Desde agresiones físicas hasta formas más sutiles de discriminación, estos tipos de violencias impactan en la vida de millones de mujeres en todo el mundo.
Las violencias basadas en género – VBG continúan siendo un flagelo persistente que afecta a mujeres y niñas de todas las periferias, convirtiéndose en una problemática extensiva y
Según ONU Mujeres, se calcula que, a nivel global, 736 millones de mujeres -aproximadamente una de cada 3- han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida, la cual se ha intensificado en entornos como lugares de trabajo y espacios en línea, agravándose por los efectos pospandemia, conflictos y las crisis climática.
Estos tipos de violencias que constituyen una de las más graves violaciones de derechos humanos, acabó con la vida de 614 mujeres y afectó a 74.771 en materia de violencia intrafamiliar en el 2022, según la Procuraduría General de la Nación.
En un contexto evolutivo, la noción de violencia se expande más allá de sus límites convencionales, abarcando manifestaciones diversas y a menudo insidiosas. Es por eso que, desde la violencia estructural arraigada en sistemas y políticas hasta la violencia simbólica que permea las interacciones sociales, la sociedad se enfrenta a un abanico amplio y complejo de formas de agresión.
Desafiando el silencio: tipos de Violencias basadas en género
La violencia física contra mujeres y niñas continúa siendo una realidad alarmante, identificándose un incremento en la violencia psicológica, con patrones de control, amenazas verbales, humillaciones y manipulaciones emocionales que socavan la autoestima y la salud mental de las mujeres.
De acuerdo con el informe denominado “Violencia de Género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos, 2022”, el 47,4 % (66. 624) de casos corresponde a violencia física, el 26,6 % (37 480) a violencia sexual, el 15,4 % (21 598) a negligencia y abandono, el y 10,7 % (14 992) a violencia psicológica.
Conforme a ONU Mujeres, en el año 2021 unas 45.000 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo, significando que, por término medio, más de cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia, mientras que el 56% de los homicidios de hombres se producen en la esfera privada.
Por su parte, la violencia obstétrica como otra de las formas de VBG, emerge como un desafío crucial en la protección de los derechos reproductivos de las mujeres.
A menudo, esta forma de violencia se manifiesta a través de prácticas médicas invasivas, decisiones unilaterales sin consentimiento informado, maltrato físico o verbal, deshumanización, discriminación, y falta de respeto a la autonomía y dignidad de las mujeres durante el proceso de atención. Basta como ejemplo la expresión “¿Otra vez acá? No se cansa, deje de quejarse, esto es como un deporte para usted”.
Conforme a Violentadas en cuarentena, una investigación sobre las VBG en el marco de la Covid-19, durante el año 2020 el colectivo Matria Guardianas del Parto, llevó a cabo una encuesta de Violencia Obstétrica en América Latina respondida por más de cinco mil mujeres de veinte países de Latinoamérica, entre ellas 411 mujeres en Colombia, donde los datos arrojaron que el 53.3% de las mujeres respondieron afirmativamente. Esto equivale a que 6 de cada 10 mujeres se sintieron incómodas, ofendidas y humilladas.
Continuando con la problemática de las violencias basadas en género, el matrimonio infantil se posiciona como una realidad alarmante que perpetúa la vulnerabilidad y la desigualdad de las niñas en diversas comunidades a nivel global.
Estas uniones se llevan a cabo sin el consentimiento libre e informado de las niñas, dejándolas en una situación de vulnerabilidad extrema, privándolas de su infancia, violando sus derechos, limitando sus oportunidades de desarrollo y perpetuando las desigualdades de género arraigadas en diversas sociedades. Es por eso que el Congreso de la República aprobó la Ley 155 de 2023 que Prohíbe el Matrimonio Infantil, envió la autógrafa al Poder Ejecutivo y está a la espera de su promulgación.
Según la UNESCO, en todo el mundo, más de 650 millones de mujeres vivas hoy en día se casaron cuando eran niñas. Cada año, al menos 12 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años, lo que supone 28 niñas cada minuto. En los países menos desarrollados, esa cifra se duplica: El 40% de las niñas se casan antes de los 18 años, y el 12% de las niñas se casan antes de los 15 años.
Datos alarmantes: el reto de la (de)construcción social
Los impactos de estas violencias son profundos y duraderos. Las víctimas experimentan traumas que pueden llevar a problemas de salud mental, depresión, ansiedad e incluso suicidio.
