El hambre silenciosa de comunidad indígena Sikuani en Vichada

En Vichada, un territorio en el que un millón y medio de hectáreas están disponibles para producir comida, indígenas como Elisa y Emiliano se alimentan principalmente con una bebida de harina de yuca mezclada con agua. No son los únicos. Una crisis alimentaria silenciosa atraviesa a la población sikuani de ese departamento: allí, las personas más viejas, quienes alguna vez recorrieron las sabanas en busca de sustento, sobreviven a base de mañoco y resignación, atrapados en un ciclo de abandono y pobreza del que no pueden salir.

Por: Edwin Suárez – Periódico El Morichal

Emiliano y Elisa

El desayuno de hoy fue una yucuta: una bebida espesa hecha con mañoco (harina gruesa de yuca silvestre) mezclada con agua y un poco de yare, el caldo que queda de la preparación del mañoco. Cuando hay con qué, el desayuno se acompaña con carne o pescado. Hoy no hay ninguna proteína.
“Es lo que comemos siempre”, dice Emiliano Gaitán, un indígena sikuani anciano, mientras peina con ternura el cabello de Elisa, su esposa. Ella mantiene los ojos cerrados. Con la mano izquierda se aprieta la frente: le duele la cabeza.

Son las 11 de la mañana cuando los dos ancianos se refugian en silencio de un sol que cae a plomo en la choza comunal de Tinajas, una comunidad del resguardo Muco Mayoragua, en Cumaribo, a más de 500 kilómetros de Puerto Carreño, la capital de Vichada.

En la cocina, de paredes de madera, piso de tierra y techo de palma, no hay indicios de almuerzo. La estufa, que funciona con leña, está apagada. Una olla con una tapa entreabierta deja escapar el olor del único rastro de comida que queda en el lugar: restos de la yucuta que se sirvió en el desayuno. Tampoco hay mercado: apenas un frasco de aceite de 250 mililitros, un costal con abundante mañoco y dos tortas de casabe.

“Acá la vida es dura”, dice Ramiro García, el hijo mayor de Elisa Gaitán e hijastro de Emiliano, sentado en uno de los dos bancos de madera que hay en la choza comunal. Los animales se fueron, el conuco (huerta) está lejos y hasta el morichal se seca. Décadas atrás era fácil cazar o pescar y producir alimentos en los bosques de galería que cubren los caños y los ríos de la región.

Ramiro se queda pensando. Mira a su padrastro. A su mamá. Se mira los pies. El silencio es incómodo. Sobran las palabras. Al final levanta la cabeza y dice: “No sé qué vamos a hacer”.

María

A la intemperie, en la estufa, si se puede llamar así a una hornilla compuesta por cinco varillas atravesadas sobre un par de piedras puestas en una caneca cortada a la mitad y llena de tierra, hay varios trozos de pescado sancochado en una olla tiznada.

“Es lo que vamos a desayunar mañana”, dice, parado junto a la estufa, Pedro Arrepiche (61 años), capitán sikuani del asentamiento indígena Piedras del Custodio Dos, quien vive en un rancho construido con lonas verdes y plástico negro que desafía la gravedad al levantarse sobre una formación rocosa de un deprimido sector de Puerto Carreño, muy cerca de la ribera del río Meta.

Sus ojos están fijos en la comida. Su rostro no refleja ningún sentimiento. Sus palabras sí, tranquilidad: “Así nos toque un pedacito de pescado a cada uno, por lo menos mañana tendremos desayuno”.
En el rancho, Pedro vive junto a su familia: sus nietos, nueras, hijos, su esposa, su mamá y dos jóvenes indígenas que no tienen a dónde ir. Son catorce personas. Los que pueden salen a cultivar maíz, yuca, patilla, ahuyama o fríjol en las sabanas inundables del río Meta en temporada seca o a trabajar en lo que les toque en Puerto Carreño; otros van a pescar. Así viven muchas familias indígenas de Vichada: sumando esfuerzos para resolver la comida que pondrán en sus platos al día siguiente.

María Sánchez, de 75 años y madre de Pedro, lamenta ser una carga en una casa llena de necesidades. Quisiera aportar, dice, pero cómo: se está quedando ciega, su salud se deteriora cada día. Ahora vive y depende de su hijo.

