de la mano del Estado, con inversión social y proyectos de sustitución que nacían tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016. En el 2017, entre los municipios de Calamar y El Retorno 2.312 familias se acogieron al PNIS, confiando en lo prometido por el Gobierno del entonces presiente Juan Manuel Santos. La comunidad decidió organizarse y donde era necesario, manifestarles a los grupos armados del sector, su deseo que se respetara esa decisión colectiva de sustituir los cultivos de hoja de coca, por otros que quizá fueran más rentables y les generaran más tranquilidad.

“En ese momento una de las dificultades era el temor de acogernos al programa por las disidencias que había, pero nos organizamos y tomamos la decisión de acogernos al programa pues era una transición hacia la economía legal (…) firmamos los acuerdos y nos dieron 60 días para erradicar los cultivos. Se hizo todo un trabajo para cumplir esas metas”, recuerda Tito Roldan, concejal del municipio de Calamar e integrante de la organización campesina ASCATRUI.

Don Fabio cuenta que desde hace seis meses no comen carne, si acaso pueden acompañar sus platos de comida con huevo. Foto: Lina Álvarez.

A don Fabio no solo los achaques de la edad le han menguado su capacidad de trabajar de sol a sol en su finca, sino que, según dice, durante sus jornadas laborales debe descansar continuamente, pues los mareos son constantes y pueden dejarlo al borde del desmayo, producto de la mala alimentación. “La verdad es que aquí hemos aguantado casi hambre (…) la renta de nosotros era la coca (…) nos tienen botados del totazo, nos dijo que nos daba, y no apareció con nada”, concluye entre lágrimas este adulto mayor.

En el informe del 2020 la UNODC identificó que el 91% de todos los hogares que ahora pertenecen al programa PNIS tenían algún nivel de inseguridad alimentaria, pero especialmente, el 12,6% presentaba graves problemas para suplir las tres comidas del día. Esto pese a que el primer componente de este programa era la “Asistencia Alimentaria Inmediata”, que consistía en que tras cada familia erradicar su “chagra” -como denominan en el sector a estos cultivos- se le pagaba dos millones de pesos y cada mes recibirían un millón –o bimensual obtendrían dos millones- hasta completar 12 millones, tiempo suficiente para que empezaran a ejecutarse las demás fases del programa y, por ende, el hogar realmente tuviera seguridad alimentaria, el problema es que algunos de esos pagos no se hicieron o llegaron a destiempo.

Pero tras recorrer tan solo entre dos horas y media a cuatro horas desde San José del Guaviare a municipios como El Retorno y Calamar, las y los campesinos de las veredas que se acogieron al programa cuentan otra historia, una donde algunos -como don Fabio- llevan alrededor de seis meses sin “oler” la carne, donde su alimentación en ocasiones solo contiene papa, yuca y plátano que pueden cultivar en sus fincas, y que, acompañan con un huevo frito.

El estipendio de los $12 millones se proyectaba para algunos como una posibilidad para invertir en el mejoramiento de su calidad de vida, pero, la realidad, es que a medida que les empezaron a entregar el recurso con retrasos, su destinación terminaba yéndose en pagar lo que debían.

Otras familias tenían ahorros mínimos, como una habitante del sector rural de Calamar -quien prefiere no decir su nombre- manifiesta que gracias a que con la coca ya habían empezado a comprar algunas cabezas de ganado, lograron venderlas en los primeros meses de crisis, pero dejaron la cría y haciendo maromas utilizaron parte de ese dinero de seguridad alimentaria para comprar más vacas y así poder sacar la leche para la venta. No obstante, a su cuñado no le cumplieron ni la primera fase del PNIS,  “a él le tocó abrirse de esta vereda a limpiar y administrar potreros porque qué más (…) uno acabó con lo que le daba la comida y ahora qué”.

Pero esto no sucedió solo en Calamar, en gran parte de los municipios del Guaviare que se acogieron al PNIS, la población flotante que vio su vida precarizada, se fue adentrando en zona de Parques Nacionales Naturales, buscando nuevamente las posibilidades de subsistencia que les brindaba la coca. “Algunos sembraron otra vez coca en otros diferentes lugares, otros lograron con gran esfuerzo, con gran dificultad aún estar ahí, bregando a sobresalir porque no es fácil salir de una economía ilícita a lo lícito cuando el gobierno le está poniendo trabas”, cuenta Mayerly Pinilla lideresa del municipio de El Retorno.

