Desde 2016 la comunidad menonita llegó al departamento del Meta. Se han denunciado afectaciones ambientales, acaparamiento de baldíos de la nación y despojo de tierras correspondientes a indígenas. Se alista proyecto de ley que se debatirá en el Senado para regularizar la venta de tierras a manos extranjeras.
Carlos Almanza habita desde hace 15 años Puerto Gaitán en su finca llamada La Peluza y cree que el campo debe ser un lugar donde quepamos todos y todas, tanto agroindustriales como productores campesinos.
Ha desarrollado un sistema agroecológico de permacultura regenerativo donde todo lo que produce es orgánico. Tiene vacas y búfalos cuando los hay, ovejos, cerdos y gallinas en pastoreo y hasta septiembre del año pasado, abejas.
“Cuando llega una industria, son personas que no conocen el entorno y parece que no les interesa, porque no hacen la visita, no miran quién es el vecino, no miran cómo pueden afectar con su industria a las personas que hay alrededor de ellos”, cuenta Carlos
Hace diez años, la empresa La Fazenda arrendó 1.000 hectáreas que colindan con La Peluza. Tuvieron un inconveniente y a raíz de esto llegaron a un acuerdo: cada vez que la empresa va a fumigar, el departamento técnico y ambiental les avisa y además no utilizaban productos nocivos para las abejas.
A principios del 2023, Carlos notó que sus vecinos dejaron de ser los industriales y empezó a ser la comunidad menonita. Según él duraron un año colindando con La Peluza. Al ser cultivos industriales, Carlos explica que “necesitan utilizar productos de síntesis química como insecticidas y pesticidas, que afectan el buen vivir de las abejas, y afectan directamente la economía de nosotros”.
“Blanco es…”
Para Carlos, hay tres palabras primordiales para un campesino o campesina: la libertad de establecerse y de relacionarse con su entorno, la autonomía para que se tenga el pan comer y la seguridad que se genera con los excesos en las cosechas. Todo este proceso sin “interferir con mi vecino ni provocarle un daño”.
La comunidad menonita es un grupo cristiano ortodoxo proveniente de México y Estados Unidos con orígenes suizos. El periódico El Tiempo documentó que desde 2016 comenzaron a comprar terrenos a 90 kilómetros del casco urbano de Puerto Gaitán, reuniendo alrededor de 17.200 hectáreas con una inversión cercana a los 64.000 millones de pesos.
En este caso no fue compra de la tierra, sino que la arrendaron. Carlos dice que se encontraban a 150 metros de su finca. “Hay un bosque que nos separa, entonces ellos pensaron que al otro lado del bosque no vivía nadie”.
En La Peluza había 40 colmenas con una población aproximada de 100 mil abejas. Una mañana de septiembre del 2023, Carlos las encontró muertas. “Es un descalabro que lo pone a uno muy triste porque uno no sabe qué hacer”. El apiario era un renglón económico de su finca importante. “En ese momento esas personas estaban interfiriendo directamente con nosotros y ahí es donde el punto se vuelve álgido”, comenta Carlos.
Uno del análisis realizado por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, llamado “Determinación de residuos de plaguicidas en abejas y subproductos”, arrojó como resultado la presencia de Fipronil.
Este producto fue prohibido por medio de la resolución 740 de 2023 emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- para “mitigar los efectos adversos en los polinizadores, por la mala utilización del pesticida en escenarios agrícolas”.
Carlos dice que “no se comprobó que lo hayan utilizado ellos pero se comprobó que las abejas murieron por Fipronil y los únicos que están cerca de nosotros son ellos, entonces blanco es, gallina lo pone y frito se come”.
Después de conocer estos resultados, Carlos se reunió con los menonitas y su almacén distribuidor, quienes negaron la utilización de este químico prohibido y le ofrecieron diez millones de pesos “como colaboración”. Oferta que no aceptó, ya que los daños, en sus cálculos, podrían ascender hasta los 150 millones, contando el apiario, las pérdidas por la no cosecha y los daños morales.
También se interpuso la denuncia en la Asociación Nacional de Industriales -ANDI- pero Carlos Relata que “se exoneraban de cualquier culpa, y el Estado, el ICA que fueron los que tomaron las muestras, nos dijeron que simplemente hicieron una socialización con los cultivadores para que no volvieran a utilizar esos productos”.
Desprotección del Estado
Carlos se sintió desprotegido por el Estado y se preguntó “¿Cómo podemos sobrevivir ante una ola de personas que tienen miles de hectáreas cultivadas bajo esos modelos económicos, pero que no pretenden ni cuidar ni proteger a sus vecinos?”. Las y los menonitas terminaron el año siendo sus vecinos y luego se marcharon, según se rumorea, más al oriente y al sur, al Vichada.
