Durante más de 10 días, la Misión Internacional estuvo en diferentes regiones del país verificando la situación de violencia que se vive en los territorios, especialmente en contra de poblaciones indígenas, afro, campesinas y firmantes de paz. 

El 14 de marzo, la XVII Delegación Asturiana de Verificación del Estado de los Derechos Humanos llegó a Colombia, iniciando su recorrido en Uribe y siguiendo por Mesetas y Villavicencio en el Meta. Posteriormente estuvieron en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Magdalena, Guajira y Cesar. También visitaron asentamientos humanos en Ciudad Bolívar, Bogotá y el municipio de Soacha. En medio de sus labores para conocer la situación para líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos en el país, las y los integrantes de esta Misión Internacional se vieron en peligro. 

Cuando salieron en la madrugada, desde Bogotá hacia Cali, les esperaba una camioneta de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que los llevaría por la avenida Panamericana hasta Santander de Quilichao, lugar donde está ubicada la sede administrativa de la organización indígena, conocida como ‘La Casa Grande’. Al recinto asistieron autoridades de resguardos provenientes de Corinto, Toribío, San Francisco, Canoas, Caloto, López Adentro, Toez, Tacueyó, entre otros, de los siete Planes de Vida y 22 Territorios Nasa de esa parte del departamento. También estuvieron los gobernadores indígenas Abel Coicué, Sigifredo Pavi y Marcelino Ruez, quienes en 2020, habían estado en Asturias protegidos por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia – PAV, tras los informes preceptivos de los territorios. 

El peligro constante 

Tras las audiencias y labores de verificación en la zona, la delegación fue distribuida en tres de los carros escoltas junto a guardias indígenas para tomar rumbo a Toribío. Según la Misión Internacional, en la ruta, sobre la carretera central del puente de El Palo, había presencia uniformada de un grupo irregular, y al paso de la comitiva empezaron a escucharse desde varios lugares ráfagas de disparos que parecían ser producto de un combate. Los dos primeros vehículos siguieron la ruta con rapidez, pero el tercero, que no tenía protección para disparos, se detuvo junto a una tienda en la guardia indígena, la cual orientó a los integrantes de la delegación para protegerse. Minutos después, cuando el área se supo despejada, se reanudó la marcha.

Tras unirse a los dos primeros autos, la guardia indígena junto a la delegación concluyó que no se había tratado de un combate sino de una demostración de la fuerza de un grupo insurgente ante la presencia de una Misión Internacional. A la mañana siguiente se presentó otro hostigamiento, esta vez en Toribío, infundiendo pánico a los menores de un centro operativo “que se fueron a proteger a gatas a otro espacio”, algunas balas atravesaron el edificio escolar con daños menores y un adulto mayor resultó herido en un brazo a causa de un disparo. 

Al final de su recorrido por el país, la Misión Internacional constató diversas realidades que van en contra del derecho humano a la paz y contribuyen al exterminio físico, sistemático e impune de líderes y lideresas sociales, y defensores y defensoras de derechos humanos. Evidenciaron que se está viendo afectada la pervivencia en el territorio de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afros. 

1. A pesar de la voluntad contenida en el Acuerdo de Paz firmado con las Farc hace más de cuatro años, Colombia no está en paz ni en post conflicto. El Acuerdo está siendo violado por el gobierno de Iván Duque que simula su cumplimiento, lo que está propiciando un nuevo ciclo de violencia que resulta letal para la dirigencia social y para las comunidades del campo y de la ciudad. Los firmantes de la paz están siendo asesinados con impunidad (más de 270). Alrededor de 1.400 excombatientes que deberían estar cobijados bajo las figuras de amnistía indulto siguen encarcelados.

En los espacios territoriales visitados (Mariana Páez y Simón Trinidad en el Meta, y Pondores en la Guajira) se evidencia la falta de interés del gobierno por adelantar los proyectos productivos para excombatientes, cuyos recursos en buena parte provienen de la Unión Europea y que, según denuncias, se pierden por el camino en la maraña burocrática y de intermediarios montada por el Gobierno y sus redes clientelares.

2. La falta de continuidad del diálogo del gobierno con el ELN está sometiendo a los pobladores y pobladoras de las áreas de su influencia a los rigores de una guerra en la que la fuerza pública persiste en violar el Derecho Internacional Humanitario y en aliarse con los grupos paramilitares para arredrar a la población civil a la que dan el trato de enemigo interno. No son admisibles las declaraciones del Ministro de Defensa justificando el bombardeo de menores de edad en Calamar, Guaviare, acción que viola los convenios internacionales suscritos por Colombia.