También hay quienes tenían sus predios y no encontrando cómo subsistir, vendieron sus fincas, “esas personas que no aguantaron el trote que solamente tenían el ranchito, las matas de coca y nada de pasto y pues llegó la bonanza de entrar gente con platica a comprar a precio de nada y uno sin plata, la familia aguantando hambre, pues vendió y se fueron a sufrir a otro lado y de por sí, la gente que entró, compró, pero para tumbar la selva y ahí vino el conflicto de la deforestación… el programa PNIS fue un fracaso”, explica Luis Eduardo Vaca, quien también es beneficiario del programa.

Ilustración: Jonathan Bejarano de El Espectador+20.

El PNIS, falla tras falla

Varias familias de Calamar y El Retorno también denuncian que después de erradicar y confiar en que iniciarían un tránsito hacia la legalidad, fueron suspendidas sin que se les dieran argumentos por lo sucedido o, a veces, con razones que consideraron poco consistentes. “A muchas familias les hicieron pago oportuno y otras terminaron con los pagos suspendidos (…) hubo personas que hasta último momento no recibieron pago sin saber el motivo por el cual los sacaban del programa”, explicó el concejal Roldán.

Otras personas denuncian que cortaron la coca bajo la promesa de que ingresarían al PNIS, pero que cuando recibieron las visitas de las Naciones Unidas los dejaron por fuera del proceso al no tener cultivo que respaldara su candidatura.

Para don Pablo Enrique Peña, vicepresidente de la organización ASCATRUI y quien tras ser beneficiario del programa fue retirado por supuestamente no haber realizado la erradicación completa, jugaron con la necesidad de las y los campesinos, “nos dijeron que en diciembre la ONU iría a verificar, que el que no haya arrancado la coca, no le pagaban y entonces la gente cogió y nosotros también cogimos, ahí todo el cultivo para que nos pagaran, porque nosotros creímos en la propuesta del gobierno y de ahí para acá ha sido falla tras falla”.

Según la UNODC a 31 de diciembre de 2020, es decir, tras tres años de acogerse al PNIS, 4.568 familias habían recibido el pago de asistencia alimentaria y 2,649 seguían esperando. Según estadísticas de la Agencia de Renovación del Territorio ARN hablan de 2082 faltantes. Para muchas familias la esperanza de cambio se transformó en rabia “todos creímos que la vida nos iba a cambiar y por eso hicimos el contrato para cortar la coca, pero nos dieron en la cabeza (…) le da uno hasta rabia acordarse de eso”, explicó Vaca.

Sentimiento que se debe no solo a que los proyectos productivos y que realmente permitirían la sustitución no han sido implementados, sino también a que el $1.800.000 representado en insumos para la creación de la huerta casera, llegó con sobrecostos y, por ejemplo, en el caso de los animales, muchos fueron entregados en malas condiciones y murieron. “del pueblo a las fincas hubo gente a las que se le murió de a diez a quince pollos, ósea eso fue un fracaso. A la gente que le tenían que dar purina para pollos le daban de cerdo y a los de cerdo los de pollos”, detalló Vaca, quien, como pudo, le sacó provecho a los animales entregados, ya que, pese a que sufrió algunas perdidas, se hizo el plante para aportar en la creación de la asociación con la que hoy están gestionando algunos proyectos.

En la vereda de La Ceiba del municipio de Calamar, hace dos años once familias lograron gestionar un proyecto de piscicultura, y apenas hace ocho meses pudieron ingresar los peces al estanque después de hacer el respectivo montaje y sacar la primera pesca. Esperan seguir con esta iniciativa e inclusive tener otro tipo de animales, pues si no se fueron hace cinco años en los momentos más críticos, esperan no tener que hacerlo. “Sufrir aquí para ir a sufrir a otro lado no se podía, por eso nos organizamos, llegó ese proyecto y ahí estamos, nos ha ido bien”, concluye Vaca.