A principios de mayo del 2023, el periódico El Tiempo publicó declaraciones del director de ese entonces de Cormacarena, Andrés Felipe García, en las que anunció que la autoridad ambiental adelanta procesos sancionatorios contra esta comunidad por hallazgos relacionados con ocupaciones de cauce sin los permisos requeridos y la “aparente disminución del bosque nativo que había en el sector”.
Se trata de cuatro resoluciones aplicadas una en el año 2022 y tres en 2023, a personas naturales que hacen parte de esta comunidad. Entre las medidas sancionatorias se encuentran multas que suman 61’348.554 millones y la siembra de 100.742 individuos arbóreos. Cormacarena debe de hacer una visita de revisión cada año para verificar que se estén cumpliendo.
Por su parte, Jovanny Salazar, asesor general de la Asociación Indígena Ununa de Puerto Gaitán, expresa que en el caso de que se hayan aplicado las anteriores sanciones mencionadas, de igual forma son medidas “irrisorias y ridículas para el impacto ambiental en el territorio y en la cultura de los indígenas”.
Salazar afirma que las autoridades ambientales son “extremadamente débiles y complacientes con el papel de los menonitas”. Les hace un llamado a “no hacer el mínimo esfuerzo, sino todo lo contrario, garantizar el derecho al ambiente sano no sólo para los indígenas sino también para los campesinos”
El proyecto de ley para regularizar la venta de tierras a extranjeros
El 15 de noviembre pasado, el senador del Pacto Histórico Wilson Arias radicó el Proyecto de Ley 309 de 2023 “por medio del cual se regula la propiedad, posesión y/o tenencia de tierras al interior de la frontera agrícola por parte de extranjeros”.
Arias le contó a El Cuarto Mosquetero que la idea con este proyecto es que “no se pueda comprar tierra por manos de personas naturales y compañías extranjeras en algunas zonas de interés ecológico, que se tenga un límite de una unidad agrícola familiar, y que en cada municipio no se pueda comprar más del 15% de la zona rural por manos de las personas naturales y jurídicas extranjeras”.
Esta iniciativa pretende evitar la concentración de predios rurales por parte de capitales extranjeros. Una de las motivaciones del senador para presentar este proyecto de ley fue la comunidad menonita. “Repiten su patrón de comportamiento: tienen muy poco aprecio por lo ambiental y es una crítica que se les ha hecho en otros países y Colombia no ha sido la excepción”, explica el senador.
Desde hace dos años este medio de comunicación le ha hecho seguimiento a las problemáticas alrededor de este grupo religioso.
El senador reúne las afectaciones causadas por las y los menonitas en tres: acaparamiento de tierras baldías de la nación, lo relacionado con el ambiente y el despojo de tierras de las comunidades indígenas y sus derechos ancestrales sobre el territorio.
En la zona rural de Puerto Gaitán, se han establecido cuatro extensas comunidades menonitas denominadas Liviney, Australia, La Florida y Las Piedras. De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, esta comunidad posee más de 40,000 hectáreas de tierra, de las cuales 13,000 son consideradas baldías. De estas últimas, se está llevando a cabo la recuperación de 8,400 hectáreas debido a una ocupación irregular.
En el 2021 se conocieron las denuncias por deforestación y despojo de territorios ancestrales en Puerto Gaitán, después de que la congregación religiosa extranjera adquiriera más de 44 mil hectáreas en zona rural del municipio.
Por su parte, las investigaciones adelantadas por el senador Arias han determinado que este grupo religioso cuenta con 40 mil hectáreas, cifra que coincide con la de la ANT, “porque hace 2 años teníamos documentado como 15 mil o 17 mil”.
Por ahora este proyecto está en la Comisión V del Senado y allí “ha encontrado buen ambiente” según el senador. Es posible que en cámara también tenga buen recibimiento. Todavía tiene un año para ser debatido y aprobado por el congreso en pleno.
Sin embargo, esta norma no sería retroactiva, lo que quiere decir que no afectaría la propiedad menonita. El senador del Pacto Histórico hace un llamado a las autoridades y entes de control para que le pongan una lupa a las y los integrantes de esta iglesia y a su accionar en los llanos orientales.
Jovanny Salazar concluye que con la consolidación de la comunidad menonita en el territorio se han solidificado sus prácticas de producción que vienen de los sesenta y generan afectaciones considerables a la naturaleza. «Se basan en el monocultivo que es agresivo para el ambiente y utilizan plaguicidas, abonos químicos e insecticidas. Todo esto afecta fuertemente los bosques de galería, morichales, las fuentes de agua y la poca sabana que queda”.
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