Colectivos y organizaciones de derechos humanos buscan frenar la impunidad corporativa

El colectivo de abogadas y abogados José Alvear Restrepo -Cajar- junto con organizaciones de derechos humanos, presentaron ante el Congreso de la República el Tratado Vinculante, un instrumento internacional jurídico que busca regular las acciones de las transnacionales, para garantizar la protección de los y las trabajadoras, los territorios y las comunidades donde ejecutan labores.

La construcción del instrumento jurídico inició cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció en 2014 un Grupo de Trabajo Intergubernamental, para desarrollar una herramienta legal que permita:

● La responsabilidad jurídica empresarial a lo largo de las cadenas globales de valor y suministro empresarial.

●Sanciones a los responsables de las violaciones de los derechos humanos.

●Mecanismos para acceder a la justicia para las comunidades afectadas, en especial las mujeres, la infancia, los pueblos indígenas y afrodescendientes.

●La existencia de escenarios de cooperación judicial entre Estados para iniciar y llevar a cabo investigaciones, procedimientos judiciales, eficaces, rápidos, exhaustivos e imparciales para todas las reclamaciones cubiertas por el Tratado.

Cabe resaltar que la iniciativa de crear el acuerdo legal y presentarlo ante el Gobierno Nacional, surge gracias a la participación ciudadana, la movilización global y la incansable exigencia de las comunidades afectadas por el poder corporativo, ante la ausencia de normas internacionales para enfrentar las violaciones de los derechos humanos que ocurren como consecuencia de la actividad empresarial en Colombia.

Reconociendo la necesidad de proteger a la ciudadanía de los vacíos legales de las compañías, se dio lugar del 29 al 31 de marzo, en la ciudad de Bogotá, una gran jornada que articuló la reflexión académica, el trabajo territorial y la incidencia de las decisiones sobre la importancia de regular a las corporaciones.

El primer evento fue el foro, “¡Suficiente! Frenemos la impunidad corporativa”, realizado el día 29 de marzo en la Universidad Autónoma, que tuvo como fin conocer a partir de experiencias internacionales el papel de las corporaciones transnacionales en las vulneraciones y violaciones de los derechos humanos, así como las limitaciones de las regulaciones voluntarias para enfrentar el poder corporativo y el acceso a la justicia.

En este espacio también se hizo la entrega de las firmas ciudadanas a los representantes del gobierno, avalando la solicitud de las organizaciones defensoras, para que el Estado impulse el tratado. “7.975 firmas son razones para que el gobierno impulse el proceso hacia la materialización del Tratado Vinculante”, afirmó Yessika Hoyos Morales, abogada de -Cajar- y vocera de la campaña Dulce Veneno.

Seguido a esto se dio una audiencia pública en la Cámara de Representantes, el día jueves 30 de marzo, donde se expuso la necesidad de crear el Tratado Vinculante.

Finalmente, el 31 de marzo, se trabajó en mesas temáticas que reunieron a las comunidades y a las y los invitados internacionales para avanzar en el diseño de una ruta política y legal que conduzca a la adopción de un marco normativo sobre empresas y derechos humanos en Colombia. Toda la jornada tuvo la intención de explicar a la sociedad civil, a los y las congresistas y a funcionarias y funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro la necesidad de incorporar el Tratado Vinculante.

El coordinador de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas -CSA- puntualizó la importancia de un papel más activo de los gobiernos de América Latina y el Caribe, especialmente Brasil, Colombia, Honduras y Chile, “para avanzar en un tratado que contenga las aspiraciones de los países del sur global para contener el poder de las corporaciones y garantizar la soberanía”.

Escrito por: Jérrika Aguilar

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