En el sexto informe del Instituto Kroc: “Cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz: reflexiones desde el monitoreo de la implementación”, exponen que, en los territorios hay inconformismo por el precio de “insumos y materiales que se están adquiriendo que, según información de algunos beneficiarios, supera el valor del mercado local”. Por ejemplo, El Cuarto Mosquetero conoció que a algunos campesinos del Guaviare les fueron entregados cerdos bebes por valor de lo que prácticamente obtendrían si ya estuvieran listos para le venta y en el caso de las semillas, muchas no les nacieron.

Hay otros casos de éxito como el de María, una campesina que trabajaba con los cultivos de la coca raspando o en la cocina. Tras acogerse al programa ella pudo comprar un lote y construir la casa con el dinero recibido de asistencia alimentaria. Además, adelantando trabajos varios junto a su esposo, lograron hacerse el plante para armar una tienda que ella administra desde su casa mientras él hace expresos con su moto.

Por ahora en el departamento del Guaviare, según el informe de la ONUDC, solo 133 familias habían empezado el proceso de proyecto a corto y largo plazo, en este caso, con iniciativas de cacao, es decir 7.084 continuarían esperando. No obstante, la ART informa que ha cumplido en un 67%, pues 3.195 personas han accedido a la fase final de implementación.

En Calamar y El Retorno, la ciudadanía afirma lo contrario, “hoy por hoy decimos que el PNIS fue un engaño, un salto al vacío como lo decimos nosotros, lastimosamente todas nuestras esperanzas se perdieron. Le decía yo a alguien que es como cuando uno se enamora y de la manera más sutil le dice a uno que ya no vamos más. Nos pusieron barreras que no estaban contempladas”, afirma Pinilla, quien es habitante de la vereda de El Palmar del municipio de El Retorno.

Las implicaciones del uso del suelo

En el Guaviare según el último informe de la ONUDC, solo hubo un 0,2% de persistencia en la resiembra, no obstante, las familias beneficiarias del PNIS continúan a la deriva y se suma a los retrasos, el que ahora para poder acceder a los proyectos productivos les están solicitando contratos de uso del suelo.

Pese a que en su momento no se había mencionado como requisito que las y los campesinos firmaran contratos de uso del suelo y conservación, actualmente la oficina del PNIS les ha manifestado a las y los líderes de este departamento, su obligatoriedad para continuar con el proceso de implementación. “Salieron los acuerdos de conservación natural, y en esos acuerdos venían los acuerdos de uso del suelo (…) nos dijeron que para poder invertir los recursos teníamos que tener ese acuerdo, pero cuando firmamos los acuerdos voluntarios de sustitución en ningún momento en el acta que tenemos dice esa vaina”, denuncia Peña, quien considera que es una talanquera que están poniendo para seguir dilatando la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente porque no les permiten acceder a dichos contratos para estudiar a fondo qué implican.

Las actas y a los formularios que cada campesino suscribió en el 2017 no son información de libre acceso, el Colectivo de Abogados Albear Restrepo – CAJAR realizó una solicitud a la ART para acceder a estos documentos bajo su condición de representantes de las comunidades de varios municipios del Guaviare, pero la entidad niega la petición manifestando que hay datos personales que no pueden exponer.

“Decidimos demandar el incumplimiento del programa porque consideramos que se vulnera la confianza legítima de todos los campesinos que firmaron el acuerdo de sustitución al imponerles un nuevo obstáculo para acceder a los proyectos“, explica el CAJAR, especialmente porque hay inconsistencias que deben ser aclaradas en dichos contratos donde el campesinado se convierten en usuarios con obligaciones ambientales; no son considerados poseedores de sus predios, sino que tienen una tenencia por alrededor de 10 años y llegado el caso realicen incumplimiento de la normatividad ambiental, serían expulsados sin que medie una justa causa.

