El ente de control imputó responsabilidad fiscal correspondiente a 920.646 millones de pesos por el detrimento de recursos públicos de Bioenergy S.A.S, Bionergy Franca S.A.S y Ecopetrol, por las inversiones para terminar la construcción de la Planta ‘El Alcaraván’, que se dedicaría a la producción del etanol en el Meta.
La planta de etanol de Bioenergy en el municipio de Puerto López es uno de los proyectos más importantes de Ecopetrol pero quizá también uno de sus mayores fracasos. Además de la millonaria multa impuesta, la Contraloría General de la República, concluyó que, a pesar de la inviabilidad financiera del proyecto, se dio continuidad a su construcción, pagando aproximadamente 434 millones de dólares más respecto del caso de negocio presentado en octubre del 2011.
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Recordemos que el proceso de contratación para construir esta planta inició en junio de 2010, cuando se acordó con la empresa española Isolux Ingeniería S.A -con fama y antecedentes cuestionables- llevar a cabo esta obra. El plazo para su ejecución era de 22 meses, es decir empezaría a funcionar en abril o mayo de 2012. Pero el 8 de abril de 2014, después de firmar 6 otrosíes, Bioenergy Zona Franca decidió terminar el contrato y pactar con el Consorcio Menegua, el 18 de julio de 2014, la realización del componente industrial de la planta. Luego, la empresa firmó un contrato de interventoría con el Consoricio Applus en septiembre del mismo año.
Finalmente, la planta fue terminada en 2017, después de siete años de su planeación y una millonaria suma invertida, con una capacidad de producción de etanol de 504 mil litros al día. Sin embargo, solo fue usada 73 días en 2017, 97 en 2018 y 98 en 2019, es decir, durante estos años se produjeron 131.209.887 litros.
En ese sentido, el ente de control determinó que sin haber consolidado el proyecto agrícola con la siembra de la caña necesaria para ser utilizada en la planta de etanol, e incluso, sin que se hubiera obtenido la variedad óptima, se adelantó la ejecución del recurso público para la construcción de la planta, invirtiendo dineros adicionales que generaron una pérdida de la inversión por el orden de 1,43 billones de pesos, que corresponde al valor de las capitalizaciones realizadas a Bioenergy Zona Franca S.A.S, para la ejecución del proyecto industrial.
“Esta situación, que unida al deficiente desarrollo del componente agrícola, originó que no se diera la productividad esperada, por cuanto Bioenergy S.A. y Bioenergy Zona Franca S.A.S. se encuentran en liquidación, lo que hace imposible obtener los flujos de recursos que permitan su recuperación”, dice el comunicado de la Contraloría General de la Nación.
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Los imputados
Dada la situación, a través del Auto No.1481 del 17 de septiembre de 2021, la Contraloría Delegada Intersectorial No. 6 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, contra:
- Jaime Leonardo Flórez Muñoz, gerente general de Bioenergy Zona Franca S.A.S (2009-2012).
- Aleck Remberto Santamaria de la Cruz, gerente general de Bioenergy Zona Franca S.A.S (2012-2015).
María Elena Velásquez Restrepo, Juan Felipe Munera Yepes, María Cristina Gloria Inés Cortes Arango, Myung – Ho Lee y Claudia Castellanos Rodríguez en su calidad de miembros principales de la Junta Directiva, también fueron imputados.
Además, informó el ente de control, se archivó la investigación de Juan Carlos Roa Márquez y la firma española Isolux Ingeniería S.A., quienes eran señalados como los presuntos responsables, frente a los cuales se surtirá el grado de Consulta.