De acuerdo con datos arrojados por ONU Mujeres, las tasas de depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y VIH son más elevadas entre las mujeres que han experimentado violencia que entre las que no la han sufrido, al igual que ocurre con muchos otros problemas de salud que pueden perdurar una vez que ésta ha cesado.
Por otra parte, según esta misma Organización, la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres son perpetrados por sus esposos o parejas actuales o anteriores y más de 640 millones de mujeres de 15 años o más (el 26% del total) han sido objeto de violencia por parte de su pareja.
Asimismo, de aquellas que han mantenido una relación, casi una de cada cuatro adolescentes de 15 a 19 años (el 24%) ha sufrido violencia física o sexual por parte de su cónyuge o pareja y el 16% de las jóvenes de 15 a 24 años experimentó este tipo de violencia en los últimos 12 meses.
En Colombia, conforme al diagnóstico de matrimonio infantil y uniones tempranas realizado por la dirección de Desarrollo Social, se presentan alrededor de 13,3% matrimonios infantiles y uniones tempranas en mujeres entre 15 y 19 años, porcentaje que se ha mantenido constante desde el año 2000 y que, de manera alarmante, continúa reflejando los efectos de la normalización y el abuso de menores. Así mismo, según este documento, el 0,8% de las niñas de 13 a 14 años estaban en este tipo de situación, siendo la zona rural la más elevada especialmente en las uniones con un 20,5% frente a un 10,2% de la zona urbana.
Organizaciones sociales, Veedurías de Mujeres y colectivos feministas persisten en la lucha por la erradicación de las VBG
Tras años de lucha y esfuerzo, los movimientos y colectivos que defienden los derechos y las garantías de las mujeres, además de tomar fuerza, se han posicionado como grupos sólidos ante la ausencia de apoyo por parte del Estado.
Conforme a Alejandra Mayorga, lideresa e integrante de la Veeduría Mujeres Libres de Violencia de la ciudad de Villavicencio, “en el tema paritario se ha ganado campo en la lucha de las mujeres por una democracia más participativa, que se incida en una paridad y las garantías en la participación de las esferas sociales públicas de las mujeres”.
Ante las dificultades por el camino recorrido, Alejandra manifiesta que “en algunas instancias sociales todavía está muy arraigada esa patriarcalización en la institucionalidad, sin embargo, creo que cada vez que se toca el tema hay una apertura para que las mujeres avancen en conocer sus derechos para hacerlos visibles y también exigirlos”.
Asimismo, para la integrante de la Veeduría, el 25 de noviembre se considera un día no sólo para denunciar que aún el Estado es permisivo en el tema de VBG, que hay carencias para la atención de una vida digna para las mujeres, sino también un momento donde se muestra la fuerza que tiene el movimiento de mujeres y feminista.
De acuerdo con ONU Mujeres, en países y localidades, los defensores y defensoras de los intereses de las mujeres suelen conocer mejor las deficiencias a las que se enfrentan mujeres y niñas, y saben bien qué medidas se deben adoptar para promover sus derechos.
Es por eso que, el 25N es entonces, para los movimientos de mujeres, feministas y colectivos, “una convocatoria de indignación y de decir que todavía no vivimos una vida libre de violencias, que falta mucho, que hay violencia institucional y que todavía persiste la revictimización y la falta de atención en la aplicabilidad de leyes como 1257 de 2008 que precisamente vela por una vida libre de violencias”, como afirmó Alejandra para este medio.
Abordar estas violencias requiere un enfoque integral que involucre políticas públicas, educación, sensibilización y una firme aplicación de la ley. Es fundamental promover la igualdad de género, fomentar el respeto mutuo y crear espacios seguros donde las personas puedan denunciar y recibir apoyo sin temor a represalias.
La lucha contra las violencias basadas en género es un imperativo moral y social. Solo a través de un esfuerzo colectivo y sostenido se podrá avanzar hacia una sociedad donde la equidad de género sea una realidad palpable para todos.
En resumen, las violencias basadas en género persisten como una problemática profunda que afecta a personas en todo el mundo, perpetuando desigualdades y vulnerando derechos fundamentales. Desde la violencia doméstica hasta la violencia obstétrica, pasando por el matrimonio infantil, estas manifestaciones impactan de manera directa a la vida y el bienestar de mujeres y niñas en diferentes contextos.