“Ya no hago nada”, dice con la mirada perdida en un horizonte que tiene como telón de fondo a Venezuela, el país en el que María se refugió durante buena parte de su vida, como tantos otros sikuani.

Ángela

Ángela Gaitán es sikuani. Según su cédula, tiene 70 años y es la única adulta mayor de Nuevo Milenio, una comunidad indígena ubicada a 70 kilómetros de Puerto Carreño, junto a la carretera que conduce a la inspección de Cazuarito. Cuando el día está soleado, pasa el tiempo sentada en una silla plástica, refugiándose del calor bajo el frondoso árbol de mango vecino a la maloca que comparte con su hija.
“Ya no puedo trabajar porque mi fuerza no me da”, dice en sikuani, su lengua nativa.

Antes, cuando tenía aliento, sembraba y procesaba yuca amarga, un alimento tradicional de los indígenas de la Orinoquía y la Amazonía colombianas. Ahora, hasta caminar se le dificulta. Su única tarea consiste en recibir los alimentos. Así se lo dijo su hija: “No se preocupe por cocinar, nosotros le preparamos. Solo esté pendiente para que le sirvamos”.

Pero no siempre Ángela puede acercar el plato para comer tres veces al día. En su casa, a veces solo se almuerza. Y cuando hay desayuno, le sirven medio plato de arroz con aguapanela.

“Acá todo se dificulta”, revela Ángela. Su piel seca y arrugada refleja el paso del tiempo, y su mirada tímida transmite resignación.

Solo basta mirar alrededor para entender de qué se trata. Amarillentas y escuálidas, las matas de yuca que alcanza la vista no prometen; los perros están famélicos y la estufa vive apagada al mediodía, con una olleta encima que aún conserva el rastro del café que se sirvió más temprano.

“En la semana, a veces, tenemos comidita dos o tres días. Otras semanas no hay nada; ni mañoco tenemos”, dice el capitán Edwin Machado Gaitán, líder de Nuevo Mileno.

¿Qué comer al día siguiente?

Las vidas de estos ancianos sikuani se rozan en silencio: habitan el mismo territorio inmenso, el departamento de Vichada, en el que, según la proyección actual del Dane, viven unas 116.000 personas, 74% de ellas indígenas (es decir, 86.000 personas); y comen cuando se puede, no cuando se debe o se quiere, a pesar de que en la región existen 1.500.000 de hectáreas disponibles para producir comida.

“Es una realidad: las comunidades indígenas de Vichada están aguantando hambre”, dice el profesor sikuani César Rodríguez, exsecretario de la Mesa Permanente de Concertación de ese departamento.

Sus palabras encuentran su frío reflejo en las cifras de inseguridad alimentaria que reveló el Dane en mayo del año pasado: en 2024, el 48% de los habitantes de Vichada padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave; es decir, uno de cada dos vichadenses presentó dificultades para acceder a alimentos, bien sea por cantidad o calidad, o no tuvo qué comer. Pero la inseguridad alimentaria, revelan las cifras, afectó más a los grupos étnicos del departamento: el 56% de quienes se reconocen como indígenas, unas 48.000 personas, se enfrentaron a la incertidumbre de qué poner en el plato al día siguiente.

El informe destaca, si es que este dato se puede considerar alentador, que las personas mayores de 60 años tuvieron más facilidades de conseguir alimentos en Vichada frente a los niños y los adolescentes: mientras el 41% de los ancianos, de un estimado de 7.000 personas, sufrieron inseguridad alimentaria, el 54% de los niños y los adolescentes de entre 12 y 18 años, de unas 44.000 personas, la padecieron.

Una lucha silenciosa

“El hambre es un proceso, una lucha del cuerpo contra el cuerpo”, dice Martín Caparrós en su libro El hambre. En Vichada, esa lucha silenciosa se refleja en los ancianos indígenas que pasan todos sus días y noches en un chinchorro, sin fuerzas para levantarse.

