Organizaciones y movimientos sociales, denuncian falta de garantías en el marco de las movilizaciones realizadas durante el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así mismo, piden que se adelante un proyecto de ley que les ofrezca garantías para la protesta social y se inicien las investigaciones pertinentes respecto a los hechos que atentaron en contra de los derechos humanos.
Diversas organizaciones y movimientos sociales salieron a las calles el pasado 08 de marzo, como en años anteriores, para poner en el debate público los avances logrados por las mujeres y feministas, así como los desafíos y barreras que persisten en la búsqueda por el trabajo digno y una vida libre de violencias. Bajo este marco, en las ciudades como Bogotá, Medellín, Ibagué y Bucaramanga se presentaron denuncias sobre hechos que intimidaron o estigmatizan a quienes se manifestaron.
Bogotá
En la capital del país se denunció que durante la movilización en la Plaza Bolívar hubo un trato represivo, falta de rutas de evacuación, pocas garantías de seguridad a las manifestantes, y presencia excesiva de personal efectivo de La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden -UNDMO-, antiguamente conocido como Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-.
En un comunicado publicado por el movimiento “Somos un rostro Colectivo», señala una alta presencia policial de la -UNDMO-, donde se reportan acciones hostigantes y provocadoras por parte de la policía, sin intervención de otras entidades. Indican también que se registraron ataques por parte de los uniformados, incluyendo el apuntar armas de teaser y actos de acoso sexual contra defensoras de derechos humanos, generando una alerta de intervención policial ante cualquier mínima acción.
La organización denuncia decisiones de sabotaje por parte de las autoridades, como bloquear accesos acordados, limitar la capacidad lumínica y provocaciones policiales. Antes del lanzamiento de bombas aturdidoras, hubo un enfrentamiento entre manifestantes y policías debido a la intervención abrupta de estos últimos.
Ante estos hechos generados, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció, argumentando que dentro del proceso tuvieron dos fallas: “Uno, que la iluminación de la Plaza de Bolívar ha tenido problemas desde enero, gradualmente, y no se ha resuelto por un corto circuito; no fue de esa noche, desde antes tenía problema la iluminación» y que «la plaza tiene ocho entradas y de esas cuatro estaban cerradas, repito, no esa noche específica sino desde días anteriores”. También, aseguró que las decisiones en el momento “las toma el policía en terreno según el marco legal cuando considera que hay un riesgo a su integridad o a otras personas. Eso está sujeto a ser revisado evidentemente”.
También en el comunicado del colectivo, se expresa en el final que “luego de la marcha han circulado versiones incorrectas, contradictorias y estigmatizantes por parte del Alcalde Mayor Carlos Fernando Galán y cuentas oficiales de sus secretarías”.
El presidente de la República Gustavo Petro se pronunció por medio de su cuenta oficial de Equis, anunciando que desde el viernes le pidió a la Policía Nacional iniciar las investigaciones pertinentes, puesto que “la movilización social no puede ser objeto de ningún tipo de violencia».
Desde el viernes le pedí a la @PoliciaColombia iniciar las investigaciones pertinentes. La movilización social no puede ser objeto de ningún tipo de violencia. https://t.co/J4kYT82Bsu
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 10, 2024
Medellín
El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de Equis, publicó un videoclip donde expone a manifestantes con el siguiente enunciado: “Esto nada tiene que ver con reivindicación de derechos de las mujeres. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de mujeres no se sienten representadas en quienes cometen estos actos vandálicos. Deben pagar por los destrozos. He pedido a la @PoliciaColombia que intervenga e identifique a las personas responsables de los daños a las estaciones del sistema de transporte en Medellín.”
Acto seguido, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de la ciudad difundieron un cartel con las fotos de ocho mujeres señaladas como presuntas responsables de daños a la infraestructura pública y privada.
Por su parte, Objetivo Libertad”, campaña que agrupa a distintas víctimas de montajes judiciales, familias y organizaciones defensoras de derechos humanos”, denuncia que “la individualización y perfilamiento al que está siendo sometidas diferentes jóvenes al ser expuestas por Federico Gutiérrez” podría “poner en riesgo la integridad y la vida de quienes se movilizaron”. Mientras tanto las imágenes de las mujeres siguen rondando por los diferentes medios de comunicación y redes sociales.
Por otro lado, La Fundación Para La Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques contra la prensa ocurridos en Medellín y hace un llamado: “Para que la Policía Nacional dé instrucciones claras a los funcionarios que participan en los operativos de estas manifestaciones para que garanticen la labor de la prensa” (…) “y a los y las líderes y convocantes de las manifestaciones a rechazar públicamente todo tipo de violencia contra la prensa, con el fin de prevenir este y otro tipo de agresiones”.
Ibagué y Bucaramanga
Estas dos ciudades tampoco fueron la excepción puesto que, Flor Múnera, defensora de Derechos Humanos -DDHH- y lideresa social de Ibagué, fue agredida por un particular que la golpeó con una varilla en una de sus piernas cuando defendía a un grupo de mujeres manifestantes de un sujeto que intentó golpearlas.
Y en Bucaramanga se denuncia que el alcalde Jaime Beltrán realizó declaraciones estigmatizantes contra los y las manifestantes, llamando a la “judicialización por la vandalización de bienes públicos”.
Como alcalde soy garante y respetuoso de cualquier manifestación que se realice en la ciudad, lo que no puedo permitir es que se vandalicen los bienes públicos que mantenemos con la plata de todos los bumangueses.
Le solicito a la @PoliciaBmanga que adelante las investigaciones… pic.twitter.com/kboqusE3sq
— Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) March 8, 2024
Ante estos hechos, las organizaciones sociales instan a la adopción de una Ley Estatutaria que asegure las garantías para la protesta social y la manifestación pública, proporcionando un marco adecuado para la actuación estatal frente a este derecho fundamental. Se exhorta a los congresistas a avanzar en esta materia, en cumplimiento del mandato del Acuerdo Final de Paz, las decisiones de las Altas Cortes y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CDIH- que aún no se han concretado.
