Colombia sigue apostando a la defensa de los derechos humanos, la dignificación de la vida y el cumplimiento de los Acuerdos pactados en 2016.
De acuerdo a las cifras que reportan víctimas a raíz del conflicto armado, las protestas realizadas en el marco del Paro Nacional en 2021, denuncias por violencia de género desde distintos contextos y el Acuerdo de Paz firmado en el año 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó un informe anual en 2022, ofreciendo de manera detallada un análisis que enfoca principalmente los Derechos Humanos y la violencia territorial.
Según el informe, las alegaciones recibidas de homicidios correspondieron a 116 casos verificados, 140 casos no concluyentes y 128 en masacres, convirtieron al 2022 en uno de los años con más masacres verificadas registradas, siendo Putumayo, Valle del cauca, Antioquia, Arauca, Cauca, Nariño y Chocó, los departamentos principalmente afectados.
La ONU a través de su informe “Violencia Territorial: Recomendaciones para el nuevo Gobierno”, expone los diferentes tipos de violencias y control que los grupos armados están ejerciendo en 156 municipios, refiriendo a su vez, que la ejecución de funciones pertenecientes al Estado, está siendo efectuada por actores armados.
Durante los primeros dos meses del año 2023, la Defensoría del Pueblo generó una alerta temprana en los municipios de Cubarral, El Castillo y Lejanías en el departamento del Meta como consecuencia de la disputa generada entre grupos armados de la zona.
“La Alerta Temprana Estructural 004 deja en evidencia que dentro de la población en riesgo están las víctimas del conflicto armado y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por el riesgo de reclutamiento forzado. También reclamantes de tierras y segundos ocupantes, líderes y lideresas comunales, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, a los que se suman integrantes de organizaciones sociales, campesinas y comerciantes”, infirió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
De acuerdo a los hechos violentos, el Gobierno Nacional brindó como respuesta la conformación de la política “Paz Total”, que tiene como fin el fortalecimiento del Acuerdo, dando apertura a diálogos con grupos armados y el nuevo enfoque de seguridad humana. Sin embargo, este proceso de diálogos ha presentado inconvenientes con los diversos grupos que, por ejemplo, en el caso de Meta, Guaviare y Caquetá, levantaron el cese.
“El documento puntualizó que la decisión de suspender los efectos del Decreto 2656 de 2022, se tomó luego de una reunión con delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad, donde se reconocieron las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y agresiones a los que se han visto expuestos los pueblos indígenas. La decisión será efectiva en las próximas horas de acuerdo con lo expresado por el mandatario. El Decreto había estado activo desde el 01 de enero de 2023”, indica el artículo “Se suspende el Cese al Fuego con el Estado Mayor Central de la FARC en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo”, respecto a hechos de reclutamiento forzado.
Leer artículo completo en: https://elcuartomosquetero.com/se-suspende-el-cese-al-fuego-en-caqueta-guaviare-meta-y-putumayo-las-comunidades-indigenas-exigen-respeto-a-su-integridad/
Según Pablo Parrado, integrante de COSCOPASS, apenas se dio el aviso del rompimiento del cese al fuego en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, la coordinadora de COSCOPASS convocó a una cumbre nacional de líderes en San Vicente del Caguán, desarrollada el 05 y 06 de junio, a la que asistieron diferentes organizaciones y líderes del territorio, con el fin de ratificar la petición de un cese al fuego que permita a los territorios tener las condiciones para poder sustentar un proceso de paz.
Actualmente, la implementación de los Acuerdos ha tenido aspectos positivos como la firma y pacto con la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) por compra de terrenos; la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI), y el nuevo comienzo de espacios de participación para la construcción del Plan de Desarrollo, por ejemplo. No obstante, en materia de violencia territorial, seguridad y derechos humanos, sigue siendo necesario el refuerzo en medidas de prevención y protección.
“Los primeros hechos que ocurrieron en el casco urbano de San José -todos en un mismo día-, donde una persona fue asesinada, un joven fue víctima de un atentado con arma de fuego y un vehículo del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- por poco es incinerado. También circuló un panfleto de quienes se autodenominan Frente Primero Armando Ríos Marquetalia Bolivariano, en el que son amenazados y declarados como objetivo militar algunos miembros de la población”, refiere el artículo “Defensoría del Pueblo advierte ola de violencia en el departamento del Guaviare”, frente a los hechos violentos. El texto completo pueden encontrarlo en: https://elcuartomosquetero.com/defensoria-del-pueblo-advierte-ola-de-violencia-en-el-departamento-del-guaviare/
Durante los primeros tres meses del 2023, en Mesetas (Meta), las amenazas por parte de disidentes afectaron alrededor de 200 familias, obligándolas a desplazase del Espacio de Reincorporación Mariana Páez, perturbando no solo la tranquilidad, sino también el sector educativo que allí se adelantaba. Adicionalmente, el Instituto para los Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), registró el asesinato de 40 líderes sociales en lo corrido de los cuatro meses, siendo los líderes comunales la población más vulnerada con 11 asesinatos.
En zonas poco frecuentados por el Estado, los actores armados además de atentar contra líderes, lideresas, afrodescendientes e indígenas, han impartido reglas que incluyen la prohibición de rituales, reuniones comunitarias y eventos habituales, lo que ha llevado a que dichas autoridades tradicionales dejen de realizar sus actividades, generando desprendimientos culturales que afectan directamente sus prácticas, especialmente a las mujeres cuidadoras y parteras.
La prohibición de cualquier rito que limite la libre personalidad, expresión y cualquier forma de demostración cultural, es una violación innegable a los derechos humanos, teniendo en cuenta los artículos 3, 13, 17, 18, 19 y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es por eso que, tras el registro de cifras y hechos hasta aquí mencionados, es importante analizar lo que en materia de derechos se está presenciando en Colombia, para exhortar al Estado y entes reguladores ante la falta de garantías, implementación de reformas, inversión social y articulación de acciones locales para responder ante el conflicto. Además, se realiza un llamado a los grupos armados a respetar no solo los derechos humanos, sino también el derecho internacional humanitario cuando este sea ejecutable.
La necesidad de un cese al fuego y negociaciones entre grupos armados y el Estado, es lo que las comunidades sugieren al gobierno nacional, ya que como afirma don Pablo, cuando esto sucede, los escenarios de violencia disminuyen y los derechos humanos no se ven afectados en gran medida. Desde los territorios afectados por la violencia, se espera un proceso de paz incluyente donde haya una participación directa de las comunidades tanto del Sistema de Monitoreo y Verificación, como en la Mesa de Diálogos.
Por: Lina María Hurtado