Los ha visto una y otra vez María Carreño, líder del pueblo sikuani y vicepresidenta de la Organización de los Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco (Orpibo). En una ocasión, en el resguardo Mesetas Dagua, ubicado a casi tres horas de Puerto Carreño en moto, vio a un anciano que yacía en un chinchorro. Estaba al cuidado de una joven en avanzado estado de embarazo porque su familia entera se había ido a Venezuela. “Llevaban cinco días sin sal para la comida. Solo comían pescado asado o en yare, pero sin sal. No había nada más: pescado y mañoco”.

“Cuando una persona no consigue comer sus 2.200 kilocalorías por día pasa hambre, se come”, se lee en El hambre. ‘Comerse’ significa agotar las reservas de azúcar: moverse menos; perder peso y defensas; no poder moverse; morirse lentamente.

Como Carreño, Aleida Forero, una enfermera que desde 2012 es diputada de Vichada, también ha encontrado adultos mayores indígenas en escenas deprimentes: “Están en sus chinchorritos prácticamente esperando la muerte”.

Y se mueren, aunque no se reconozca al hambre como la causa.

“Dicen (en las comunidades) que ‘fue un problema de neumonía’, pero es el daño colateral de no estar bien nutridos lo que los mata”, dice Forero, detrás de su escritorio presidencial en la Asamblea, en Puerto Carreño.

Este fenómeno lo explica muy bien Caparrós: “Poca gente –demasiada gente– se muere directamente de hambre; muchísima se muere de enfermedades o infecciones que son mortales porque sus cuerpos debilitados por la poca comida no pueden combatir; enfermedades o infecciones que una persona normalmente alimentada ni siquiera notaría”.

‘Una cadena que no termina’

Vichada lleva años ocupando los primeros lugares en desnutrición aguda en menores de 5 años por cada cien habitantes en Colombia. Según datos del Instituto Nacional de Salud, al 9 de agosto pasado, el departamento ocupaba el primer lugar, con 143 casos reportados –de los cuales unos 125 son indígenas–, seguido de Chocó y La Guajira.

Para el coordinador médico del Hospital Departamental San Juan de Dios en Puerto Carreño, el doctor Joan Rodríguez, la desnutrición en los adultos mayores hace eco de la desnutrición infantil que se presenta en el departamento. “Es como una cadena que va siguiendo y nunca termina”, explica desde su improvisado consultorio, construido con carpas, por causa de la reconstrucción del hospital. Los pacientes que no tienen una adecuada alimentación, agrega el médico, pueden ver comprometida su vida cuando presentan antecedentes como hipertensión, diabetes o enfermedades cardíacas.

Si esos niños vichadenses que hoy tienen desnutrición aguda llegan a ser adultos, lo explica Caparrós en El hambre refiriéndose a niños nigerianos que padecen desnutrición crónica, “van a tener más enfermedades, menos posibilidades de trabajar y disfrutar la vida y, en síntesis, una vida más corta y más pobres que si hubieran comido bien en sus primeros años”.

“El hambre de los primeros mil días de vida –escribe Caparrós– no se termina nunca”.

Ir al hospital, recuperarse y volver al hambre

Elisa todavía puede caminar. Toc, toc, toc. Un palo a la altura de su rostro es su brújula. Con el tiempo perdió la visión y apenas distingue las sombras. Toc, toc, toc. El bastón tantea obstáculos que ya no necesita descubrir: sus pies cansados conocen cada piedra, cada raíz, cada milímetro de los senderos que recorre para moverse en Tinajas.

Emiliano tiene una condición parecida. En su juventud perdió su ojo izquierdo durante una jornada de trabajo. El derecho es como una cortina que se cierra poco a poco, apagando la claridad del día. Llegará el momento en que su mirada quede oscura, como una fotografía análoga velada por el exceso de sol.

Este sábado, el cielo es de un azul intenso. Parece un día perfecto. Pero no para Elisa. La brisa apenas mueve el aire espeso por la humedad. Con una sensación térmica de 36 grados, la sabana que rodea las diez casas de la comunidad crepita como una sopa. El dolor de cabeza la sigue, silencioso, desde que empezó a quedarse ciega.

