El riesgo latente que viven a diario líderes y lideresas sociales en Colombia

Daniela Morales, del Movimiento de Mujeres Yo Puedo, estuvo hablando junto a El Cuarto Mosquetero sobre las garantías de vida de líderes y lideresas sociales, y defensores/as de derechos humanos en Colombia, pues desde la firma de los Acuerdos de Paz en la Habana, se ha evidenciado un genocidio, que ni siquiera la pandemia ha podido frenar. 

En un informe, Morales dio a conocer alarmantes cifras que reflejan la situación de alerta para estas personas. Desde la firma del Acuerdo de Paz, en el 2016 hasta julio de este año, fueron asesinados 971 líderes/as y defensores/as de derechos humanos, de estos, 342 eran campesinos, 58 sindicalistas, 131 mujeres, 19 comunitarios, 250 indígenas, seis ambientalistas, 71 afros, 13 personas de la comunidad LGTBI y 124 cívicos. 

Para la fecha en la que se emitió el informe, es decir, el 23 de octubre, Morales comentó que este año han sido asesinadas 237 líderes y lideresas, y personas que defienden los derechos humanos. El 2020 también ha sido de infortunios para los firmantes de paz, pues durante este año han acabado con la vida de 51 excombatientes. 

Pero más allá de las vidas extintas, es necesario resaltar la labor de quienes murieron por no declinar en sus convicciones, por sus comunidades, y por el territorio. Es esencial recordar que los líderes y lideresas, son mujeres y hombres con reconocimientos sociales, comunitarios, políticos, y que desarrollan acciones sociales y organizativas. Además, ejercen incidencia ante el Estado, ante la comunidad, la sociedad, y otras organizaciones sociales para promover el reconocimiento de las realidades. 

Asimismo, los y las defensoras de derechos humanos, promueven y procuran la protección, y además la realización de los derechos humanos, y la libertades fundamentales en los planos nacionales e internacionales. Estas definiciones, expuestas de manera técnica, abren paso a las percepciones subjetivas de quienes trabajan en los territorios construyendo país. 

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Pero estas labores no cuentan en la acción con garantías de vida para quienes las ejercen. En lo legal existe el Decreto 2078 del 2017, “Por el cual se adiciona el Capítulo 5, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades”.

Este Decreto obliga al Estado a proteger integralmente a las personas que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia de sus liderazgos, de sus funciones políticas, sociales o humanitarias. 

Pero en los territorios, a falta de la presencia institucional para hacer cumplir el Decreto, las y los líderes sociales, han optado por generar acciones de autoprotección, que es lo que realmente les ha funcionado. Lo hacen manteniendo constante comunicación con sus compañeros/as informando sus ubicaciones y las labores que se hallan ejerciendo. También reciben apoyo de organizaciones sociales como el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, la Fundación Pares, Censat Agua Viva, entre otras. 

Con el peligro latente, las y los líderes sociales le siguen apostando a promover la paz en los territorios. Pero la amenaza también ha estado vigente para las y los firmantes de paz. 

“La paz no se define en un papel, no se define por quien la firma, sino por quien la cumple. Y no se define por cual es el gobierno de turno, se debería definir es por nuestro compromiso como sociedad”, comentó una firmante de paz, en el marco de este informe, durante la Peregrinación por la vida y por la paz que vienen realizando las y los excombatientes hacia Bogotá, para exigir garantías de vida. Según el Partido Farc, van más de 200 reincorporados asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. 

Por eso quienes le apuestan a la construcción de paz, han decidido seguir ese camino riesgoso, porque se sueñan un país diferentes, y creen que algún futuro, que anhelan no sea lejano, Colombia se convierta en una Nación que brinde todas las garantías de bienestar para sus ciudadanos/as.

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