Defensoría del Pueblo advierte ola de violencia en el departamento del Guaviare

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana en los municipios de  Calamar, Miraflores, El Retorno y San José, debido a una serie de acciones violentas de las que han venido siendo objeto los habitantes de dichas zonas.

La emisión de Alerta, se da por hechos ocurridos en los dos primeros meses del año y la primera semana de abril, donde se registraron varios casos de violencia en las zonas rurales de los municipios mencionados en el departamento del Guaviare.

La situación fue atribuida a la disputa que se viene presentando por la división entre integrantes del Frente Primero Armando Ríos. Los eventos de violencia corresponden a nueve homicidios, un sinnúmero de amenazas y desplazamientos; la renuncia o abandono del cargo de miembros de las Juntas de Acción Comunal de estas poblaciones, extorsiones y afectaciones a menores de edad.

Hechos que atemorizan a la población

Los primeros hechos ocurrieron en el casco urbano de San José -todos en un mismo día-, donde una persona fue asesinada, un joven fue víctima de un atentado con arma de fuego y un vehículo del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- por poco es incinerado. También circuló un panfleto de quienes se autodenominan Frente Primero Armando Ríos Marquetalia Bolivariano, en el que son amenazados y declarados como objetivo militar algunos miembros de la población.

Así mismo, la división en dos bandos de este frente de las disidencias de las Farc ha generado que niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas y campesinas sean blanco de reclutamiento forzado. Bajo engaños o con métodos persuasivos, como préstamos de dinero, trabajo remunerado, relaciones amorosas, entre otros, son añadidos en sus filas.

Frente a esto, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis, mencionó, que “Esta práctica, de manera lamentable, está en aumento, son muchos los casos de reclutamiento forzado. Las familias de las víctimas no pueden denunciar, si lo hacen se arriesgan a perder su vida y sus bienes. Como reina el silencio, se desconoce el número real de afectados por este flagelo”.

La Defensoría del Pueblo, explicó que pudo conocer y verificar en el transcurso de las últimas semanas estos hechos de violencia, debido a que el Guaviare es un departamento con vastas extensiones de selva que dificultan su acceso, con población distante y casi nula comunicación.

Ante la separación de la estructura insurgente Frente Primero Armando Ríos y su confrontación con el grupo resultante conocido como Frente Armando Ríos Marquetalia Bolivariano, es posible que se incrementen las transgresiones masivas de los derechos humanos. Por lo que el Defensor del Pueblo, manifestó su preocupación “estas acciones criminales han desencadenado graves afectaciones a la integridad, vida, libertad y seguridad de los habitantes de esta región del país, y posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

Actores involucrados

Esta situación sigue poniendo en peligro a campesinos, indígenas, menores de edad, jóvenes, líderes y lideresas sociales; defensores y defensoras de derechos humanos, población firmante en proceso de reincorporación, como también a servidores públicos, personas que promueven y ejecutan proyectos de cooperación internacional y misiones humanitarias.

Camargo, destacó la buena voluntad del Gobierno Nacional con relación al avance de un proceso de paz total y espera que se pueda concretar muy rápidamente, por eso mismo, exhortó a las disidencias de las Farc a que cumplan sus compromisos como grupo ilegal firmante del cese al fuego, decretado por el Gobierno a comienzos de año.

Así mismo la Defensoría del Pueblo pide actuar con celeridad al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, Gobernación del Guaviare, alcaldías de los municipios afectados, Unidad para las Víctimas, Unidad Nacional de Protección -UNP-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, entre otras entidades, que son responsables y encargadas de salvaguardar a la población civil.