“No sé”, dice Elisa, cuando se le pregunta por qué le duele tanto la cabeza. Ella solo sabe que le duele.
Uno podría preguntarse si el hambre está matando a Elisa. Sin medicinas, sin tratamiento médico, sin comida, sólo le quedan el bastón, Emiliano y un cuerpo que resiste a pesar de todo.

En la comunidad nadie recuerda cuándo ni dónde fue la última vez que ella vio a un médico. En Vichada, un departamento mayoritariamente rural, los centros de salud se encuentran en los cascos urbanos, que son prácticamente inaccesibles para los ancianos porque no hay transporte público, las trochas casi siempre son intransitables y el medio más común para viajar es la moto. “Es difícil para un abuelo moverse en moto, mucho más para venir acá (Puerto Carreño), porque son trayectos de tres, cuatro o más horas”, afirma la vicepresidenta de Orpibo.

La mayoría de los pacientes que llegan a los centros médicos con desnutrición o en delicado estado de salud son reportados por ONG que tienen programas orientados al adulto mayor, por brigadas del ICBF o por los Equipos Básicos de Salud que, desde 2024, implementó en Vichada el Ministerio.

“Notifican al hospital y nosotros, automáticamente, enviamos la ambulancia para el traslado. Traemos al paciente y lo enrutamos”, explica el doctor Rodríguez.

En el hospital, los ancianos reciben atención médica y se recuperan, pero una vez regresan a sus comunidades se estrellan con la realidad: la falta de comida. Aunque ha tenido experiencias con menores de 5 años y no con adultos mayores, el doctor Rodríguez dice que se trata de la misma realidad: “Me llega un niño con desnutrición, lo hospitalizo, le hago un recuperamiento nutricional y se va como si nada, pero a los cinco días vuelve. La madre me dice: ‘Es que no tengo comida en mi casa’”.

Cocina de Elisa y Emiliano. Foto: Edwin Suárez.

Sin donde cazar, pescar ni cultivar

Conseguir alimentos resulta cada vez más difícil para muchas comunidades indígenas de Vichada. Los peces se acaban por la pesca desmedida y durante la temporada de lluvias, cuando el nivel de las aguas sube, es casi imposible capturarlos; los animales y los frutos silvestres escasean, y los cultivos del conuco –la yuca, el plátano, el maíz, la piña– producen menos que antes.

“Aquí no tenemos ni siquiera una palma de moriche o de seje, menos avichure. Aquí la tierra es, muchas veces, estéril. Los cultivos se dan durante cuatro meses (del año), luego viene un calor tremendo y se queman, se sancochan”, dice Orlando Gómez, gobernador de Bachaco, el resguardo al que pertenece la comunidad Nuevo Milenio.

Resguardo Bachaco de Puerto Carreño. Foto: Edwin Suárez.

Los sikuani, la etnia con mayor población en el departamento, “eran nómadas que recorrían las grandes sabanas, selvas y ríos de los Llanos orientales, buscando alimento y sustento”, se lee en un artículo de Naciones Unidas, publicado en 2022. Se caracterizaban, según la página del Consejo Regional Indígena del Cauca, “por recorrer extensos territorios a pie y a vivir temporalmente en algunos puntos del territorio”. Allí sembraban y cazaban, para luego continuar su camino y así permitir que las especies se reprodujeran y los suelos no se deterioraran.

Ahora son sedentarios. La colonización y la violencia los obligó a establecerse en lugares específicos que hoy constituyen una gran porción de los 54 resguardos y asentamientos indígenas vichadenses. Con el tiempo, los sikuani han agotado los recursos de sus territorios y no tienen a dónde más cazar, pescar o cultivar. Esa realidad agudiza su inseguridad alimentaria, sin que los gobiernos implementen estrategias que permitan soluciones definitivas.

“¿Por qué no les aran la tierra y les dan los implementos necesarios para abonar la sabana, y que siembren y cultiven yuca y plátano? –se pregunta la diputada Forero–. El departamento tiene tractores en todos lados. Si les damos con qué abonar la sabana, lo que se siembra se da”.

Esa misma solución han pedido las comunidades. “Necesitamos mecanizar la tierra, hacer conucos comunitarios”, afirma el gobernador del resguardo Bachaco.

