Los municipios de Mesetas y Uribe al sur del departamento del Meta, han sido históricamente zonas de combate entre diferentes actores armados que operan en el territorio. La comunidad ha tenido que convivir a lo largo del tiempo con grupos delincuenciales como la guerrilla de las FARC y los Paramilitares que no sólo atentan contra la integridad de sus campesinos y campesinas, sino que además acaban con la biodiversidad y la riqueza ecosistémica de su territorio.
La Defensoría del Pueblo advirtió en la Alerta Temprana número 026-2020 emitida el pasado 19 de junio, que de llegarse a presentar una incursión simultánea a estos municipios por parte de los frentes 1, 7 y 40 de las disidencias de las FARC, las autodefensas Gaitanistas de Colombia o el Bloque Meta, quienes son los que asedian de manera permanente a estas comunidades; se verá afectada toda la población civil, que incluye a grupos vulnerables como comunidades indígenas presentes en la zona, niños y niñas, adultos mayores, líderes y lideresas que trabajan a diario para que no se arrecie el conflicto armado en estos territorios. De ser así, aumentará el nivel de violencia, ataques armados, violación de derechos humanos, intimidaciones y actos delictivos en contra de las comunidades que siempre han sido víctimas, aún después de la firma del acuerdo de paz.
Por otra parte, la Alerta Temprana también advierte que los grupos armados han permeado los espacios propios de participación comunitaria de los que hacen parte los campesinos y campesinas en sus municipios. Los líderes comunales han sido amedrentados para que de alguna manera apoyen o faciliten desde sus cargos el actuar delincuencial y los grupos armados aumenten su poderío a través de las intimidaciones.
A través del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, la institución ha hecho una labor de seguimiento a las amenazas a lo largo del tiempo, en contra de estas organizaciones y personas que trabajan en los municipios históricamente víctimas del conflicto. ”Hemos emitido 108 alertas, donde se advirtieron factores de riesgos y vulnerabilidad para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, del 1 de enero de 2017 al 1 de junio del 2020”, afirmó Carlos Negret, Defensor del Pueblo.
El ente defensor hizo un llamado de atención urgente a todas las instituciones del sector público, de todas las instancias municipales, departamentales y nacionales, para que aceleren su plan de acción enfocado a la atención de la emergencia humanitaria que se está presentando en estos territorios en donde la comunidades vulnerables, e incluso los excombatientes, personas que ya dejaron las armas y han vuelto poco a poco a la vida civil a través de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) están en la mira de los grupos armados.
“Por eso continuaremos trabajando arduamente a nivel nacional y territorial para que el Gobierno nacional fortalezca sus políticas públicas y locales, y en ello hemos sentido el respaldo del Gobierno pero tenemos que redoblar nuestros esfuerzos”, afirmó Negret.
