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Comunidades exigen justicia por asesinato de líder indígena en Puerto Gaitán, Meta

La muerte de William Gaitán ha generado rechazo de comunidades, autoridades y organizaciones indígenas. El crimen ocurre en un municipio marcado por conflictos de tierras, expansión menonita y extractivismo petrolero.
William Gaitán, reconocido líder indígena del pueblo Sikuani y gerente de la IPS Indígena Matsuludani, fue asesinado en inmediaciones del río Muco, en el sector de Plana, vía que conecta a Puerto Gaitán con la vereda Cristalina, el 13 de julio de 2025. Según versiones recogidas por autoridades indígenas, dos personas en motocicleta se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. 

La noticia ha generado conmoción entre las comunidades indígenas, organizaciones sociales y autoridades que exigen una investigación inmediata. William, quien también se desempeñaba como consejero de salud de la Asociación Indígena UNUMA y fue cabildo gobernador del resguardo Domo Planas, era considerado un defensor de los derechos colectivos, la salud y el territorio de los pueblos indígenas del municipio.

La Asociación Indígena UNUMA – Asounuma, que agrupa a autoridades y líderes de los pueblos Sikuani, Piapoco, Sáliba y Cubeo, expresó su dolor e indignación por la pérdida de quien consideran un pilar de las luchas comunitarias. En un comunicado, reiteraron su compromiso con la memoria, el bienestar y la defensa colectiva de los territorios.

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William Gaitán. Foto: cortesía Asociación Indígena UNUMA.
Desde la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán también se rechazó el hecho violento, calificándolo como una grave violación a los derechos humanos y un atentado contra la paz y la convivencia ciudadana. Las autoridades informaron que ya se adelanta una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Por su parte la Asociación de Cabildos Indígenas del Meta -ACIM- denunció que en Puerto Gaitán persisten amenazas contra autoridades indígenas, relacionadas con procesos de reclamación de tierras y el ejercicio del gobierno propio, especialmente en el contexto de la Minga UNUMA por la Vida. La organización reiteró su rechazo ante lo que considera un crimen atroz que busca silenciar la lucha por la autonomía de los pueblos originarios.

La Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- se sumó al llamado de justicia, señalando que el asesinato de Gaitán no solo enluta a una comunidad, sino que representa un golpe a la estructura organizativa indígena. Exigieron al Estado colombiano la judicialización de quienes sean responsables, medidas de protección urgente para los liderazgos indígenas en riesgo, y garantías efectivas de seguridad en línea con los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos.

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Puerto Gaitán ha sido escenario de múltiples conflictos sociales. Por un lado, la expansión de colonias menonitas, que han adquirido grandes extensiones de tierra en zonas tradicionalmente indígenas y campesinas, ha generado disputas por el territorio ancestral y los recursos naturales.

Por otro lado, la presencia de pozos petroleros ha transformado las dinámicas económicas, sociales y ambientales del municipio, generando tensiones con las comunidades que denuncian contaminación, despojo y el incumplimiento de acuerdos y compensaciones. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ-, los grupos armados que actúan en la zona son AGC/Clan del Golfo, Frente 39 Arcesio Niño del Bloque Amazonas y bandas locales. En Colombia este año han asesinado a 86 líderes, lideresas sociales defensores y defensoras de derechos humanos. 
Se han llevado a cabo desalojos, despojo y desprotección estatal. Una de las comunidades indígenas sikuani, llamada Barrublia, está habitando el polideportivo del casco urbano de Puerto Gaitán desde el 12 y 13 de junio del 2024 según denunció la Comisión Nacional de Territorios Indígenas -CNTI-. 

El asesinato de William Gaitán se presenta días después del congreso nacional indigena de la ONIC al que asistieron más de 4000 indígenas provenientes de todo el país. En medio del duelo, las comunidades exigen verdad, justicia y garantías para seguir defendiendo la vida, la autonomía y los derechos que históricamente les han sido negados.

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