Este mes se llevó a cabo el V Encuentro Nacional de Redes de Educación para la Paz 2022: Desafíos y oportunidades en un país en transición, donde educadores, jóvenes y estudiantes, autoridades étnicoterritoriales, comunidades educativas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de nivel municipal, departamental y nacional de los diferentes territorios de Colombia, conversaron y reflexionaron durante cinco días acerca de los retos que supone educar para la paz en un país marcado por un conflicto armado que se ha prolongado durante décadas.
Fruto de este encuentro, surgieron 14 recomendaciones para ser tenidas en cuenta dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo y así continuar la construcción de educaciones para la paz:
- Implementación del Plan Especial de Educación Rural (PEER), que ayude al cumplimiento del Plan Marco de Implementación en los municipios PDET y las zonas rurales del país, priorizándolos en estos 4 años:
- La revisión de la normatividad de concurso y contractual de los docentes para su permanencia en el territorio y para la construcción de estrategias de itinerancia y estancia en la ruralidad que permita una educación integral en áreas históricamente marginadas como las artes, el deporte, la educación ambiental, entre otras.
- . Reforma y reinstitucionalización efectiva de instancias locales de participación y toma de decisiones como las JUME, JUDE y JUNE para hacer posible una educación pertinente que cumpla con las aspiraciones y deseos de los territorios.
- El cumplimiento del componente 3 del PEER de Acogida, bienestar y permanencia para la educación en zonas rurales, a través del Plan maestro de Infraestructura rural.
2. Construcción de política pública etnoeducativa para las regiones del pacífico colombiano que permitan:
- La garantía e institucionalización efectiva de instancias locales de participación y concertación para la educación deseada en las comunidades del pacífico.
- Reconocimiento y apropiación de los saberes propios y de la articulación de estos a los currículos y a las evaluaciones externas.
- Financiamiento y acompañamiento para la implementación de dichas políticas.
3.Programas de inversión con enfoque territorial para el acceso, bienestar y permanencia en las escuelas como entornos protectores, a través de:
- Alimentación escolar que reconozca las prácticas y saberes culturales e involucre a las familias y la producción regional.
- Plan maestro de infraestructura rural (diagnóstico, censo, legalización de predios, diseños adecuados a los territorios) para el mejoramiento de los establecimientos educativos y sus ambientes de aprendizaje.
4. Aumento de la cobertura y permanencia de la educación media en los sectores rurales a través de:
- Mayor formación integral en el ciclo, que se vincule con la realidad de los territorios y que contemple la educación ciudadana, socioemocional y para la reconciliación, con un enfoque diferencial.
- Currículos que fortalezcan la identidad territorial, basados en una mirada cosmopolita de la educación rural.
- Docentes formados en escuelas normales y facultades de educación que les permita trabajar en escuelas unitarias y aulas multigrado.
- Mejorar las capacidades gubernamentales para que haya una efectiva articulación intersectorial e interinstitucional que permita a las ETC un acompañamiento oportuno y pertinente a las comunidades educativas.
5. Educación superior pertinente para la ruralidad que responda a los proyectos de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los territorios con estrategias de acceso, permanencia y graduación, a través de:
- La articulación de los currículos de los establecimientos educativos con los currículos de las universidades.
- Presencia de una oferta de programas universitarios que trascienda el enfoque netamente productivo en la formación de los y las jóvenes rurales.
- Una oferta de educación superior que vaya de la mano con las oportunidades de inserción laboral o de proyectos de emprendimiento en el contexto
- Garantizar recursos y revisar la eficiencia, eficacia y pertinencia de los criterios de calidad y procesos de evaluación de las IES implementados por el CNA.
6. Reconocer que en Colombia hay territorios que viven situaciones de crisis educativa prolongada que requieren de políticas públicas de educación en emergencias que garanticen la protección de las comunidades educativas que han sido victimizadas, con atención humanitaria y mecanismos de restablecimientos de derechos, estrategias de aprendizaje y evaluación diferenciadas y acompañamiento psicosocial.
7. Diseño y financiación de programas para el fortalecimiento inicial de docentes, la formación de docentes en ejercicio y la formación de servidores públicos del nivel territorial y nacional en:
- Educación socioemocional, ciudadana y para la reconciliación en diálogo con el proceso de justicia transicional.
- Ruralidad y transformación del campo.
- Interculturalidad, etnoeducación y saberes propios.
- Educación en emergencias
8. Diseñar un programa de formación de liderazgos juveniles, una segunda edición del programa Generación V+, que consolide un espacio de debate democrático para las juventudes colombianas alrededor del Sistema Integral para la Paz y las pedagogías por la verdad, y que cuente con una asignación específica en el presupuesto para promoverla participación de los jóvenes en la construcción de un futuro en paz para Colombia.
- Financiación para la apropiación territorial e implementación del Plan Nacional de Orientación Escolar, que incluye la definición del parámetro técnico de orientadores-estudiantes, la acotación del rol de los orientadores y la dignificación de esta profesión y la ampliación de la planta. Es importante hacer énfasis en que los orientadores escolares que acompañen zonas PDET cuenten con perfiles de atención a población afectada por el conflicto armado, que posibiliten al orientador trabajar con todos los actores de la comunidad, especialmente desde programas de acompañamiento en riesgos psicosociales en las instituciones educativas.
- Implementación efectiva de la articulación intersectorial del Sistema Nacional de Bienestar Familiar teniendo una respuesta oportuna, integral y clara para la activación de las rutas como respuesta al desbordamiento de crisis de salud mental que está presentando la comunidad educativa.
- Impulsar una política pública de educación socioemocional, ciudadana y para la reconciliación que dialogue con la enseñanza del pasado reciente y con el proceso de justicia transicional desde una mirada de una educación humanizante y de integración curricular, que incorpore el enfoque territorial, étnico, de género y de acción sin daño.
- Garantizar un mapeo de experiencias formales y comunitarias de redes y procesos colaborativos de educación para la paz, que pueda facilitar procesos de sistematización, investigación participativa, intercambio de experiencias, acceso gratuito a materiales e incidencia de experiencias significativas en los procesos de diseño, actualización y apropiación de las políticas públicas relevantes.
- Garantizar la articulación entre el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación, el Ministerio de Justicia y la Sistema Integral para la Paz para impulsar un programa de Justicia Restaurativa en comunidades educativas, que priorice la sensibilización y formación de directivos y docentes y el trabajo con Escuelas de Familias.
- Garantizar la articulación entre el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación, el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Ambiente para impulsar iniciativas de arte, deporte y relación con la tierra que contribuyan al cuidado de la vida, la sanación, y la reconciliación, priorizando zonas rurales dispersas y territorios urbanos y rurales altamente afectados por el conflicto armado, vinculando y dignificando la labor de gestores comunitarios.
