Bioenergy se creó en el 2007 como filial de Ecopetrol en el marco de una política de expansión que hubo en el país para la producción de biocarburantes o etanol para mezclarlo con gasolina. Sus instalaciones están ubicadas en el kilómetro 43 de la vía que comunica a Puerto López con Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.  

Es un proyecto que tiene un componente agrícola que consiste en la siembra de cerca de 20 mil hectáreas de caña y uno industrial que se lleva a cabo en la planta de etanol del Alcaraván. Pero la empresa ahora está clausurada y en proceso de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades. 

Hace una década, cuando inició el negocio, invertir en una planta agroindustrial para la producción de etanol a gran escala se visibiliza como toda una oportunidad de impulsar la economía en el país, dado que con los efectos medioambientales a causa de la contaminación y el extractivismo, no sólo en Colombia sino en el mundo en general, se tenía como urgencia de implementar “energías alternativas”. Así se dejaría de depender netamente del petróleo, sobretodo en el departamento del Meta, que es el que más produce hidrocarburos en el país. 

En el 2001 se estableció en el artículo 1º de la Ley 693 “que las gasolinas que se utilicen en el país en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes deberán tener componentes oxigenados tales como alcoholes carburantes, en la cantidad y calidad que establezca el Ministerio de Minas y Energía.” 

Es por eso que Ecopetrol se arriesgó por Bioenergy, un proyecto que buscaba sembrar los extensos cultivos de caña de azúcar que solo se dan en Valle del Cauca, en los Llanos Orientales, con terrenos de precios asequibles.

Antes de pasar a manos de Ecopetrol, Bioenergy era una sociedad privada que la junta directiva de la empresa petrolera aprobó comprar por 140 millones de dólares siendo 40 para la producción agrícola y 100 para el sector industrial. Pero esa no sería la única inversión, aún debía conseguirse los terrenos, sembrar la caña de azúcar, diseñar y construir la planta industrial para transformar el producto agrícola en etanol y que la empresa iniciara sus operaciones comerciales. 

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Con Bioenergy, se pretendía concebir la planta de mayor capacidad del país, para producir 408.000 litros de etanol diarios proveniente de 14.400 hectáreas de cultivo. La empresa generaría la cuarta parte de la producción total del biocombustible, satisfaciendo parte de la demanda nacional, que era de 1,6 millones de litros por día. Pero los cálculos fallaron y cuando empezó el negocio, los costos se elevaron de manera preocupante. Ecopetrol terminó pagando 340 millones de dólares. Y ni siquiera se había construido la planta.

Irregularidades desde los cimientos

A falta de la planta, se abrió una convocatoria a la que aplicaron la firma Engevix que ofreció 261 millones de dólares; Praj Schrader Camargo, con 221 millones, e Isolux, por 159 millones.  Al final, ninguna de las tres empresas se quedó con el negocio debido a la escasez de presupuesto. Sin embargo, tiempo después Isolux ajustó su precio por 126 millones de dólares y se quedó con el negocio.

Lo turbio del asunto es que, Isolux contaba con una fama no muy deseable, tenía líos en otros países y hasta le habían abierto investigaciones por casos de corrupción con funcionarios públicos. Ignorando eso, el proyecto se puso en marcha con la construcción de la planta que llevaría por nombre El Alcaraván, en honor al pájaro característico del Llano. 

Antes de empezar la construcción, Isolux alegó que tendría que incurrir en gastos extra, debido a que el proyecto no contaba con estudios de ingeniería conceptual ni de detalle. Con ese argumento, el valor incrementó. Al contrato le añadieron hasta cuatro peticiones más. En medio de esas confusiones, Isolux subcontrató a Praj, la firma más opcionada, pero dejada a un lado cuando se hizo la convocatoria.

Y ni siquiera con el apoyo de Praj, la empresa logró cumplirle a Bioenergy. Así que el 8 de abril de 2014 rompieron su relación comercial. La empresa agro industrial señaló que hubo frecuentes incumplimientos en puntos fundamentales del proyecto.

