Las siguientes líneas asumen la fiel intención de establecer una visión crítica y propositiva frente al escenario actual de los organismos de acción comunal. Es decir, la organización social más grande e importante del país en un contexto particular: Villavicencio. Cabe resaltar que su marco normativo está regido por la Ley 743 de 2002, que desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia que garantiza el derecho fundamental a la libre asociación. Siendo las Juntas de Acción Comunal (JAC), la expresión social que por excelencia ha representado a la sociedad civil ante el Estado, propiciando polos de desarrollo que aportaron para mejorar la calidad de vida de comunidades urbanas y rurales.
En Villavicencio, y según el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) se encuentran constituidas 386 JAC (organismos de primer grado), el 28% de ellas no se encuentran activas. Luego expone que sólo existen tres asociaciones mejor conocidas como ASOJUNTAS (organismos de segundo grado) pertenecientes a las comunas 3, 5 y 8. En ese contexto cuantitativo básicamente se despliega la organización comunal.
Por otro lado, el PDM a través de su metodología denominada “Escuelas de Ciudad” que son diálogos ciudadanos a partir de realidades bajo una recolección de información y sistematización, con los dignatarios comunales participantes, se recogió fundamentalmente dos problemáticas: ausencia de reconocimiento de las JAC y falta de articulación con la administración.
Ahora bien, el documento CONPES 3955 de 2018 “Estrategia para el fortalecimiento de la acción comunal en Colombia” identifica cinco debilidades de las JAC que sintetizamos: primero, niveles de formación insuficientes para el ejercicio de sus funciones; segundo, los liderazgos no se renuevan de manera sistemática; tercero, bajas competencias para desarrollar proyectos productivos y sociales que logren sostenibilidad financiera; cuarto, los líderes comunales se enfrentan a situaciones complejas de seguridad; y quinto, los gobiernos locales, requieren una plataforma tecnológica que garantice un flujo organizado de información. En ese contraste entre el CONPES y el PDM no hubo plena armonización e imperó la timidez en el documento local, posiblemente sea producto de la desarticulación.
No obstante, el PDM considera cinco ejes programáticos; en el programa de Empleo y economía solidaria (Eje 3) y su producto “Crear e implementar una plataforma tecnológica para la atención, capacitación y formación al empresario y emprendedores”, planea usar las mal llamadas “casetas comunales” para realizar capacitaciones empresariales y de emprendimiento para las Pymes, aquí falta vincular la empresa social, y el funcionamiento de las comisiones empresariales de los organismos de acción comunal. Y de paso, recuperar y mejorar esas “casetas” que realmente son: La Casa de la Comunidad.
En las acciones previstas en el eje 4 -Gobierno abierto y participativo, se destacan iniciativas importantes como el programa “Pido la palabra”, que plantea tres productos: “Realizar acompañamiento, vigilancia y cualificación de organismos comunales”, “Formular e implementar política pública de participación ciudadana en el municipio de Villavicencio Implementar la metodología de Escuelas de Ciudad como mecanismo transversal de la Alcaldía de Villavicencio para la formación y participación ciudadana” e “Implementar estrategia de fortalecimiento de control social y veedurías ciudadanas”.
En el caso de la acción comunal se trazan los consejos participativos y la posibilidad de presentar en ellos, proyectos sociales y empresariales. Sin embargo, la propuesta es precaria ya que no permite cuantificar específicamente dicha intención ni la inversión por actividad. Si bien es cierto que a través de las JAC se ejerce una contundente participación ciudadana, también es irrefutable que no es su único alcance; el marco legal y su estructura institucional le permite llevar a cabo otros procesos de desarrollo local, dentro de un concepto de sostenibilidad basado en la responsabilidad compartida entre el municipio y la comunidad organizada; que difícilmente se obtendrá con los polémicos Comités cívicos barriales.
Sumado a lo anterior, desde lo administrativo también se puede lograr una dirección en función de los propósitos comunales, yendo más allá de cubrir tareas netamente notariales (emitiendo solamente autos de reconocimiento), pensar en crear la Gerencia Comunal con capacidad de gestión; con tratamiento de la información, asesoría y apoyo para la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos. Villavicencio en su categoría lo amerita. Por otra parte, saludamos que, el Eje 5- en el programa Gobernanza para la paz y convivencia ciudadana, se establece el producto “protocolo de atención y seguimiento para salvaguardar la integridad y vida de líderes sociales” punto clave para ejercer liderazgo en los territorios.
Indudablemente falta mucho, y podría resumirse en la Política Publica Comunal como instrumento de trabajo para reivindicar, actualizar y modernizar la organización que llega directamente a los barrios de la ciudad.
Son cuatro años de gobierno, y la Alcaldía tiene en sus manos la posibilidad de comenzar una nueva relación con el movimiento comunitario.
*Opinión y responsabilidad del autor de la columna, mas no de El Cuarto Mosquetero, medio de comunicación alternativo y popular que se propone servir a las comunidades y movimientos sociales en el Meta y Colombia.
