Dos meses después de un incendio que consumió tres hogares en el asentamiento Betty Camacho, la comunidad sigue sin respuesta, sin acompañamiento y en medio de la zozobra por estar en un sector que, además de vulnerable, vive acompañado por constantes riesgos al estar en la ribera del Caño Maizaro.

Debido al incendio ocurrido en la noche del 23 de septiembre, habitantes del asentamiento Betty Camacho exigen vivienda. Varias familias que conforman este asentamiento lo perdieron todo. Exigen garantías en su derecho a una vivienda digna. “En un abrir y cerrar de ojos se nos acabó todo”, afirmó Zuly Rodríguez, una de las afectadas cuya casa fue consumida por las llamas. Las víctimas de este accidente son personas que viven en una zona alejada y marginal de la ciudad, además, manifiestan sentirse abandonados por parte de la institucionalidad. Las y los habitantes afirmaron que la acción del Cuerpo de Bomberos de la ciudad no fue la más eficaz, debido a la distancia entre ambos lugares, lo que dio tiempo a que las llamas consumieran gran parte de las viviendas hechas en madera y tejas de zinc. Luis Raúl Monroy, presidente de la Asociación Comunitaria de Familias Afectadas Por Alto Riesgo en Colombia (ACOFAC), dijo que tenía conocimiento sobre las personas que están asentadas y sus necesidades. Por eso, se reunió con el exalcalde, Wilmar Barbosa, y se planteó una mesa de trabajo para buscar una solución y que estas familias no siguieran en situación de riesgo. Asimismo, propuso crear un programa especial de vivienda para toda la población que actualmente no puede solventar sus necesidades básicas.

Sin embargo, Luis Raúl cuenta que “la Unidad de Gestión de Riesgos nunca ha tomado una acción de lo que es el riesgo en este municipio. Nosotros venimos desde hace tres años discutiendo esos temas con el alcalde y con la Unidad de Riesgos. Ellos están para prevenir y actuar en momentos de emergencia. Aquí no, aquí usted va a las oficinas y no hay nadie que le responda. Entonces yo estuve el día del incendio intentando hablar con la coordinadora y allá no hubo quién nos atendiera. Dejé el informe y les dije que ellos tenían que mirar la prevención de esos riesgos porque si ya se había presentado algo con esa familia, qué iba a suceder con las demás. Tenemos documentos que certifican que ese sector es de alto riesgo, nos los entregaron el año pasado porque nosotros gestionamos un programa de autoconstrucción para reubicación de esas familias porque hay una sentencia judicial que dice que tienen que sacar a esas familias de allá, que son de alto riesgo por la rivera del Caño Maizaro. ¿Qué ha pasado? Nunca le han puesto interés a lo que pueda sucederles”.

Además de esto, Luis Raúl explica que, ha pedido en varias ocasiones que se deben poner avisos de prevención de desastre para evitar que la gente se siga apoderando de esas zonas y que empiecen a lotear. “Yo le pido al gobierno que por favor tomen decisiones porque en el momento de la emergencia ¿quién responde? Entonces estamos diciéndole a la alcaldía que certifique a la comunidad, para saber si los va a dejar ahí o si los va a sacar. Y que les dé un certificado de posesión para comenzar a hacer legalización de predios y buscar que se les ayude”.

La Alcaldía hizo presencia días después del incendio para llevar unas colchonetas de las que usan para hacer ejercicio y algunas cobijas, según Luz Estela, habitante del sector y afectada por los incendios. Desde entonces, no han vuelto a hacer presencia, ni control sobre lo sucedido. Intentamos comunicarnos con la Unidad de Gestión de Riesgos y tras varios intentos, no fue posible obtener respuesta.

Fotoreportero Freelance y periodista para El Cuarto Mosquetero con interés en desarrollo de trabajo con comunidades indígenas. Usando el periodismo como herramienta para la reconstrucción histórica y de tejido social