Por último, si llegase a cambiar la naturaleza jurídica del bien baldío destinado para el uso del suelo, “puede darse por terminado el contrato con ese usuario que firmó el contrato de derecho de uso, y ¿quién puede cambiar la denominación del suelo para que deje de ser zona de reserva forestal, bien baldío de la Nación? El Estado”, expone el colectivo de abogados, quien concluye que la exigencia es clara, debe separarse la implementación del PNIS de la firma de contratos de derecho de uso del suelo.

Por su parte Juan Manuel Beltrán, personero de Calamar confirma que, aunque no resta por escrito denuncias en su despacho con relación al PNIS, dialogando con la comunidad y algunos líderes del sector, conoce las preocupaciones que han derivado del incumplimiento del PNIS y la actual problemática, lo que hace que muchas personas ya estén reticentes a querer continuar con este proceso.

Nos comunicamos con el coordinador del PNIS en el Guaviare para conocer sobre los hechos anteriormente mencionados, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, en entrevistas anteriores a El Espectador+20, el programa aclaró que no estaban obligando a la comunidad a firmar nada y que no fueron los que crearon la normatividad ambiental, ya que solo informan que quienes viven en zonas de reserva forestal, solo serán atendidos si respetan los derechos de uso de suelo de las áreas de importancia ambiental. Así mismo, Hernando Londoño, coordinador del programa, reiteró que en el marco del Acuerdo de paz no se “fijó excepciones a la ley agraria, ni a la ley ambiental; por esta razón el Gobierno debió realizar ajustes normativos que hicieran legalmente posible la atención de familias en estas zonas”, pues de otra manera no podrían ser atendidos por estar ocupando zonas de forma “indebida e ilegal”.

Por su parte las comunidades esperan que la demanda que pusieron cuatro municipios -Calamar, El Retorno, San José y Miraflores- surta efecto. “Creímos tanto en esto, que le brindamos el todo por el todo (…) tenemos una tutela colectiva por parte de las seis Asojuntas del departamento. Nosotros sí cumplimos, nos ofendieron tanto que dijimos aquí hay que hacer algo, y nosotros como líderes, así como nos apersonamos del PNIS, así mismo nos personalizamos de la acción de tutela, recogimos todas las firmas e hicimos el proceso”, puntualiza Pinilla, quien espera que la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, no solo garantice los derechos de la naturaleza, sino también la de las y los campesinos.

Reto del nuevo gobierno

Las expectativas están puestas en el gobierno que está por iniciar. Por ahora Petro ha manifestado su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz, lo que aumenta la esperanza de que no solo se implementen el PNIS, los PDETS y hasta la Reforma Rural Integral, sino que el campo realmente sea atendido. “Creemos que este gobierno es muy coherente para el diálogo, la concertación y escuchar a la gente y se van a poder resolver los conflictos socioambientales de este territorio y la implementación de este proyecto (…) el PNIS es un problema mínimo respecto a las necesidades que tenemos en este territorio”, resalta Roldan.

Entre las peticiones con más retos pero que vienen dialogando entre las comunidades campesinas y organizaciones sociales, es la derogatoria de la Ley Segunda, para luego sí hablar de una reforma rural. Pero esto representa que la correcta implementación del PNIS se pare en su totalidad, permitiendo también identificar los mayores obstáculos en su implementación, para superarlos. “Así haya un poco de demoras, pero que cuando se retome, sea un programa que cumpla, especialmente con los tiempos (…) Por ejemplo, hay una cosa que las comunidades y las organizaciones que representan a las comunidades han venido pidiendo y es que la ejecución del PNIS se haga a través de las organizaciones sociales, no a través de grandes contratistas que es lo que venía pasando”, reflexiona Andrés Mejía, vocero de la Asociación de Productores de la Zona Alta del Municipio de San Pablo-Asocazul, quien manifiesta que estas propuestas -especialmente la de la derogatoria- harán parte de las 50 acciones legislativas que está radicando el nuevo Congreso de la República.

* Este artículo se escribió en el marco de una articulación entre El Cuarto Mosquetero y El Espectador+20 para la construcción de una separata que narra lo que está aconteciendo en el Guaviare.

Comunicadora Social y Periodista. Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina. Fundadora del colectivo y medio de comunicación alternativo El Cuarto Mosquetero. Desde la comunicación trabaja los temas de género, paz y ambiente.