El general Raúl Florez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA, interpuso una acción de tutela el pasado el pasado 31 de julio ante juez de Bogotá, contra las 13 organizaciones sociales y de derechos humanos que durante dos semanas recorrieron el sur del Meta y el norte del Guaviare para verificar la crisis humanitaria que se vive en la región debido a los operativos de erradicación forzada que viene adelantando el Ejército sin brindar garantías de subsistencia a las y los campesinos que, a falta de opciones, no han podido cambiar su actividad económica.
El argumento del militar, se basó en el respeto a los derechos constitucionales como el del artículo 15, el cual señala que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y su buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. También citó el artículo 21, en el cual “se garantiza el derecho a la honra”.
Para contextualizarse: General interpuso tutela a organizaciones sociales que defienden derechos de comunidades del Guayabero
La inconformidad del general Florez surgió luego de que el pasado 28 de julio, las organizaciones participantes de la misión humanitaria realizaron una rueda de prensa virtual con el fin de entregar a los medios de comunicación los hallazgos del recorrido que llevaron a cabo, del 18 al 27 de julio, en el que visitaron varias veredas de Vista Hermosa, La Macarena, Mesetas y Uribe, en el departamento del Meta; y otras del Guaviare.
En la reunión virtual, las organizaciones señalaron al Ejército como el posible responsable de la vulneración de los derechos humanos a las y los campesinos de la región, que también es conocida como el Guayabero. En la información recogida, encontraron cultivos de pancoger arrasados, viviendas quemadas, depósitos de agua destruidos, mangueras rotas, y diversas denuncias de amenazas y hostigamientos de la Fuerza Pública a los pobladores de la zona, todo en medio de los operativos de erradicación forzada que se adelantan en la región desde mayo de este año.
La respuesta a la acción de tutela en primera instancia llegó este viernes, 28 de agosto, allí un juez de Villavicencio negó la petición del general Flórez, argumentando falta de claridad acerca de a quién se le estarían vulnerando los derechos referidos pues en algunos apartados el militar se expresa en primera persona pero en otros se refiere a los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.
Para el juez, identificar quién es la persona a la que se le vulneraron los derechos, “es fundamental para ejercer el derecho de defensa de las entidades accionadas, en la medida que esta información resulta relevante para determinar algunos asuntos de procedencia de la acción, e incluso, de si efectivamente se vulneran o no los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre”. Dicha decisión puede ser impugnada por el brigadier general Flórez, pero hasta el momento no se conoce su próximo proceder.
Por su parte, las organizaciones accionadas ya se habían pronunciado frente al actuar del general Florez, señalando que su trabajo busca amplificar las voces de las comunidades y brindarles herramientas de protección, transmitiendo el mensaje de lo que ocurre en sus territorios. Asimismo señalaron que el comunicado final por el que el militar presentó la acción de tutela, es uno de sus instrumentos de presentación de hallazgos de carácter público.
Le puede interesar: Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos responden acción de tutela del general Florez