3. Según las denuncias de las organizaciones sociales, se identifican ataques sistemáticos contra la dirigencia social colombiana y las y los firmantes de la paz. La gravedad de los mismos (736 asesinatos de líderes sociales solo durante el gobierno de Iván Duque) dan cuenta de la falta de garantías para llevar la representación legítima de las comunidades y pone sobre la mesa la posible configuración de los delitos de genocidio y etnocidio.

4. En el departamento del Meta la paz está siendo saboteada por el Gobierno Nacional, que no cumple con la inversión para la reincorporación de excombatientes, frenada por la falta de tierras en propiedad y por el asesinato de los firmantes del Acuerdo. El campesinado denuncia amenazas de muerte y persecución contra las organizaciones sociales movilizadas por inversión social del Estado y contra la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. Las mismas están agravadas por las declaraciones del gobernador Juan Guillermo Zuluaga.

La aplicación perversa de la extinción del derecho de dominio a las propiedades y ganados del campesinado, acusadas de testaferrato está generando malestar en el Meta. Mientras, la justicia deja sin aplicar la causal del interés social para extinguir las propiedades de los grandes terratenientes ociosos y/o ligados al narcotráfico y al despojo de tierras. Para el campesinado dice estar frente a un “desplazamiento forzado institucional” promovido desde el gobierno del presidente Duque en favor de los latifundistas del Meta.

5. En el departamento del Cauca, tanto en el norte como en la zona de costa y del Macizo, la población está sometida a la violencia extrema aplicada por los paramilitares, las insurgencias y la fuerza pública. Es notoria y pública la permisividad de la Policía y del Ejército Nacional con los narcos en los retenes que deberían perseguir el tráfico de insumos y el transporte de coca y de marihuana en la vía entre Santander de Quilichao, Corinto y Toribío, entre otras. Como ya se relató anteriormente, la delegación fue hostigada con disparos y ráfagas de fusil en el sector de El Palo. Acción que rechazó y entendió como una demostración de su capacidad de operar, violentar y amedrentar incluso cerca de retenes de la fuerza pública.

Los pueblos indígenas de Colombia están siendo sometidos al exterminio físico y cultural. Particularmente en el norte del Cauca denuncian el asesinato de sus autoridades, comuneros e integrantes de la Guardia Indígena. Estos ataques se agravaron el año pasado y en el presente, y se mantienen en la impunidad. Tal es el caso del asesinato de la dirigente Cristina Bautista y cuatro kiwe thegnas (guardianes de la Tierra) en octubre de 2019.

La erradicación forzada de los cultivos ilegales y el incumplimiento de más de mil acuerdos y compromisos de compra de tierras firmados por el gobierno con los pueblos indígenas son caldo de cultivo para el conflicto social y para la violencia de los grupos que protegen la narco economía y el latifundio.

Los conflictos por tierras en predios de La Emperatriz y Los Mangos en Caloto/Cauca, exigen una intervención decidida del gobierno nacional para adquirir estas fincas y avanzar en la construcción de paz con equidad, antes de que haya nuevos hechos de violencia contra los indígenas.

6. En el Valle del Cauca tiende a agravarse la violencia contra los pobladores de zonas marginales de Buenaventura y Tumaco como resultado de los proyectos de ampliación de las infraestructuras para el comercio marítimo.

Es muy grave que la Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB), y el Gobierno Nacional no protejan la vida de los trabajadores encargados de la seguridad del puerto desde el que se embarcan cargamentos de drogas con destino a los Estados Unidos y Europa. Supervisores de seguridad de la SPB, se encuentran amenazados por los narcotraficantes ante el silencio de la administración portuaria y la negligencia del gobierno para proteger la vida e integridad de trabajadores que cumplen su función.

En el departamento del Valle del Cauca proliferan las amenazas de muerte como parte de una persecución que las organizaciones sociales tildan de sistemática contra personas que defienden los derechos humanos desde el CPDH, CSPP, CUT, y organizaciones de ambientalistas, estudiantiles, colectivos de personas LGBTI.

7. El abandono desde la Alcaldía de Bogotá a las miles de personas sometidas a la exclusión, muchas de ellas víctimas del desplazamiento forzado, que malviven en asentamientos en barrios ubicados en la zona de Ciudad Bolívar, es una violación a l a dignidad humana. Estas personas están sometidas a la inclemencia del tiempo, obligados a la autogestión comunitaria ante la ausencia del gobierno distrital para resolver problemas urgentes de escrituras, vivienda, vías, educación, salud, agua, energía, alimento, seguridad y alcantarillado en barrios como Ensueños, Maravillas de Dios, Tabor, Primavera, Alta Loma y Los Alpes.

8. Denigrante es la situación de abandono de la población indígena del pueblo Embera Chamí y Katío, desplazada de sus territorios ancestrales en el Chocó y abandonados por el Gobierno Nacional y distrital en Bogotá. Malviven de artesanías y limosnas en barrios de Ciudad Bolívar sin atención social, ni posibilidades de retorno con garantías a sus territorios de los que les siguen desplazando forzadamente.