Para combatir efectivamente estas formas de violencia, se requiere una acción colectiva a nivel gubernamental, comunitaria e individual. Esto implica no solo la implementación de políticas efectivas y la creación de marcos legales sólidos, sino también la promoción de la educación en igualdad de género, la sensibilización pública y el fortalecimiento de servicios de apoyo a las víctimas.
Erradicar las VBG es fundamental para construir sociedades más justas y equitativas, donde todas las personas, independientemente de su género, puedan vivir libres de miedo, agresiones y discriminación. Es un llamado urgente a la acción y a la solidaridad global para lograr un cambio real y significativo en la garantía y protección de los derechos humanos de mujeres y niñas.
Organizaciones sociales, Veedurías de Mujeres y colectivos feministas persisten en la lucha por la erradicación de las VBG
Tras años de lucha y esfuerzo, los movimientos y colectivos que defienden los derechos y las garantías de las mujeres, además de tomar fuerza, se han posicionado como grupos sólidos ante la ausencia de apoyo por parte del Estado.
Conforme a Alejandra Mayorga, lideresa e integrante de la Veeduría Mujeres Libres de Violencia de la ciudad de Villavicencio, “en el tema paritario se ha ganado campo en la lucha de las mujeres por una democracia más participativa, que se incida en una paridad y las garantías en la participación de las esferas sociales públicas de las mujeres”.
Ante las dificultades por el camino recorrido, Alejandra manifiesta que “en algunas instancias sociales todavía está muy arraigada esa patriarcalización en la institucionalidad, sin embargo, creo que cada vez que se toca el tema hay una apertura para que las mujeres avancen en conocer sus derechos para hacerlos visibles y también exigirlos”.
Asimismo, para la integrante de la Veeduría, el 25 de noviembre se considera un día no sólo para denunciar que aún el Estado es permisivo en el tema de VBG, que hay carencias para la atención de una vida digna para las mujeres, sino también un momento donde se muestra la fuerza que tiene el movimiento de mujeres y feminista.
De acuerdo con ONU Mujeres, en países y localidades, los defensores y defensoras de los intereses de las mujeres suelen conocer mejor las deficiencias a las que se enfrentan mujeres y niñas, y saben bien qué medidas se deben adoptar para promover sus derechos.
Es por eso que, el 25N es entonces, para los movimientos de mujeres, feministas y colectivos, “una convocatoria de indignación y de decir que todavía no vivimos una vida libre de violencias, que falta mucho, que hay violencia institucional y que todavía persiste la revictimización y la falta de atención en la aplicabilidad de leyes como 1257 de 2008 que precisamente vela por una vida libre de violencias”, como afirmó Alejandra para este medio.
Abordar estas violencias requiere un enfoque integral que involucre políticas públicas, educación, sensibilización y una firme aplicación de la ley. Es fundamental promover la igualdad de género, fomentar el respeto mutuo y crear espacios seguros donde las personas puedan denunciar y recibir apoyo sin temor a represalias.
La lucha contra las violencias basadas en género es un imperativo moral y social. Solo a través de un esfuerzo colectivo y sostenido se podrá avanzar hacia una sociedad donde la equidad de género sea una realidad palpable para todos.
En resumen, las violencias basadas en género persisten como una problemática profunda que afecta a personas en todo el mundo, perpetuando desigualdades y vulnerando derechos fundamentales. Desde la violencia doméstica hasta la violencia obstétrica, pasando por el matrimonio infantil, estas manifestaciones impactan de manera directa a la vida y el bienestar de mujeres y niñas en diferentes contextos.
Para combatir efectivamente estas formas de violencia, se requiere una acción colectiva a nivel gubernamental, comunitaria e individual. Esto implica no solo la implementación de políticas efectivas y la creación de marcos legales sólidos, sino también la promoción de la educación en igualdad de género, la sensibilización pública y el fortalecimiento de servicios de apoyo a las víctimas.
Erradicar las VBG es fundamental para construir sociedades más justas y equitativas, donde todas las personas, independientemente de su género, puedan vivir libres de miedo, agresiones y discriminación. Es un llamado urgente a la acción y a la solidaridad global para lograr un cambio real y significativo en la garantía y protección de los derechos humanos de mujeres y niñas.
