El hermano Martha Lucía Ramírez, para llamar a las personas por su nombre, resulta comprometido en negocios de narcotráfico, y ella por razones de solidaridad concurre a los hechos. El embajador ante Uruguay, también resultó involucrado en la misma conducta (así la Fiscalía sea solidaria con él); Alberto Uribe, padre ni más ni menos de Álvaro Uribe, también ha sido ligado al complejo cocalero de “Tranquilandia” (basta leer los Jinetes de la Cocaína de Fabio Castillo). Obispos colombianos se beneficiaron de la generosidad de Pablo Escobar Gaviria, militares y políticos también recibieron de esa ostentosa fortuna. Coincidencias de sangre dicen ellos, pero lo cierto es que, por arriba, en las cumbres del poder, las élites han campeado en el narcotráfico, siempre de manera impune.

Esa concurrencia de las élites en lo que fuera el mejor negocio de los años 80, fue mi argumento para demostrar ante el Congreso de la República, que el narcotráfico es un complejo de escala criminal, se dan todos los procesos: la siembra, luego la transformación en alcaloide (en donde produce efectos farmacodependientes), hasta terminar en la etapa de su comercialización, nacional e internacional, en que se genera riqueza. En esa cadena hay toda una división social del trabajo en que aparece el cultivador, el raspachín, el cocinero, el traqueto y el chichipato (toda la jerga). Al final de la cadena se suman por igual, políticos y familiares de políticos, la guerrilla y los paramilitares, entramado confuso para los fines de la actividad.

En esa cadena, son dos los eslabones débiles: el campesino que la siembra, y el raspachín, especie de lumpen, y entre los dos, conforman un nivel pobre, a veces paupérrimo, ubicado en el torbellino de la violencia: lo instigan por igual los paras y la guerrilla, forzando la exclusividad del mercadeo so pena de muerte y desde luego las autoridades que los hacen víctimas del cohecho, o “exitosos casos” contra el narcotráfico, y luego los fiscales y jueces venales, también por los mismos motivos, la falta de recursos para pagar el soborno, llenan las estadísticas con las cuales Colombia muestra resultados en su lucha contra el narcotráfico. La Ley penal en Colombia no diferencia entre los eslabones de la cadena. Y demostré que más del 90% de los presos en Colombia por narcotráfico, correspondían a los sectores campesinos y colonos, a los que el Estado siempre abandonó.

Por estas razones, impulsé el proyecto de ley que buscaba “despenalizar” los cultivos ilícitos y su fase primaria, que incluía a parientes (siempre eran apresados con el núcleo familiar porque todos vivían en la misma chagra), también a los raspachines. Ese proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión Primera de la Cámara, pero en la Plenaria de la misma, y contra toda la artillería de la Fiscalía y de los militares, fue derrotado por pocos votos. No impedía los programas de erradicación forzosa o voluntaria, solo impedía la judicialización de una conducta que es más problema social que criminal.

Porque abordé el problema puedo denunciar la doble moral de la clase política que se ampara en la inexistencia de delitos de sangre, para justificar tolerancia frente a mujeres y hombres que investidos de poder, la emprenden con toda la fuerza del Estado y de otros Estados; con aspersión química, con guerra total, desconociendo acuerdos de sustitución voluntaria, con encarcelamiento y toda la represión en contra de humildes labriegos y colonos a quienes las instituciones y la sociedad nunca han brindado oportunidades, mientras que en las embajadas, en el Congreso de la República, en los cuarteles, en la Vicepresidencia de la República, todos se pavonean impunemente, desde sus pedestales, por los débiles que sucumben ante la fuerza.