9. En San Mateo y Soacha se recibieron denuncias muy graves contra la Policía Nacional por hechos que aterrorizaron y hoy indignan a sus pobladores, como el asesinato de al menos 13 personas en las movilizaciones contra la brutalidad policial en septiembre del 2020. Uno de los casos que presenta más irregularidades ha sido el incendio del CAI de San Mateo en el que se encontraban 11 personas detenidas y que por la omisión criminal de los agentes en su deber de auxilio, sufrieron graves quemaduras que provocaron la muerte de 8 de ellos en los días sucesivos. Según los testimonios, los mismos agentes obstaculizaron los esfuerzos de familiares por rescatar del fuego a las víctimas. En Soacha también se recibieron denuncias que dan cuenta de la presencia de grupos paramilitares y otras bandas que extorsionan, amenazan, asesinan y desaparecen personas, que serían llevadas a un vertedero de escombros custodiado por personal armado. El alcalde municipal fue denunciado por conducta omisiva ante estas realidades. La violencia policial afecta de forma específica a las mujeres y a la población LGTBI, especialmente a las mujeres trans. Se denuncia la falta de personal femenino en procesos de detención y custodia, así como violencia sexual y actos vejatorios por parte de los agentes.En todas las regiones visitadas recibieron denuncias de reclutamientos forzados y masivos de jóvenes y niños para la guerra.

10. La impunidad estimula la escalada de violencias que sacude a Colombia. La Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y otras instituciones de control estarían bajo la influencia del Gobierno, situación que afecta el estado de derecho y que hace temer por la calidad de la democracia colombiana.

11. En la costa Caribe las comunidades negras también siguen sometidas a procesos de violencia, exclusión y despojo territorial hasta del 80% de sus posesiones, como en el caso del Palenque Rincón Guapo. Los niños y niñas no tienen acceso a educación por las enormes distancias que deben recorrer a pie y por la falta de redes públicas gratuitas de acceso a internet para recibir clases durante el confinamiento. Temen nuevos despojos territoriales y más desplazamiento forzado.

12. Los pueblos indígenas del Parque Tayrona sufren las consecuencias del conflicto armado y del incumplimiento de los acuerdos de paz. El parque está siendo entregado a empresarios de la industria hotelera que son ajenos a ese entorno natural. El pueblo arhuaco denuncia la falta de voluntad del gobierno para generar dinámicas productivas y de permanencia lo que se agrava con la falta de titularidad de sus territorios ancestrales lo que hace que su situación sea de extrema vulnerabilidad y su supervivencia es incierta. Más de dos mil campesinos y campesinas de Lengüeta, municipio de Santa Martha, ubicado en zona del parque nacional Tayrona, reclaman con urgencia que el Estado formalice la propiedad de sus tierras o que se les reubique, pues no han podido desarrollar sus proyectos de vida ni tienen acceso a servicios básicos, ni siquiera a energía, agua y desagües. La situación de abandono desde el Gobierno generó que una niña casi pierda la vida ante la imposibilidad de encontrar un servicio médico que la atendiera, y una bebé de 11 días murió por negligencia en la prestación de servicios asistenciales pues no hay insumos, equipos médicos, ni ambulancia.

13. En Valledupar los sindicatos denunciaron a las empresas mineras, sobre todo del carbón, que violan derechos laborales y sindicales y que se benefician de la represión oficial y del terror paramilitar para silenciar la protesta sindical y social por violaciones de derechos laborales y por los graves impactos sociales y ambientales de la minería a gran escala.

“Nos vamos de Colombia admirados de la capacidad de organización y de autogestión de las comunidades excluidas de los derechos sociales, económicos y culturales, y expresamos nuestro respeto a las víctimas del conflicto que con su exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición siembran dignidad y esperanzas de paz con derechos, aspiraciones que acompañamos”, afirmó la Misión Asturiana. 

La delegación estuvo conformada por Lucía Muñoz Dalda, diputada de Unidas Podemos en el Congreso de España; Manu Pineda, europarlamentario español, integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Comisión de Derechos Humanos y de la Delegación de Relaciones de la Unión Europea – América Latina; Javier Arjona Muñoz, de Soldepaz Pachakuti; Beatriz Merás Colunga, de la Asamblea Moza d’Asturies; Nathalia Gamarra Syniuk, de Ingeniería Sin Fronteras Asturias y de la Coordinadora Asturiana de Ongs; Marta Mosquera Guimeráns, asesora en el Parlamento Europeo; Javier Orozco Peñaranda, coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia y técnico de la XVII Delegación Asturiana en Colombia; quienes regresaron a su lugar de origen el 27 de marzo.