Suspender el uso de escopetas del ESMAD, disculpas del Ministro de Defensa por abusos de autoridad y neutralidad del Gobierno sin estigmatización, son parte de las exigencias del alto tribunal.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia aceptó una tutela presentada por varios ciudadanos en la que manifiestan que el Gobierno y el ESMAD han empleado «sistemáticas agresiones» que amenazan su derecho a manifestarse y que limitan sus opciones para protestar y cuestionar al Gobierno, de manera pacífica y no destructiva.
Dentro de esta decisión, la Corte ordenó la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por el Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD, neutralidad por parte del Gobierno Nacional –incluida la no estigmatización de quienes protestan–, la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del Ministro de Defensa, Carlos Holmes, por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.
De esta manera, la Corte protegió los derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica y no violenta, y censuró «todas las formas violentas e irracionales de formular reclamos para la protección de derechos».
Sin embargo, en este fallo para la Corte no fue posible tener en cuenta los hechos del pasado 9 y 10 de septiembre, días en los que se presentaron supuestos disparos indiscriminados por parte de la Policía a manifestantes durante las manifestaciones, ya que estas situaciones no están dentro de la tutela que se presentó inicialmente.
En la tutela aprobada, los accionantes reclamaron la protección de sus derechos a la protesta pacífica, la participación ciudadana, la vida, integridad personal, libertades de expresión, reunión, debido proceso, circulación y movimiento, al parecer, amenazadas por la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, entre otros.
Luego de revisar las pruebas que anexaron los ciudadanos -entre los que están líderes de opinión, docentes, estudiantes, entre otros- en la tutela, la Corte confirmó que el Gobierno y la Policía vulneraron los derechos a la protesta libre y pacífica, ante las actuaciones arbitrarias y violentas para dispersar las manifestaciones.
El alto tribunal coincidió también en que el Gobierno procedió excesivamente con el uso de armas letales y químicas, y ha detenido de forma arbitraria, ilegal o abusiva a los que ejercen su derecho a la manifestación. Además, ha generado ataques contra la libertad de expresión y de prensa en estos eventos.
La Corte analizó la pluralidad de víctimas de agresiones en medio de protestas, así como una relación de ataques a las manifestaciones -que no son aislados-, para tomar la decisión. Así, basándose en el Derecho internacional de los Derechos Humanos, y el Derecho Penal Internacional, dijo que en Colombia se puede evidenciar una sistematicidad en la represión a las protestas pacíficas.
