Después de seis días de movilizaciones, y de manera indefinida se mantiene el Paro Nacional en las calles de las ciudades de Colombia. Diversos grupos ciudadanos, organizaciones sindicales, movimientos estudiantes, e indígenas, colectivos feministas, afrodescendientes, entre otros, iniciaron las protestas el pasado 21 de noviembre, para manifestar al Gobierno su rechazo por los asesinatos a líderes sociales, además del inconformismo en la reforma laboral y del sistema de pensiones.
El Comité Nacional de Paro anunció Paro continuo después de levantarse de la mesa de negociación con el gobierno “Convocamos a Paro Nacional este 27 de noviembre en una nueva Jornada Nacional” se manifestó mediante un comunicado de la Central Unitaria de Trabajadores.
Es importante resaltar que, entre el pliego de peticiones que exigen al Estado colombiano, se encuentra la implementación de las siguientes reformas para levantar el paro y en pro de modificar políticas sociales y económicas de este gobierno.
1. Implementación integral y sin condicionamientos de los acuerdos de paz.
2. Aprobación definitiva en el Congreso de la República de los puntos contenidos en la CONSULTA ANTICORRUPCIÓN realizada en el año 2018, incluyendo las siguientes modificaciones:
– Reducir el salario a congresistas y altos funcionarios del Estado a un tope de 20 SMLMV. -Penas de hasta 60 años de prisión para corruptos y que se les prohíba volver a contratar con el Estado de por vida.
– No más atornillados en el poder: Máximo dos (2) periodos en corporaciones públicas.
-Deberá avanzarse en la simplificación el Estatuto General de Contratación Estatal de tal manera que resulte más sencillo y efectivo el ejercicio de control ciudadano e institucional sobre el gasto público
3. Desmonte definitivo del ESMAD, en su lugar deberá crearse una fuerza de concertación para las manifestaciones, compuesta por civiles y policías, que se rija por un protocolo con enfoque de derechos humanos, respetuosa de la vida y el derecho constitucional a la protesta.
4. Dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados tanto con estudiantes como con profesores en las anteriores movilizaciones.
5. No más reformas tributarias regresivas. Que la gran empresa deje de ser beneficiaria de grandes exenciones tributarias mientras la ciudadanía trabajadora es sometida a pagar cada vez más tributos.
6. La salud es un derecho fundamental, no es un negocio, debe garantizarse a toda la ciudadanía. Creación inmediata de una mesa amplia del sector salud, que incluya a los trabajadores y trabajadoras y asociaciones de pacientes, para regular su prestación integral y universal.
7. Establecer garantías reales para proteger de forma efectiva la vida de los líderes sociales en las regiones. Que los niños y niñas sean protegidos por el Estado ante cualquier tipo de operación militar y se garanticen sus derechos.
8. Construcción e implementación de una política nacional eficaz que se preocupe por la eliminación de las violencias basadas en la desigualdad de género en distintos niveles, desde el más doméstico hasta el más público.
9. Implementación de un sistema pensional multipilares que dé paso a una transición al régimen prima media como único sistema de segundo pilar, en el cual el ahorro individual resulte ser una opción para quienes deseen mejorar sus condiciones de jubilación. Un primer pilar subsidiado que garantice el acceso a una mesada pensional a las personas de bajos recursos, un segundo reparto con prima media, similar a lo que hoy es Colpensiones, y un tercer pilar para quienes voluntariamente decidan realizar mayores aportes al sistema con miras alcanzar pensiones más altas.
10. Que se tomen medidas para la protección de las especies en vía de extinción en el país, y adicionalmente se prohíba la caza de tiburones con fines comerciales en aguas colombianas.
11. Poner freno a la deforestación en el país y activar simultáneamente planes de reforestación. Cumplir completa y efectivamente la sentencia STC4360-2018 proferida por la Corte Suprema de Justicia que reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos y ordena su protección. Diálogo con las comunidades campesinas para la gestión de los conflictos territoriales en PNN y zonas de reserva. Respeto y garantías a la autoridad ambiental de los pueblos indígenas en el marco de su propio ordenamiento territorial.
12. Prohibir, perseguir, sancionar y detener cualquier práctica de exploración y/o explotación de minerales o hidrocarburos que ponga en riesgo el bienestar ambiental (minería ilegal, fracking, etc..).
13. Prohibir en adelante la compra de vehículos para medios de transporte públicos que hagan uso de tecnologías obsoletas y contaminantes (EURO I, II, III, IV y V).
14. Incrementar el presupuesto de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación con miras a conseguir una administración de justicia más eficiente. Fortalecimiento y visibilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y las diversas formas de justicia comunitaria.
15. Retirar proyecto de Ley 212 y fortalecer mesas de concentración laboral con mayor participación de los sectores sindicales y de los trabajadores en general.
16. Que se incorporen a la legislación interna la declaración de DDHH del campesinado, y el acuerdo de Escazú
17. Que se garantice la destinación de la cantidad de recursos necesaria para ejecutar la política pública de víctimas y restitución de tierras.
18. Reorganización de las Fuerzas Armadas y restructuración de su plan de formación, con un enfoque social y de derechos humanos.
