“El silencio de las Gaitas”, relatos de masacres hechas por paramilitares en Montes de María

En la investigación realizada por la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo al Sistema de Justicia, Verdad y Reparación, se recopilan las masacres ocurridas en esta subregión al norte del país durante el 2000 y el 2001. También recoge relatos de otros tipos de violencia perpetrada en la zona.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, en su informe ‘Caja de Herramientas. Un viaje por la memoria histórica: aprender la paz y desaprender la guerra’, registró 406 masacres ocurridas en el 2001, siendo este el año con la mayor cantidad de estos crímenes, el 67% se concentraron en 166 municipios.

El documento señala a los paramilitares como los presuntos responsables de la mayoría de hechos violentos en el país correspondientes a violencia contra la vida e integridad física por ataques, afectaciones a la población civil y combatientes en estado de indefensión. En total, se registran 94.579. 

A los paramilitares le siguen las guerrillas, con 36.682 hechos violentos y los agentes del Estado con 9.837.

Pero estos grupos no habrían actuado de manera independiente, una investigación revelada este miércoles, 8 de julio, deja al descubierto la colaboración entre paramilitares e integrantes de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo varias masacres en la subregión de los Montes de María, entre el 2000 y el 2001, una de las etapas más turbulentas para el país a causa del conflicto armado.

Se trata de un informe de la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentado al Sistema de Justicia, Verdad y Reparación, titulado “El silencio de las Gaitas”. 

Según el informe, los paramilitares cometieron diez masacres en un mismo territorio durante un año sin intervención de la Fuerza Pública para evitarlas o frenarlas.

Según el informe, los paramilitares cometieron diez masacres en un mismo territorio durante un año sin intervención de la Fuerza Pública para evitarlas o frenarlas. Además, en los Montes de María las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, contaban con bases de operaciones como la de la hacienda El Palmar, siendo su ubicación un ‘secreto a voces’, que los agentes estatales nunca pudieron hallar durante los siete años en que estuvo operando el autodenominado Bloque Héroes Montes de María en la zona. 

La ubicación estratégica de los Montes de María para el transporte de mercancías y personas del interior del país hacia la costa Atlántica, así como su potencial agroindustrial y ganadero, ha generado interés a nivel nacional, pero este conjunto de cualidades, además de traer beneficios para la región, la ha convertido en un territorio colmado “de extensos conflictos por la tierra y de altas dinámicas de violencia generadas por el ingreso de movimientos insurgentes, grupos paramilitares y una presencia estatal altamente represiva”, dice en un apartado del informe.

En por lo menos cinco de las 10 masacres ocurridas entre febrero del 2000 y enero del 2001, la Brigada Primera de Infantería de Marina – Biprima, tenía información sobre las masacres que ocurrirían. De tres, no estaba al tanto, de dos aún no se sabe, asegura la investigación.  

La Briprima, para ese entonces estaba al mando del contraalmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas y los comandantes de Policía en Bolívar y Sucre de la época, como el teniente coronel Rodolfo Palomino López, Norman León Arango Franco y el coronel Carlos Eduardo Devia Gutiérrez. Estos funcionarios serían los responsables de las masacres en El Salado, Macayepo o Chengue, por omisión o participación. El documento indica que, estos agentes estatales se habrían aliado con el Bloque Héroes de los Montes de María y otros frentes paramilitares de la zona.

Dada la magnitud de los hechos y las consecuencias de estos -muerte y desplazamiento masivo-, a los autores del informe les surgió la incógnita, ¿Cómo ocurrieron tantas masacres sin que la Fuerza Pública las evitara o las frenara? Los masivos hechos de violencia que se documentaron en el informe fueron: Ovejas-Canutal, El Salado, Mampuján-Las Brisas–San Cayetano, Hato Nuevo, La Libertad, Curva del Diablo, Chinulito y El Cerro, Macayepo, Carmen de Bolívar y Chengue, perpetradas por paramilitares, dejando 175 víctimas mortales.

En listas hechas en computadores o papel, otorgadas por la oficina de inteligencia de la Brigada de Infantería de Marina, figuraban los nombres de los campesinos que los paramilitares asesinarían.

En listas hechas en computadores o papel, otorgadas por la oficina de inteligencia de la Brigada de Infantería de Marina, figuraban los nombres de los campesinos que los paramilitares asesinarían. Así lo constatan las versiones de participantes de las masacres como Uber Enrique Banquez Martínez o “Juancho Dique” en Justicia y Paz.

