La lucha que adelantaron durante años ambientalistas de la región, recientemente dio resultados con la Resolución 1042 del 23 de julio de 2020 emitida por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima, que revocó la Resolución 3720 del 24 de octubre 2019, mediante la cual se le otorgó la licencia ambiental a la sociedad Hidrogeneradora Pijao S.A.S para la construcción de la central hidroeléctrica denominada Hidrototare.
El proyecto de generación de energía eléctrica, se ubicaría en las veredas Santa Bárbara y Buenos Aires de los municipios de Anzoátegui y Venadillo, sobre el río Totare. Pero desde sus inicios estuvo rodeado de críticas por los impactos medioambientales, sociales y culturales que dejaría en la zona de influencia.
Para llevar a cabo el proyecto, se requería de la excavación de un túnel atravesando una montaña y la intervención de más de siete kilómetros en la mitad de la cuenca del río, antes de los acueductos municipales, en una zona con abundante producción de arroz, caña de azúcar, aguacate, café y plátano.
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Asimismo, las comunidades manifestaron que el proyecto generaría tala de bosques, lo que afectaría la regulación hidrológica de la cuenca del río. A su vez, las aguas llegarían con más rapidez a la fuente principal, dejando la posibilidad de que se ocasionen inundaciones. Además, les preocupa que no habría agua para la temporada de sequía y que el fenómeno de erosión pueda acrecentarse, provocando deslizamientos de tierra.
A estas causales de la revocatoria de la licencia, se sumó que la empresa contaba con varios requerimientos técnicos pendientes que no se corrigieron de manera oportuna, generando zozobra respecto a los impactos ambientales que podrían ocasionarse más adelante.
En el documento firmado por la directora de Cortolima, Olga Lucia Alfonso se “ordena el archivo del trámite administrativo de solicitud de la Licencia Ambiental presentado por la sociedad Hidrogeneradora Pijao S.A.S. para el proyecto de generación, de energía eléctrica denominado Hidrototare.”
De igual manera, se asegura que en contra del presente acto administrativo no procede el recurso alguno.
Para llegar a ese punto, el proceso de defensa del territorio jugó un papel preponderante, ya que junto a las comunidades se interpusieron varios recursos de reposición contra el acto administrativo que otorgó la licencia ambiental. En estas diligencias participaron el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios para el departamento del Tolima, los cabildantes y la personería de Anzoátegui, los concejales de Venadillo, las asociaciones de usuarios de los ríos Totare y La China, la Corporación Ambiental de Venadillo y la organización Pro Consulta Alvarado, entre otros.
El proceso de defensa del territorio en Venadillo Tolima
La ambientalista Katherine Merchán, en entrevista con El Cuarto Mosquetero relató la historia de la lucha que llevaron a cabo las organizaciones ambientales de la mano de las comunidades para que se lograra la revocatoria, que inició con la primera audiencia para socializar el proyecto, en septiembre del 2018 en Venadillo, ya que era el lugar más central del área de influencia del proyecto. Ese día, no hubo aviso previo, las comunidades se enteraron dos horas después mediante el ‘voz a voz’ y la reunión la hicieron a ‘puerta cerrada’.
Katherine, hija de tierras venadillunas y con un profundo amor por la vida y el medio ambiente, se apersonó de la lucha y con entereza, junto a compañeros y campesinos, se dispuso a demostrar que Hidrototare, no dejaría más que miseria e impactos ambientales.
Para la segunda audiencia, no hubo cómo evadir las voces de oposición de las comunidades. Merchán, junto a sus compañeros, arroceros, campesinos, comerciantes y ciudadanos en general, convocaron a una movilización por Venadillo. Incluso, sus padres que son docentes y desde siempre se han involucrado en la lucha por el medio ambiente, convocaron a los estudiantes de los colegios locales para asistir al evento al que llegaron cerca de 1.200 personas. “Eso queda en la memoria del municipio porque nunca habíamos tenido un apoyo tan fuerte desde un comienzo”, recordó.
Las personas llegaron al estadio y se movilizaron hasta la Casa de la Cultura, allí se realizaría la segunda audiencia para otorgar la licencia ambiental a Hidrototare. “Habíamos ya presentado cartas para que se cambiara el lugar de la audiencia porque la Casa de la Cultura estaba en obra negra, estaba en remodelación” mencionó Katherine, quien añadió que el lugar solo tiene capacidad para aproximadamente 200 personas y “Se supone que era una audiencia pública, a puertas abiertas, y Cortolima decide de un momento a otro que la gente tenía que inscribirse y que la gente que quería asistir tenía que pasar una ponencia técnica, científica, sabiendo que la gente en las veredas: uno, no tiene acceso a internet; dos, no todos manejan la jerga ni conocen de manera técnica esa clase de procesos ni de proyectos.”
Las trabas se siguieron presentando. Ese mismo día, contó Katherine, ocurrieron varios inconvenientes con el alcalde de ese entonces, Ilber Beltrán quien le había dicho a la comunidad que “iba a construir colegios junto con el dueño de la empresa, había prometido trabajo, había solicitado a la gente que le llevara las hojas de vida directamente a la oficina de la Alcaldía, entonces los ánimos estaban como caldeados”, afirmó.