“Si hacemos un proyecto grande, por ejemplo sembrar 10 o 20 hectáreas de yuca amarga, procesarla y sacar mañoco y casabe para vender en el mercado, vamos a tener alimentación para nosotros y dinero, así la economía va a crecer”, agrega Carreño, la vicepresidenta de Orpibo. Su voz y su cara reflejan cierto entusiasmo. Ella cree en su propuesta: le gustaría, lo dice una y otra vez, materializarla. “Una hectárea de yuca nos arroja entre 800 y 1.000 kilos de mañoco, y un kilo en Puerto Carreño vale 10.000 pesos. Es una millonada”.

El problema es que el tractor no aparece y los abonos tampoco. Llegan, en cambio, otros proyectos que parecen más destinados a buscar el beneficio personal del gobernante de turno que el de las comunidades. El Gobierno nacional asigna anualmente unos recursos a los resguardos –las llamadas transferencias–, que deberían bajar con cierta facilidad a los territorios indígenas por medio de las alcaldías; son dineros con los que se podrían ejecutar proyectos productivos y mejorar la calidad de vida en los resguardos. Pero no es así.

“Una vez fui con un proyecto productivo y me pidieron muchas modificaciones. Cuando les dije, entonces, que me dieran nueve motos, aceptaron de una vez –dice Gómez, el gobernador del resguardo Bachaco–. A ellos les interesan unos proyectos en particular, en los que haya ganancia. Para una moto que vale 5 millones, ellos tienen una cotización elevada: de 7 u 8 millones para poder trabajar con su suministrador”.

Otro proyecto favorito de los gobernantes locales con las comunidades es el de la ganadería. El más reciente, en 2023, lo realizó la Gobernación: como se lee en el contrato publicado en el Sistema de Contratación Pública en Colombia (Secop), pagó por un torete reproductor de 24 meses casi 12 millones de pesos, mientras en el mercado costaba, en promedio, 5 millones; y por una novilla de 18 meses, 5 millones y medio, mientras que en el mercado valía 2 millones de pesos. Adicionalmente, los proyectos ganaderos suelen fracasar en las comunidades porque, en su naturaleza nómada, no existe el hábito de cuidar animales, por lo cual los venden o se los comen. Pero las entidades parecen no aprender e insisten en llevar ganado a los resguardos. A un nuevo fracaso, un nuevo proyecto. El ciclo se repite y quien lo puede detener, no lo hace.

El territorio con menos jubilados

–¿Qué edades tienen ustedes, Emiliano?

–No sé –responde.

–¿Cuántos años tiene usted? —insisto, pensando que no ha entendido la pregunta.

Sin decir nada, saca la billetera de su pantalón y pasa la cédula. Luego, en sikuani, le pide a Elisa que le preste el documento de identidad. Si el documento no miente, Elisa cumplirá 79 años en 2026; Emiliano, 81.

Saber la edad exacta de los indígenas más viejos de Vichada es casi imposible. La fecha de cumpleaños no era un dato importante para ellos. Por eso, cuando la Registraduría Nacional quiso identificarlos, y los nativos no tenían idea sobre su natalicio, el funcionario de turno les puso a ojo una fecha.

Con sus edades, Elisa, Emiliano, Ángela y María deberían estar jubilados o, por lo menos, recibir un subsidio regular del Gobierno. Nada de eso ocurre.

Vichada es el territorio de Colombia donde menos se pensiona la gente: solo tres de cada cien adultos mayores están jubilados. Son 126 en la actualidad, según cifras del portal Datos Abiertos. Entre los indígenas, la pensión es un privilegio casi que exclusivo de los etnoeducadores: hay 51 jubilados, 33 de ellos siguen activos.

“El resto de la población indígena no tiene cómo pensionarse —afirma el profesor Rodríguez, de 53 años—. Y culturalmente no ocurre como con la cultura occidental o los blancos, que buscan pensión”.

Cuando jóvenes, quienes hoy son ancianos o están cerca de serlo no pensaban en la jubilación porque no hacía parte de sus usos y costumbres. La tradición era trabajar en el conuco, hacer mañoco y casabe, cazar y pescar o hacer artesanías. Se vivía el día a día porque la naturaleza proveía lo necesario para vivir.

