La Amazonia es considerada como el pulmón del mundo en todos los escenarios medio ambientales. En el año 2018 fue declarada como entidad sujeta de derechos, y en el 2019 se implementó el pacto de Leticia por la Amazonia, aun así, esto se queda en el papel.
De acuerdo con el sistema de información ambiental territorial de la amazonia SIAT-AC Desde los inicios de la cuarentena obligatoria del 19 de marzo al 1 de abril del presente año, se presentaron 7858 puntos de calor relacionados con posibles incendios forestales, panorama que en la misma fecha de 2019 fue apenas de 1.145 en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Vichada, Guainia, Vaupés, y Amazonia, así mismo para la fecha del 1 de abril al 20 de abril del presente año se presenta solo 362 puntos, reduciéndose en 7496 los puntos de calor en los departamentos de la Amazorinoquia, gracias al confinamiento obligatorio.
Aunque se evidencia una disminución notoria, se tiene claro que es un efecto de la cuarentena obligatoria y no una solución a los problemáticas ambientales que allí se presentan, por tanto la preocupación nacional e internacional sigue latente respecto al aumento en el presente año comparado con los años anteriores en los puntos de calor, pero las entidades encargadas reaccionan en medio de la tragedia y no ejecutan lo anteriormente establecido en el papel, a esto se suma que desde que empezaron las explotaciones en los territorios de esa zona, estos vienen siendo usados sin perspectiva ambiental, y mostrando en los medios de comunicación solo un 20% de lo que en realidad sucede, la parte más visible pero no completa respecto a la destrucción de la Amazorinoquia, lo que el climatólogo Antonio Donato Nobre llama “la gran mentira verde”.
Por medio el sistema de información ambiental territorial de la amazonia SIAT – ACD se evidencia positivamente la disminución de incendios desde el inicio del confinamiento obligatorio, aun así sin saberlo presenciamos en las ciudades residuos de la quema por medio de capas grisáceas que son transportadas por los vientos alisios a diferentes zonas del del país. En Villavicencio debido a la cercanía con estos impactos ambientales se presenta un incremento en la contaminación del aire, aunque actualmente no lo percibimos ya que por el confinamiento obligatorio hay una disminución en el uso de transporte y actividades de industrias. Sin embargo, no se conocen datos exactos, los últimos datos abiertos sobre la calidad del aire otorgados al público por Cormacarena son de junio a diciembre del 2018, desde el inicio de la cuarentena a la fecha no hay información dado las fallas técnicas de las estaciones, situación resultado de la negligencia de la institución.
Por consiguiente, debido a la coyuntura actual poco se habla de los impactos ambientales que genera al no distribuir de manera equitativa los esfuerzos nacionales que se realizan alrededor del COVID 19, la principal zona afectada es la Amazorinoquia Colombiana, aunque disminuyeron considerablemente los incendios forestales, se presenta un aumento en la deforestación que busca dejar libre terrenos para siembra de cultivos legales e ilícitos, ganadería, explotación minera y/o petrolera, construcciones, entre otros; acciones que actualmente no están siendo monitoreadas ni controladas debido a la pandemia mundial.
Según el Informe de deforestación anual de la Amazonia colombiana presentado a finales del 2019 ha aumentado en un 70% la deforestación en nueve núcleos principales, de los cuales cinco son los departamentos de la Amazorinoquia como; sabanas del Yarí y el bajo Caguán, en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá. El segundo se ubica en el norte del departamento de Guaviare, en límites con los departamentos de Meta y Vichada. El tercero está en el sur del Meta, asociado principalmente a municipios como Uribe, Mesetas y Vista Hermosa. El cuarto foco está en Putumayo, principalmente en las riberas del río Caquetá, en municipios como Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, y el quinto núcleo se ubica en el municipio de Mapiripán, Meta.
Ahora bien la contraloría general de la nación presento el informe IERNA, sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente del año 2018-2019 donde se evidencia que las CARS cuentan con el dinero suficiente para sus diferentes actividades pero no saben distribuirlo adecuadamente, siendo este otro de los factores para evidenciar el manejo inadecuado y poco control que tienen las entidades sobre las actividades que se realizan en los departamentos, aunque estas reciben apoyo profesional de las entidades a nivel regional como las gobernaciones, se sabe de voz a voz que en el Meta ambas instituciones son marcadas por la politiquería y puestos dados por favores políticos, quedando la prioridad ambiental en un segundo plano.
Dicho lo anterior desde nuestras cotidianidades no evidenciamos los impactos reales que se generan en áreas protegidas como la Amazorinoquia o mejor dicho zonas olvidas por el Estado o quizás vendidas por debajo de la mesa a multinacionales que se encargan de su explotación a gran escala sin siquiera mitigar en un 50% los impactos reales. Las comunidades indígenas que habitan las zonas afectadas y personas interesadas, se han encargado de luchar constantemente contra estos grandes monstruos que se pintan de desarrollo, para defender y detener las actividades que a ojos de la institucionalidad no están ocurriendo, siendo así se puede concluir que le queda grande al Gobierno Nacional, y regional controlar los acelerados impactos ambientales que ocurren en estas zonas.
*Opinión y responsabilidad del autor de la columna, mas no de El Cuarto Mosquetero, medio de comunicación alternativo y popular que se propone servir a las comunidades y movimientos sociales en el Meta y Colombia.