El testimonio de otro paramilitar, Cristian Eduardo Acosta, sobre la masacre de El Salado, asegura que la Policía de carretera coordinó el paso de los camiones hacia esa finca, aproximadamente eran unos 700 u 800 paramilitares que se habían reunido para esas masacres. 

La relación de las Fuerzas Armadas con el paramilitarismo queda evidenciada también por la inactividad de las tropas para perseguir a los grupos ilegales, antes, durante y después de realizar los crímenes. El informe cita la masacre de El Salado, donde los integrantes de este grupo armado ilegal permanecieron en el territorio hasta tres días sin que la Fuerza Pública interviniera, y luego de realizar los hechos, salieron por vías municipales, intermunicipales y veredales sin ser detenidos. 

Además, en cinco de las diez masacres registradas en Montes de María entre el 2000 y 2001, la Biprima brindó algún tipo de apoyo directo a las incursiones de los paramilitares. Un testimonio indica que la ayuda consistió en “apoyo aéreo cuando habían combates, en munición, medicina, calzado, comidas, ayudas por comunicación y la información de inteligencia de los supuestos guerrilleros que estaban en los corregimientos que hicieron las masacres, y así fue la colaboración que dio la Infantería de Marina a las Autodefensas.”

El despojo de tierras en dicha subregión es otro de los flagelos que refleja el documento, y que soporta con cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, sobre la apropiación directa de terrenos que se dio por actores armados con amenazas, asesinatos y desaparición forzada. 

El documento indica que las Naciones Unidas registraron que en 2009, en la región el “30% del total de los propietarios posee solamente el 1,7% del territorio (…) mientras tanto, el 5%de los propietarios tiene el 25%” Por su parte, 50.000 hectáreas habían sido solicitadas en restitución de tierras.

En ese sentido, la compra masiva de tierras abandonadas fue investigada por la Superintendencia de Notariado y Registro, dado que se dio de manera sistemática. Dicha investigación evidenció los siguientes resultados:

La violencia contra la mujer también tomó parte en la lista de crímenes en Montes de María, en las agresiones y violaciones no se discriminó por la edad; niñas, adolescentes y mujeres adultas fueron víctimas de los paramilitares.  

Una de las víctimas “Tenía 11 años y vivía con sus padres al momento de la incursión paramilitar a su residencia, a una zona rural de El Salado, llegaron camionetas con 30 hombres, quienes empezaron a entrar en las casas vecinas, razón por la que su madre le ordenó esconderse. Sin embargo, a la casa ingresaron dos paramilitares que cubrían sus rostros con pasamontañas, uno de ellos, encontró a la menor y le ordenó que se quitara la ropa. Al rehusarse, la golpeó y abusó sexualmente de ella en presencia de sus hermanos”, dice uno de los testimonios que figuran en el informe. 

La investigación recopiló los nombres de 17 comandantes de la Brigada de Infantería de Marina, batallones y comandos policiales de ese entonces, solicitando a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, que los llame a rendir versiones voluntarias por su papel en acciones paramilitares y violaciones a los derechos humanos en los Montes de María.

Los comandantes implicados son: contraalmirante Rodrigo Quiñónez Cárdenas, mayor Bautista Cárcamo Galé, mayor Alejandro Parra Rivera, capitán de corbeta Héctor Martín Pita Vásquez, coronel Ricardo Diazgranados Mantilla, capitán Harold Afranio Mantilla, capitán de fragata Miguel Yunis Vega, capitán de corbeta Camilo Martínez Moreno, capitán Oscar Eduardo Saavedra Calixto, oficial de la Armada Cesar Augusto Saavedra Dueñas, oficial de la Armada Jorge Tadeo Castañeda Garzón, teniente coronel de la Policía Rodolfo Palomino López, coronel de la Policía Carlos Eduardo Devia Gutiérrez, coronel de la Policía Norman León Franco, coronel de la Policía Mario Nel Flórez Álvarez, teniente de la Policía Alexander Lozano Sepúlveda, capitán de la Policía Julián Caballero.

A la JEP, los autores del informe también solicitaron declarar los hechos de las masacres documentadas en la investigación como Crímenes de Lesa Humanidad, iniciar el proceso de acreditación y reconocimiento de víctimas a las personas que hayan sufrido cualquier expresión de violencia en esa región e “implementar todas las medidas de protección y seguridad teniendo en cuenta la posibilidad de aumento del riesgo para las víctimas y sus familiares, tras la participación en todas las actividades procesales y extra judiciales en los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición​​, sobre todo con la concesión de beneficios dentro de la justicia transicional a sus presuntos victimarios.”

Aquí puede acceder al informe: El silencio de las Gaitas