Ante el auge de las diversas plataformas para adultos que ofrecen contenido explícito, la DIAN ha puesto su lupa, con la intención de obligar a las personas que se dedican a estas labores a tributar como ya lo hacen otras formas de trabajo en el país. Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en Colombia se factura anualmente una cifra que puede rondar los 40 millones de dólares y que son generados por aproximadamente 500 empresas legalmente constituidas. Esto, para ser exacto, correspondería casi exclusivamente a compañías que se dedican al modelaje webcam.
La exorbitante cifra anterior no contempla a las personas que desde plataformas como OnlyFans crean contenido desde sus casas y, solamente, usando su teléfono celular, pueden generar millones de pesos mensuales en el intercambio de fotografías y videos en donde hay contenido sexual o erótico. Este último escenario puede complicar un poco el control por parte del Estado que, si bien, está ávido de más empresas y personas tributando, hace poco o nada para regular y generar un mínimo de condiciones para el ejercicio de la actividad en el país.
Para la DIAN “estas acciones están encaminadas, de una parte, a lograr que quienes presten servicios en Colombia desde el exterior y a través de plataformas tecnológicas, sean personas naturales o jurídicas, cumplan en el país con las obligaciones tributarias que les corresponden y, de otra parte, a verificar que quienes ya están cumpliendo con dichas obligaciones, lo estén haciendo correctamente, acorde con la legislación vigente”. Manifestó la entidad en un comunicado.
Y es que para la DIAN la preocupación radica en que muchos empresarios estarían evadiendo sus responsabilidades fiscales con el país, y otro tanto, ni siquiera estarían legalmente constituidos, es decir, ejercen sus actividades sin tener la mínima documentación en regla. “En el territorio nacional han venido ajustando la legislación con miras a regular las actividades o servicios prestados a través de plataformas tecnológicas, como ya ha ocurrido con transporte, pagos online y entretenimiento, entre otros, con el objetivo de asegurar en el país el cumplimiento de las obligaciones tributarias que les han sido impuestas en el marco de dicha regulación”. Agregó la entidad.
Según estimaciones de Forbes, en Colombia, una persona dedicada a estas labores puede estar facturando entre 200 y 5.000 dólares por semana. De otra parte, una compañía de modelaje webcam puede llegar a tener entre 100 a 150 modelos ejerciendo sus labores, es allí en donde se puede evidenciar la cantidad de dinero que puede mover esta industria.
“Nosotros como estudios somos prestadores de servicio, ellas firman un contrato directamente con una filial europea y esta filial es la que genera ese contrato con ellas. Necesitamos una regularización específica porque estamos en un limbo jurídico. Esto se trata de un trabajo y a la vez no. Las modelos hacen las horas que ellas quieran transmitir, depende de ellas. La subordinación no existe”, declaró Sebastián Medina, CEO del estudio de Amarena, en una entrevista con Noticias Caracol.
En este sentido, se vislumbra que, más allá de ejercer las acciones correspondientes para que esta industria tribute a la Nación, se necesita con urgencia una regulación que permita que estas personas gocen plenamente de derechos en el marco de la legislación laboral. Lo anterior, muy a pesar que la Corte Constitucional ya se ha referido a este tema en algunas demandas interpuestas, como fue el caso de una mujer que demandó a la agencia de modelaje por haberla despedido en estado de embarazo sin ninguna garantía de tipo laboral, ya que, para los propietarios de la agencia, la relación era comercial y no laboral. En este caso, la Corte falló a favor y la empresa tuvo que brindarle a la persona todas las condiciones laborales en el marco de la ley.
Igualmente, la Corte Constitucional ha manifestado que para el Congreso de la República la industria es vista como un agente de tributación y no ha hecho nada para proteger a las personas vinculadas a estas labores en el marco del goce efectivo de derechos. Por ejemplo, la Ley 2010 de 2019, habla que estas empresas tienen la calidad de agentes retenedores, pero no se refiere al amparo o protección de las y los modelos.
Para la abogada María José Zabala de la Veeduría de Mujeres Libres de Violencia, la Corte Constitucional ha abordado el ejercicio de la prostitución de una manera comercial y laboral lícita, pero el modelaje webcam, solo desde una perspectiva comercial. Esto deja de manifiesto que no existe regulación alguna sobre los controles a los que deben estar sometidos estos establecimientos de comercio, por lo que hoy por hoy se encuentran en su mayoría en la informalidad y operan en casas de familia, sin en el cumplimiento de estándares mínimos de salubridad y, en el caso de las mujeres, sin ningún tipo de estabilidad o garantías laborales.
En este sentido, ante el limbo en el que se encuentra la industria se presentan abusos de toda índole y máxime, cuando la Corte señala que, y ante el vacío jurídico, cada caso debe ser observado de forma separada, es decir, la relación contractual de cada persona es diferente en su forma y objeto. Para Paola*, una modelo webcam, en las agencias se presentan actos ilegales y vejámenes contra ellas, “muchos gerentes de agencias obligan a las chicas a follar con ellos a cambio de un contrato”. La ausencia de una regulación y el desconocimiento de sus derechos convierte a los/las modelos en presa fácil de depredadores sexuales.
Claudia* trabaja desde hace más de tres años en la industria y manifiesta que las condiciones laborales son injustas con ellas, “trabajamos hasta 12 horas diarias o más y la excusa es que uno trabaja el tiempo que desee, pero es que como pagan lo que les da la gana, a uno le toca someterse a muchas horas para sacar buena plata”. A Paola* le parece injusto que les pongan impuestos cuando el Estado no las protege, “si yo me estoy metiendo un dildo por la vagina y sufro una lesión, eso no lo cubre la ARL, le toca a uno por su cuenta”. En este caso si existiera una regulación, el caso que menciona Paola* sería considerado un accidente laboral.
“Si nos van a meter impuestos que lo hagan, pero que nos protejan, que nos amparen, que regulen el trabajo y pues si toca pagar pues se paga, pero que hagan algo que valga la pena”, menciona Claudia* dando a entender que estaría en determinado caso de acuerdo con los impuestos, pero que exista una seguridad jurídica en términos labores para ellos y ellas.
María José Zabala es enfática en manifestar que el Estado antes de exigir un impuesto, debería garantizarle a los/las modelos webcam, que tengan ingresos correspondientes a sus jornadas laborales, que tengan prestaciones sociales, un contrato laboral y, condiciones dignas por parte de las empresas. Por lo pronto, el tema de tributación no ha avanzado mucho, pero con seguridad el Gobierno Nacional en pocos meses presentará al Congreso el paquete de medidas tributarias para que una de las industrias más lucrativas en el mundo, se ponga al día en Colombia.
*nombre cambiado
