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Curul de paz en Meta y Guaviare bajo revisión por presunta inscripción irregular de cédulas
El Tribunal Administrativo del Meta le requirió al Consejo Nacional Electoral -CNE- respuestas claras por presunto incumplimiento de un fallo de tutela que ordena investigar la supuesta inscripción irregular de cédulas en el departamento del Guaviare, lo que favorecería al candidato que ganó la curul de paz, Alejandro Castillo.
En un incidente de desacato, radicado por la Asociación Red de Mujeres Vereda La Y -ASOYERURAL-, se denuncia que el CNE expidió un acto administrativo que sólo «simula cumplir la orden judicial», pero que en realidad no resolvió de fondo las denuncias de supuesta trashumancia electoral, es decir, lo que se conoce comúnmente como trasteo de votos.
Esto, tras una tutela fallada el 03 de marzo por el mismo Tribunal Administrativo del Meta donde se le ordena al CNE que en un máximo de dos días tome una decisión de fondo sobre esta situación.
Según esta organización, que avaló a la candidata Viviana Palacios para competir por curul de paz del Sur del Meta y Guaviare, esta omisión permitió que «las personas cuyas cédulas fueron cuestionadas por posible trashumancia ejercieran el derecho al voto» sin que se realizara la depuración del censo electoral antes de los comicios.
Las cifras que rodean esta elección son calificadas como alarmantes por organizaciones civiles. Alejandra González, profesional del equipo de incidencia de la Corporación Justicia y Democracia documentó un «crecimiento atípico del censo electoral«, en el Sur del Meta y Guaviare, que saltó de 34.543 votantes en 2022 a 47.650 en 2026.
Además, también se había realizado otra denuncia anónima desde el 15 de enero de este año donde se detallan incrementos inverosímiles en puestos rurales de Guaviare; por ejemplo, el puesto de Agua Bonita – Sede Bocas Santo Domingo pasó de 170 inscritos en 2022 a 2.789 en 2026
Este fenómeno Alejandra lo ve como una «cooptación por parte de maquinarias políticas tradicionales, lo que desvirtúa el propósito original de estas curules, que es la representación política exclusiva y cercana de las víctimas, que entienda las particularidades del territorio»
Por su parte, Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral -MOE-, ha señalado un vacío legal que habría facilitado estas maniobras: «legalmente no hablamos de fenómenos de trashumancia electoral» cuando el movimiento de votantes ocurre dentro del mismo municipio, un «gris» normativo que no se contempló al diseñar las Curules de Paz.
Diego expone que, no existe un sustento jurídico claro para que el CNE revise si la ciudadanía «sencillamente están moviendo personas de las cabeceras municipales a territorios rurales» Ante este escenario, el Tribunal ha ordenado al CNE que, en un término de dos días, que vencen mañana 12 de marzo, profiera una «decisión de fondo en el proceso administrativo que adelanta por la presunta inscripción irregular de cédulas«.
La justicia advierte que, aunque las elecciones ya pasaron, la autoridad electoral tiene la obligación de determinar si existió fraude para garantizar los derechos a la participación política e igualdad de las víctimas en el Sur del Meta y Guaviare.
Lea también: La maquinaria que gana la curul de paz en Meta y Guaviare
Diego expone que, no existe un sustento jurídico claro para que el CNE revise si la ciudadanía «sencillamente están moviendo personas de las cabeceras municipales a territorios rurales» Ante este escenario, el Tribunal ha ordenado al CNE que, en un término de dos días, que vencen mañana 12 de marzo, profiera una «decisión de fondo en el proceso administrativo que adelanta por la presunta inscripción irregular de cédulas«.
La justicia advierte que, aunque las elecciones ya pasaron, la autoridad electoral tiene la obligación de determinar si existió fraude para garantizar los derechos a la participación política e igualdad de las víctimas en el Sur del Meta y Guaviare.
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