Posteriormente, Bioenergy se encargó de la obra que estaba sin terminar y buscó una nueva firma constructora. 

En cuanto al pleito con Isolux, la filial de Ecopetrol instauró una demanda ante el tribunal de arbitraje empresarial de Houston, Estados Unidos, con el fin de recuperar parte del dinero perdido, pero la entidad declaró “restituciones mutuas”, así que Ecopetrol perdió todo lo asumido por los sobrecostos. Eso sin contar los más de 10 millones de dólares que dejó de percibir por el retraso en el proyecto.

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En ese sentido, la nueva firma que se haría cargo de la obras tras la salida de Isolux, sería Menegua, que identificó que el avance reportado no era realmente el estado real en el que se hallaba el proyecto y con la cual hubo también una gran cantidad de modificaciones en los contratos y un incremento progresivo de los presupuestos.

“Cada movimiento fue un torcido”

La ausencia de la planta, influyó en el componente agrícola porque cuando por fin se lograron emerger los cultivos de caña, no había lugar dónde transformarla. A inicios del 2017 Bioenergy pudo procesar el primer litro de etanol en El Alcaraván, una década después de que Ecopetrol hubiera comprado el negocio. Durante esos 10 años, el mercado cambió y actualmente el país se abastece de alcohol carburante originario de Estados Unidos, allí el Gobierno brinda subsidios estatales a los productores, reduciendo los costos considerablemente, una batalla que Colombia perdió sin siquiera haber podido competir debidamente.

Con todo este recuento, Bioenergy llegó a su situación actual, teniendo la suma de sus activos igual a la de sus deudas, es decir, cerca de 600.000 millones de pesos. Con la extinción de la empresa se perderían 800 empleos directos y más de 2.000 indirectos. 

A raíz de esta situación, los senadores/as Maritza Martínez, Jorge Robledo y Alejandro Corrales, citaron  a una sesión de debate realizada el pasado 4 de agosto junto a la Comisión Quinta, el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa; el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón y el liquidador de la empresa, Rubén Darío Lizarralde. 

La primera en intervenir fue Maritza Martínez quien presentó una ponencia explicando los hechos que llevaron a Bioenergy a la quiebra. Señaló que en 2008, Ecopetrol compró las acciones de Bioenergy por 52.372 millones de pesos, a pesar de que esta llevaba solo tres años de constituida con una inversión de 10 millones de pesos.

“El entonces vicepresidente de Ecopetrol Camilo Marulanda, encargado de este proceso, le debe explicar al país por qué la petrolera compra Bioenergy cuando hubiera podido entrar al negocio del etanol constituyendo su propia empresa”, aseveró la senadora.

Martínez expuso las advertencias que le llegaron a Ecopetrol tras la auditoría de Tipiel con respecto a Isolux, pues no contaba con la experiencia requerida para la obra. “La oferta de Isolux fue de 125 millones, pero se contrató por 138,6 millones de pesos”, luego adicionaron 64 millones de dólares, siendo el precio final del contrato, 202 millones de dólares. 

Aún y con esas advertencias, se siguió con el proyecto adelante, sumergiéndose cada vez más en el fracaso. La iliquidez de Bioenergy era tal que un momento no hubo para comprar combustible para la maquinaria y debió ser guardada, relató la congresista llanera.

También explicó que al momento de buscar un salvavidas en Bancolombia, Ecopetrol fue inflexible en las negociaciones sobre la deuda de Bioenergy y la final, la entidad financiera terminó negando su ayuda para subsanar la deuda e inyectar capital.

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A su turno, habló el senador Jorge Robledo, afirmando que un miembro de la junta directiva de Ecopetrol entre 2004 y 2007 fue quien impulsó el negocio de Bioenergy que dejó pérdidas abismales para la petrolera estatal, pero significativas ganancias para una empresa consultora de su propiedad.

