La ausencia de sus padres y la respectiva orfandad, son para la Comisión de la Verdad, las dos cargas más notables que millones de niños, niñas y adolescentes han afrontado en el país a raíz del conflicto armado. Estas, a su vez, generaron profundas huellas imborrables en la identidad de estas personas, que tuvieron que vivir desde muy temprana edad una vida sin padres, seres queridos y hasta amigos, sin cuidados, sin amor y sin generar vínculos afectivos con el territorio.
Los niños y niñas que crecieron en otras ciudades o regiones sin el cuidado de sus padres o sin uno de ellos representan uno de los grupos de víctimas, porque de otra parte están los menores que perdieron contacto con sus familias debido a que fueron reclutados a la fuerza por diferentes grupos armados y hoy, tras años de enfrentarse a múltiples riesgos durante sus años en combates y viviendo la guerra, tratan de restablecer sus lazos familiares. Muchos de ellos sin éxito en el anhelado reencuentro.
Los niños, niñas y víctimas del conflicto armado están en todas las orillas de la sociedad colombiana. Los hijos e hijas de militares, políticos, empresarios y otras personas secuestradas y que nunca regresaron al seno de sus familias, han tenido que vivir la ausencia de manera definitiva. El Estado colombiano empezó a registrar las orfandades relacionadas con el conflicto armado apenas desde el año 2011, ya que la Ley 1448 o Ley de Víctimas le entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar las herramientas y obligaciones para que se asistiera de manera integral a los menores de edad.
Desde el año 2011 y a diciembre de 2021, el anterior Instituto reportó 1.161 casos de menores que recibieron asistencia al evidenciarse el estado de orfandad con relación al conflicto armado. Para la Comisión de la Verdad, esa cifra que, a pesar de ser muy alta, no logra dimensionar o reflejar el impacto real de la guerra en la infancia y adolescencia del país. Lo anterior debido a que, a lo largo de la historia y según varios registros, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, hay casi 20 mil niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado y millones que fueron desplazados junto a sus familias.
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De otra parte, solo entre los años 1985 y 2018 se registraron, según cifras oficiales, 450.666 personas asesinadas en el marco del conflicto armado. Ante la anterior cifra cabe la pregunta, ¿cuántas de esas personas eran padres, madres o cuidadores de menores de edad? Con seguridad la respuesta será monumental y la cantidad de personas dejadas en condición de orfandad por esos actos violentos se pueden contar por cientos de miles. Así mismo, en el mismo periodo de tiempo se registraron más de 50 mil secuestros, un número importante de estas personas no han regresado a sus casas y ya se ha perdido el rastro o no hay información de la suerte que han corrido.
La Comisión de la Verdad logró precisar mediante el proyecto conjunto de integración estadística que hubo unos 64 mil menores asesinados, 28 mil desaparecidos forzadamente y más de 6 mil secuestrados. El problema de poner la catástrofe humana en términos numéricos o mediante cifras, es que puede existir la tendencia a minimizar las cifras o a creer que no es un asunto importante que, por ejemplo, más de 6 mil niños, niñas y adolescentes hayan estado privados de la libertad mediante el secuestro. Sin lugar a dudas, es vergonzoso para un país que se haya presentado semejante atrocidad.
La otra gran problemática es la relacionada con minorías, por ejemplo, y nuevamente según cifras oficiales del mismo estado colombiano, la niñez indígena vivió más de 2 mil asesinatos, más de 1.400 casos de desaparición forzada y como si fuera poco, más de 300 casos de secuestro. Por su parte, la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera cuenta con los registros más altos, 3.732 asesinatos, 2.418 desaparecidos y más de 500 menores secuestrados.
Las anteriores cifras, que son planas y que no logran acercar a los lectores del Informe Final, se quedan cortas ante lo vivido por cientos de miles que en su momento se quedaron solos, y que lejos de terminar su tragedia, tuvieron que vivir durante muchos años en condiciones de vulnerabilidad extrema.
De allí depende en buena manera la importancia de acercarse al documento final o a las cifras oficiales de entidades del Estado y de las mismas organizaciones de las víctimas, con la intención de intentar dimensionar el profundo efecto de la guerra en millones de colombianos y colombianas que, en su momento, eran menores de edad y que, tras el paso de los años, asumieron sus vidas adultas cargando una dolorosa tragedia que aún supervive en sus familias y que inevitablemente ha ido e irá generacionalmente.
