El pasado miércoles, cientos de personas protestaron frente a la embajada de EEUU en Bogotá por la llegada de soldados norteamericanos a suelo colombiano y el asesinato de George Floyd. No es la primera vez que la intervención estadounidense causa malestar entre las y los colombianos.
Ante la llegada de más de 50 militares estadounidenses a Colombia, el pasado miércoles, 3 de junio, varios manifestantes a las afueras de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, exigieron la salida inmediata del país de los marines extranjeros y que a su vez, se suspenda el intervencionismo de Trump.
Contra el intervencionismo gringo, sus planes militares y su racismo criminal, cientos de personas protestan frente a la Embajada yanqui en Bogotá. #BlackLivesMatter #YankeeGoHome #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/BYNmGeOd8W
— Guillermo Pérez (@GPerezPardo) June 3, 2020
#ATENCION || Cientos de personas protestan frente a la embajada de EEUU en Bogotá por la llegada de soldados norteamericanos a suelo colombiano y el asesinato de George Floyd. Exigen la inmediata salida del país de los marines y que se suspende el intervencionismo de Trump. pic.twitter.com/iQbK3GQVVu
— Agencia Prensa Rural (@PrensaRural) June 3, 2020
Según el diario El Tiempo, el 1 de junio arribó al país una misión de 53 militares que conforman una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), con el fin de apoyar labores de «lucha contra el narcotráfico» que se enfocarán principalmente en las «Zonas Futuro».
Dichas zonas se establecieron este año por parte del Gobierno Nacional para mejorar la seguridad en los territorios y cambiar las economías ilícitas por las lícitas. Estos sitios los conforman cinco regiones del país, -que equivalen al 2,4% del territorio colombiano-: el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, el Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales cercanos.
Según RCN, los miembros de la comisión asesora, habrían llegado directamente a la base de Tolemaida, “donde se les realizarán los protocolos correspondientes a revisar su estado de salud, e implementar la normatividad impuestas ante la COVID-19”. Además, los militares permanecerán, durante 14 días, cumpliendo con la cuarentena establecida para viajeros que llegan a territorio colombiano.
Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, indicó que esta brigada, que es parte del Comando Sur, solo realizará labores «de carácter consultivo y técnico para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico» y que no participarán en operaciones militares. Estas actividades, según el funcionario, serán llevadas a cabo, exclusivamente por el Ejército Nacional.
Sin embargo, diversos sectores sociales y políticos han puesto en duda dicha asistencia, teniendo en cuenta las recientes amenazas hechas por parte del gobierno de los Estados Unidos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. De hecho, El Espectador aseguró que todos los caminos conducen al país vecino, explicando que “Esa es la manera más sencilla de explicar esta reciente decisión», que generó una fuerte discusión entre la oposición y el partido del Gobierno.
Dada esta inconformidad, cerca de 50 congresistas de distintas bancadas, solicitaron al presidente Iván Duque que explique las condiciones en las que se desarrollará la asistencia militar extranjera y diga por qué no hizo él mismo el anuncio.
El partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC, señaló que la intervención militar corresponde a «un plan de desestabilización de la paz del continente».
El partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC, señaló que la intervención militar corresponde a «un plan de desestabilización de la paz del continente» y relaciona el arribo de los soldados extranjeros con un supuesto plan militar del presidente de EEUU, Donald Trump, contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Sin embargo, esta versión hasta el momento es solo una teoría, pues no ha sido confirmada.
También se pronunció al respecto el senador Iván Cepeda, quien es miembro de la Comisión Segunda del Congreso, la cual se ocupa de los asuntos de política internacional y defensa nacional, señalando que la llegada de los militares de la SFAB «aumenta el peligro en la región de una confrontación armada» y «es una intromisión que viola la Constitución y la soberanía nacional».
Antecedentes de escándalos de funcionarios en Colombia
Según el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas publicado en el 2015, entre 2003 y 2005 soldados y contratistas de Estados Unidos violaron 54 niñas colombianas, crímenes que quedaron en la impunidad.
El documento indica que estos delitos quedaron impunes debido a los acuerdos bilaterales y a la inmunidad diplomática de los funcionarios de Estados Unidos.
‘‘En Melgar y en Girardot, 53 menores de edad fueron abusadas sexualmente por mercenarios, quienes además las grabaron y vendieron las cintas como material pornográfico (…) También en Melgar, un contratista y un sargento de Estados Unidos violaron a una niña de 12 años en el 2007”, se lee en el informe.
Sin embargo, El Espectador publicó en 2019 que Renán Vega, autor del informe, no pudo sustentar sus afirmaciones y, por lo tanto, “el contenido sobre la denuncia de violación a estas menores no puede ser considerado como cierto”. Aún así, los hechos causaron gran indignación mediática, y a la fecha, no se han visto esfuerzos de ninguno de los mandatarios que desde entonces han pasado por la Casa de Nariño, para esclarecer estos casos.
Por otro lado, la Revista Semana reveló que en 2001 la empresa DynCorp, contratista del gobierno de Estados Unidos, tenía 1.000 profesionales de guerra estadounidenses en Colombia «violando el tope que establecía un máximo de 800 personas entre militares y civiles». Esta empresa enfocaba su actividad económica en Colombia, a la fumigación aérea de cultivos ilícitos.
Otro de los escándalos, revelado también por Semana, sucedió cuando se dio a conocer un informe de la Oficina del Inspector General – OIG, del Departamento de Justicia, en el que se aseguraba que agentes de la DEA en Colombia «habían participado en ruidosas fiestas con prostitutas pagadas por narcos, en apartamentos contratados por el gobierno norteamericano para uso de sus agentes».
En el 2012, se conoció otro caso, que durante meses fue material mediático, y que involucra a miembros del Servicio Secreto. El hecho se conoció gracias a las denuncias que realizó Dania Londoño, quien afirmó que un integrante de esa agencia la maltrató y se negó a pagarle 800 dólares a cambio de sexo. El funcionario señalado hacía parte del esquema de seguridad del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien estaba en Cartagena para asistir a la Cumbre de las Américas.
El más reciente caso, se dio hace tres años, en 2017, cuando un grupo de militares se vio envuelto en un escándalo con trabajadoras sexuales en Bogotá, quienes fueron drogados y robados en una noche de rumba, según informó el diario Miami Herald.
Los citados, son solo algunos de los escándalos en los que funcionarios norteamericanos han estado envueltos en Colombia. En la mayoría de los casos, estos hechos involucran sexo y drogas. No obstante, gran parte de estos sucesos rara vez son conocidos.