A Bioenergy lo quebró la importación de etanol norteamericano pasaron del 4% al 30%. Esta es una gavilla contra el país

Según Robledo, se trata de Gustavo Gaviria González, quien controlaba la empresa Visión Valores, la cual se encargó de la estructuración del proyecto. “Gaviria en ningún momento mencionó que tenía vínculos con Visión Valores ni se declaró impedido a la hora de involucrar a Ecopetrol en el negocio”, aseguró. 

“¿Quién responde políticamente por el desastre que ahora es Bioenergy?”, cuestionó el senador durante el debate señalando a quien en el 2008 cerró el negocio, es decir, el presidente de la empresa, Javier Gutiérrez Pemberty. Asimismo, mencionó a Óscar Iván Zuluaga, Ministro de Hacienda en ese entonces; Hernán Martínez Torres, que era Ministro de Minas; Fabio Echeverry Correa, un magnate de los negocios, entre otros que dejó de mencionar a falta de tiempo. 

“Cada movimiento en esto fue un torcido”, aunque se hizo bajo parámetros legales, no significa que todo lo que sea legal, necesariamente es honrado, explicó Robledo añadiendo que a “A Bioenergy lo quebró la importación de etanol norteamericano pasaron del 4% al 30%. Esta es una gavilla contra el país” 

No obstante, el Senador se mostró optimista y propuso algunas acciones para salvar a Bioenergy. Primero señaló que el Estado colombiano y Ecopetrol tienen que seguir poniendo el hombro, y que si la Gobernación del Meta tiene como unirse a la causa, que lo haga. Después resaltó la necesidad de plantearles a Bancolombia y al Banco de Bogotá que capitalicen las deudas, es decir, que lo que hoy es deuda lo conviertan en acciones de esa empresa. Por último, propuso renegociar los TLC con Estados Unidos, que siguen arruinado la producción nacional, sobretodo teniendo en cuenta que su etanol sigue inundando al país.

De salvar a Bioenergy, se podrán “Mantener los empleos, respaldar la economía de Puerto López, sostener esa actividad agroindustrial en el departamento del Meta y conservar el aprendizaje obtenido en este proceso”, argumentó Robledo.

Posteriormente intervino el senador Alejandro Corrales, señalando que ante la situación de Bioenergy con la empresa española, hasta el Gobierno Nacional -el de Juan Manuel Santos junto a Mauricio Cárdenas como Ministro de Hacienda- alegó incumplimientos. Pero aún así, autorizó ediciones por más de 600 millones de dólares. “Ahí hay una responsabilidad política que tiene que asumir ese gobierno”, aseveró.

En el debate intervino también el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, quien dio algunos conceptos jurídicos sobre la producción de etanol en el país pero no dio detalles sobre la situación con Bioenergy. 

El liquidador de Bioenergy, Rubén Darío Lizarralde, participó también en la sesión afirmando que “una inversión de este tamaño no se puede perder, lo que hay que buscar por encima de todo es la salvación de la empresa”. Mencionó que las proyecciones mundiales indican que la demanda de etanol seguirá en aumento y solicitó que el Gobierno apoye la producción nacional. 

Aunque tanto la Procuraduría como la Contraloría están llevando a cabo investigaciones con respecto a esta situación, es esta última entidad de control la que más ha estado haciendo un seguimiento riguroso en las indagaciones. 

La Contraloría ha calculado que los procesos que tiene a su cargo van por cerca de un billón de pesos. La entidad tiene cinco indagaciones para tomar decisión luego de que se levanten los términos procesales que están suspendidos por la pandemia desde marzo. 

Entre tanto, la Unión Sindical Obrera, subdirectiva Meta, se ha estado manifestando en contra de la liquidación judicial de Bioenergy durante estas últimas semanas, pues perder esta filial de Ecopetrol, sería perder una pieza indispensable para el desarrollo agroindustrial y su aporte a la seguridad alimentaria y energética de Colombia.

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.