Las principales fuentes de financiación de las FARC, el secuestro y el narcotráfico, generaron un punto de inflexión en la guerra, el grupo guerrillero se expandió rápidamente durante la década de los 90s en Colombia, llegando a controlar buena parte del territorio nacional. La coca llegó a representar el 41% del total de los ingresos de la guerrilla durante los primeros años del siglo XXI, esto gracias al amplio dominio territorial de las zonas cocaleras, consiguiendo imponer los precios a la base de coca e intermediar de forma directa con los principales carteles de drogas en el mundo.
Para la Comisión de la Verdad es claro que no se puede afirmar que las FARC se haya convertido del todo en un cartel del narcotráfico, pero tampoco es posible asegurar que este negocio ilícito en sus filas no generó daños en la organización. Sobre todo, los daños se vieron reflejados en los actos de violencia cometidos contra la población civil que cambió la percepción sobre sus ideales de defensa y lucha por el pueblo.
Lo anterior cambió de manera inevitable las relaciones con la población civil, además de crearse otros problemas al interior de la organización, como dificultades de mando y control de frentes y hombres, líderes que se separaron drásticamente del proyecto político y que terminaron por enfrentarse con sus comandantes. De alguna manera la relación tan estrecha con la consecución de los objetivos económicos lesionó de manera severa a la organización.
Por su parte, para el ELN su relación con el negocio de la coca tuvo unas dimensiones muy diferentes a las de las FARC. Este grupo armado llegó mucho más tarde al negocio de la heroína, además, muchos cuadros de la organización han mantenido una postura prohibicionista para generar fondos de esa manera, pero la necesidad de crecer militarmente, hizo que en muchas regiones del país el narcotráfico fuera visto como una solución importante para alivianar las finanzas del ELN.
Los inicios de esta guerrilla en la coca fueron inicialmente en el cobro del gramaje, una especie de impuesto a los productores de cocaína a cambio de seguridad y de paz y respeto por el negocio. Para el año 2008, el ELN ya estaba metido de lleno en esa actividad ilícita en todas sus etapas de producción, especialmente en el pacífico colombiano. De otra parte, en las regiones en donde los comandantes siguen ligados a la política prohibicionista de financiarse a través de este negocio, como el Frente de Guerra Oriental, se han limitado al cobro por el paso de cargamentos en dirección a Venezuela, señala la Comisión de la Verdad.
La guerrilla del ELN también ha estado fuertemente vinculada con otras formas de negocios ilegales, como la minería, el cual es un frente de ingresos muy antiguo y que han venido desarrollando a lo largo del país. En sus inicios hubo cobros a productores de oro en el sur de Bolívar, Cauca y Chocó, posteriormente se vincularon de manera más activa, controlando y explotando minas de oro. Llegó la maquinaría pesada, intensos trabajos de extracción en cuerpos de agua, personas trabajando por miles y creando condiciones sociales complejas en las poblaciones y estrechamente ligadas a la ilegalidad.
Lo anterior ocasionó la degradación del proyecto político en ambas organizaciones guerrilleras, ya que el control territorial no se vio traducido en acciones políticas para ganar adeptos en la población, este fue realizado para proteger sus finanzas, imponer su autoridad, cobro de impuestos, amenazar, asesinar y cometer todo tipo de flagelos para asegurar la continuidad del negocio, tanto de la coca, la minería, robo de gasolina y cualquier alternativa que generara recursos para la estructura militar.
La dinámica del narcotráfico y los negocios ilegales, además de lo señalado anteriormente, ocasionó uno de los más grandes obstáculos para lograr la paz, y este es la implicación jurídica con gobiernos extranjeros como el de los Estados Unidos. En el caso del acuerdo con las FARC se hizo necesario incluir en los delitos políticos y conexos, el narcotráfico y todas sus implicaciones. Si esto no se hubiera realizado, hoy no se estaría hablando de un Acuerdo de Paz, no habría Informe Final y Colombia seguiría sumida en la lucha fratricida y sin asomarse una alternativa de paz.
En todo caso, las implicaciones más graves del negocio de la coca y otras economías ilegales, las cargaron los civiles, las comunidades. La coca no es un negocio pero se, es un entramado que genera complejidades en los territorios y violencias, ante todo indiscriminadas y con altos niveles de impunidad. En la lucha del Estado contra el narcotráfico siempre ha estado en el medio a la población civil, quienes cultivan coca son campesinos e indígenas empobrecidos, quienes raspan la hoja son colombianos venidos desde diversas partes buscando alternativas económicas, en el proceso de fabricación de la pasta también están presentes civiles, incluso en la comercialización y transporte. Las guerrillas mantenían las zonas controladas y el Estado luchaba en varios frentes, pero en todo caso, siempre eran los civiles las principales víctimas.