Las cosas están cambiando, para bien y para mal. Ahora hay más empresas en el territorio generando empleo y los jóvenes tienen más facilidades de estudio y formación técnica y tecnológica que les permiten aplicar a trabajos calificados. Así mismo, familias enteras dejan las comunidades para instalarse en los cascos urbanos con el fin de que sus hijos terminen el bachillerato. Y muchos jóvenes, engullidos por la tecnología e internet, han terminado por irse a los centros poblados, alimentando los barrios más pobres.

En esas dinámicas de la vida moderna local, los viejos se quedaron solos.

Una maloca a medio construir en la comunidad Tinajas. Foto: Edwin Suárez.

Subsidios que nunca llegarán

–¿Ustedes reciben el subsidio de adulto mayor?

–No, nada –dice Emiliano.

–¿Y por qué no reciben?

–Yo no sé –responde.

Elisa y Emiliano son candidatos para recibir los subsidios de Colombia Mayor, del Departamento de Prosperidad Social –destinados a “aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la extrema pobreza”, dice el DPS en su página web–. Pero nunca han sido beneficiarios ni aparecen en las bases de datos del gobierno local. Inscribirse ante la Alcaldía implica viajar 130 kilómetros hasta la cabecera municipal en una región en la que el transporte público es deficiente y las vías de tierra están descompuestas. El viaje podría durar una semana, un periplo imposible para ellos.

De los 7.000 ancianos indígenas que, según el DANE, hay en el departamento, solo 1.649 –uno de cada cuatro– reciben el subsidio de Colombia Mayor: 80.000 pesos mensuales los menores de 80 años y 225.000 pesos los mayores de esa edad.

“Es muy probable que existan adultos mayores indígenas en Vichada que cumplen requisitos, pero que no reciben el subsidio debido principalmente a falta de documentos de identidad vigentes, limitaciones de cupos presupuestales y barreras geográficas y culturales en el proceso de inscripción y cobro”, respondió el DPS, dando respuesta a mi solicitud de información.

Desde la Gobernación o las alcaldías la ayuda directa a los adultos mayores es intermitente. La diputada Forero dice que los recursos de la Gobernación son limitados y que la ley pone trabas para inversiones diferentes a proyectos de infraestructura. Solo en Puerto Carreño se destinaron en los últimos años 3.350 millones de pesos para la construcción de un hogar que busca albergar a abuelos desamparados. La obra empezó en abril de 2023 y debía estar lista ocho meses después, pero lleva más de 20 meses de retraso y aún no se termina.

Los municipios, por su parte, gastan buena parte de los recursos destinados a los adultos mayores en los Centros Vida (que les dan alojamiento y alimentación permanente) y los Centros Día (en los que cuentan solo con alimentación y entretenimiento durante el día). Cumaribo invierte anualmente cerca de 840 millones en estos centros, mientras que Puerto Carreño, unos 1.120 millones.

Las ONG han intentado llenar el vacío que deja el Estado, entregando mercados o brindando asistencia médica a los ancianos. Durante los últimos años, la Pastoral Social del Vicariato de Puerto Carreño ha servido de operador para ejecutar estos programas en la capital vichadense. Sin embargo, todos estos servicios benefician principalmente a quienes viven en las cabeceras municipales. A los adultos mayores que habitan los bosques y las sabanas de Vichada rara vez les llegan estas ayudas.

Condenados al olvido

El día avanza en Tinajas, el sol arde en lo alto sobre las malocas de la comunidad. La tierra exhala un vapor que desdibuja el horizonte. Emiliano ayuda a Elisa a levantarse de la silla. Toc, toc, toc. Su bastón vuelve a buscar el camino que sus pies conocen, pero sus ojos ya no ven. Caminan lentamente hacia su casa, mientras la olla con los restos de yucuta espera para convertirse, una vez más, en la cena. Mañana será otro día idéntico a este. Otro día de hambre silenciosa en una tierra que bien podría alimentarlos, pero que los ha condenado al olvido. Toc, toc, toc. Son los últimos sonidos que quedan cuando las palabras sobran.

Esta investigación periodística fue realizada con apoyo de la Beca Relatos de Región: periodismo local que explica Colombia. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del autor.