Posteriormente, uno de los funcionarios de la Hidrogeneradora Pijao S.A.S, según Katherine, golpeó a un menor de edad y como si fuera poco, denunciaron a los directores de los colegios para no permitir que los estudiantes acompañaran la lucha de resistencia al proyecto. A los docentes que se sumaron a la causa les abrieron una investigación en la Secretaría Municipal de Educación, incluida su mamá.
Días después, Katherine, quien es profesional en Salud Ocupacional, junto a ingenieros, docentes, administradores formó una mesa técnica para “utilizar las mismas armas con las que nos estaban atacando los de la empresa y Cortolima”. Así que usaron los recursos técnicos que había presentado la Hidrogeneradora Pijao S.A.S., de esa manera empezaron a visitar veredas, barrios y colegios para socializar las consecuencias que dejaría Hidrototare en la región.
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La siguiente audiencia fue aplazada y a pesar de las diversas peticiones para que se realizara nuevamente en Venadillo, Cortolima y la empresa se negaron. Finalmente, la reunión se hizo el 31 de enero del 2019 en Ibagué, y aunque también es un lugar central y está a 45 minutos del municipio, el transporte de varias personas desde el campo representó diversos inconvenientes para las y los ambientalistas que se oponían a Hidrototare, por lo que no hubo el suficiente acompañamiento en esa ocasión.
Aún así, en la audiencia se presentaron 14 ponencias técnicas y el Procurador Departamental Agrario les dio la razón a quienes se oponían al proyecto. “Los estudios que había presentado la empresa Hidrogeneradora Pijao S.A.S. era deficientes, le faltaban los estudios geofísicos, geoeléctricos, de sedimentación, de morfología de suelos, la zona donde iban a realizar el proyecto había sido declarada tres veces en estado de emergencia, no solo a nivel municipal sino departamental”, explicó Katherine.
Además, entre el 2018 y el 2019 se presentaron varias tragedias por remoción de masas, y la empresa había asegurado que solo afectaría la quebrada San Nicolás, a pesar de que en los estudios se habían encontrado más de 80 nacimientos de agua. En la represa, se pretendía hacer un túnel de tres kilómetros para llevar el recurso hídrico de la parte alta del río Totare hasta una turbina y según la Hidrogeneradora Pijao S.A.S., el agua regresaría en la misma cantidad al afluente pero intervendría siete kilómetros del río.
Esa intervención, según Merchán, afectaría esa área que es tradicionalmente productora y genera anualmente entre 2.500 y 5.000 millones de pesos en café. “Y la empresa decía que eso era un potrero, que allí no vivía gente, que no había ni siquiera ganado, cuando mi finca familiar, porque yo conozco mi zona, es productora de café, de plátano, de cacao”, comentó.
Entre tanto, en la audiencia se pactó que dentro de 60 días legales vigentes, Cortolima debía dar una respuesta pero en realidad, pasaron nueve meses. En octubre de ese mismo año, se le otorgó la licencia ambiental a la Hidrogeneradora Pijao S.A.S.
Según Katherine, en diversas ocasiones, el Comité Ambiental había denunciado la intromisión del actual ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien es el yerno del dueño del proyecto y su esposa era la ingeniera de este. “Se presentaron muchos inconvenientes con ese señor de carácter personal (…) El señor nos decía que éramos guerrilleros, se filtraron audios en los que le decía a la comunidad que los arroceros se habían unido al proyecto y Fedearroz tuvo que se sacar un comunicado desmintiéndolo, nos catalogaba de ecoterroristas”, aseguró la ambientalista.
Las personas que integraban el Comité llegaron a recibir amenazas de la misma comunidad porque se les prometió que con el proyecto, habría empleo. “Entonces ya había otra lucha, porque que en un país como Colombia, que a usted le pongan una diana y le digan que es guerrillero, aquí sí importa. No es como un chiste, no es como una broma, porque le puede costar la vida a alguien en un municipio que fue duramente golpeado por la guerrilla y los paramilitares, como lo es Venadillo” mencionó Merchán.
De esta manera, cuando se le otorgó la licencia ambiental a la hidrogeneradora, Katherine contó que al Comité se le dio 10 días hábiles para presentar las refutaciones con el fin de suspender este permiso. Varias organizaciones sociales y ambientales presentaron reposición pero el proceso se mantuvo quieto.
Posteriormente, con el apoyo de los nuevos alcaldes posesionados tras las elecciones de octubre del año pasado, se logró evidenciar que en Venadillo no querían la construcción de una central hidroeléctrica y a Hidrototare se le revocó la licencia ambiental. Incluso, el exgobernador del Tolima, Óscar Barreto, había solicitado que formalmente se reabriera la investigación debido a las masivas denuncias e inconsistencias, y con la nueva dirección de Olga Lucía Alfonso, Cortolima le dio la razón a quienes habían adelantado todo este proceso de defensa territorial.
Sin embargo, no se puede bajar la guardia ante este triunfo a favor del medio ambiente porque “la empresa tiene la opción de volver a solicitar la licencia (…) Tendrían que cambiar la razón social y empezar desde el principio, pero ahí vamos a estar todos en pie de lucha” concluyó la ambientalista.
