Esta sección del informe final de la Comisión de la Verdad da cuenta de las miles de entrevistas que se realizaron tanto en Colombia como en el exterior, así como la investigación en reportes oficiales y de organizaciones. Las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado, tuvieron como objetivo realizar control territorial, debilitar al enemigo y sus líneas de suministro y conquistar objetivos políticos, económicos y hasta sociales. Las responsabilidades en el conflicto armado, de los actos violentos, de las violaciones, de los abusos, es un capítulo duro para el país, pero necesario para la construcción de paz, justicia y, ante todo, no repetición.
Las responsabilidades no solo se quedan en los autores materiales que participaron de manera directa en las hostilidades, como los grupos de guerrillas, paramilitares y agentes estatales. También es necesario entender que hubo responsabilidades de civiles del sector económico, político y élites regionales, quienes, desde sus esferas individuales y colectivas, ayudaron o se beneficiaron de los resultados de la guerra.
Es importante señalar que la función de la Comisión de la Verdad es extrajudicial, es decir, su informe, así como la definición de responsabilidades, no genera impactos a nivel judicial, ya que de eso se encarga la justicia especial y la justicia ordinaria. El trabajo de la Comisión es estructurar un modelo que explique las aristas de la guerra, su historia, sus raíces, sus actos violentos y brinde alternativas para asegurar la no repetición del conflicto en Colombia.
La guerra en Colombia, en donde han participado diversos grupos armados a lo largo de su historia y en el que se han visto vinculados de manera directa e indirecta sectores de la sociedad civil, ha dejado a la fecha 450.666 muertos, 121.768 desaparecidos de manera forzada, 50.770 secuestrados de diversa índole, 16.238 niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada y unos 8 millones de desplazados. Sin lugar a dudas, es la peor tragedia humanitaria del hemisferio occidental en toda su historia. Estas cifras fueron la recopilación de varias fuentes por parte de la Comisión.
El papel del Estado colombiano en el marco del conflicto armado se entiende constitucionalmente como el respeto a las libertades, derechos y a la paz. Es por ello que se reclama que se debieron realizar más esfuerzos para proteger a la población civil de las atrocidades de los violentos y de las acciones del mismo Estado contra su población. Una muestra de ello son los más de 500 exmiembros de la fuerza pública que están vinculados a investigaciones por parte de la justicia por su responsabilidad en los falsos positivos, flagelo que tuvo una incidencia importante entre los años 2002 y 2008.
La impunidad que siempre ha estado presenta en el conflicto, ha permitido que miles de actos violentos queden sin encontrar culpables y a las víctimas y sus familiares esperando justicia. Así mismo, la impunidad genera invisibilidad y que los victimarios vuelvan a cometer abusos, violaciones y delitos. En esto radica la importancia de la justicia, en lograr la no repetición y que las víctimas sean reparadas en sus daños. La Comisión de la Verdad sostiene en su Informe Final que la Fiscalía General de la Nación ha actuado lento o no ha actuado en muchos casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Esto ha beneficiado a grupos armados, empresas nacionales, internacionales, actores políticos y terceros civiles.
También existe gran responsabilidad del Estado en la conformación de los grupos paramilitares, señala la Comisión. Hasta finales de la década de los ochenta estos grupos actuaron como agentes del Estado y actuando con cobertura legal entre 1995 y 1997, cuando las Convivir estaban legalizadas. Sostiene el Informe Final, que desde 1998 y hasta bien entrado el siglo XXI, grupos paramilitares actuaron no solo con el beneplácito del Estado, sino que ejecutaron acciones armadas en compañía y en coordinación con la fuerza pública, pero el negacionismo que ha tratado de evadir estos hechos, privilegió la existencia de estos grupos.
Señalan también que el paramilitarismo tuvo relaciones más estrechas que las ya conocidas con la fuerza pública y el Estado en general. Hubo coordinaciones y complicidad en la ejecución de actos de narcotráfico, la economía legal e ilegal en las regiones, trabajos conjuntos con entidades estatales, empresas privadas y civiles. Esto ocasionó que hubiese una complicidad de facto, con la cual los paramilitares cometieron toda clase de abusos contra la población civil, actos de violencia desmedida, crueles y masivos que afectaron de uno u otra forma, a millones de colombianos y colombianas durante varios años.
Aquel control de las economías licitas e ilícitas, refiriéndose esta última, entre otras, al narcotráfico, ayudó a financiar campañas políticas de diversos líderes regionales y nacionales, por lo que, estos grupos armados, lograron permear de manera profunda la institucionalidad del país. Así mismo, muchas empresas y élites económicas terminaron lucrándose con la guerra, ya que la financiación a estos grupos armados permitió que tierras y propiedades fueran despojadas a sus dueños para terminar aglutinadas en terratenientes o bajo el control de multinacionales y grandes emporios económicos nacionales.
Así mismo, los grupos guerrilleros cometieron innumerables infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Para la Comisión de la Verdad, estas son responsables de extender la violencia a casi todo el territorio nacional, de la gran mayoría de los secuestros de policías, militares y civiles, de convertir barrios, comunas y hasta municipios en campos de enfrentamiento, de participar en el negocio del narcotráfico, de infringir el Derecho Internacional Humanitario de forma reiterada, como, por ejemplo, mediante el uso de minas antipersonales y otros medios ilícitos de conducir las hostilidades.
Así mismo, de mantener a los secuestrados en condiciones inhumanas, torturas y asesinatos de privados de la libertad. De la gran mayoría de los reclutamientos de niños, niñas y adolescentes. Practicaron fusilamientos de civiles y de otros delitos como extorsiones. La Comisión revela que todos los actores armados cometieron delitos, violaron los derechos humanos, infringieron el Derecho Internacional Humanitario y son responsables de la mayor ola de violencia en la historia de Colombia.
*Esta campaña se realiza con el apoyo del Instituto Colombia-Alemán para la paz -CAPAZ.
