El pasado 02 de noviembre, la Asociación de Campesinos y Trabajadores de la Región del Río Guayabero – Ascatragua junto a la Guardia Ambiental y Campesina de la Región del Río Guayabero, publicó un comunicado denunciando la continuación de operativos de erradicación forzada, estigmatización y violencia por parte de la Fuerza Pública al campesinado que subsiste del cultivo de la hoja de coca, pese a que el presidente Gustavo Petro había declarado detener estas acciones y establecer procesos de diálogo.
“Siguen los atropellos y violaciones a los Derechos Humanos, violencia sistemática a la población civil y siguen las erradicaciones indiscriminadas y por la fuerza, de los cultivos de coca (economía de subsistencia de los campesinos de esta región), hechos que se le demostraron a la Ministra de Medio Ambiente con videos y fotografías en la pasada reunión de líderes sociales realizada en Villavicencio”, anota el comunicado.
El 03 y 04 de noviembre, según denunció la comunidad, el Ejército llegó a la vereda Yarumales del municipio de La Macarena para continuar con los operativos de erradicación forzada. Al parecer, los militares provenían de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 1 y 3 de La Macarena, desde donde estarían recibiendo las órdenes de avanzar con los operativos.
Sumado a lo anterior, el pasado 10 de octubre, en la vereda Alto del Avión, de Vista Hermosa, Meta, los militares llegaron a una casa y la destrozaron. Además, según el comunicado de Ascatragua, fuera de los operativos, se han presentado “patrullajes aéreos, soldados encapuchados y vestidos de negro sin distintivos que los acrediten como miembros de la Fuerza Pública quienes atemorizan a la población civil y crean un ambiente de incertidumbre e inseguridad en los territorios”.
Recientemente, Ezequiel, vocero de la comunidad, señaló que, las y los pobladores tienen absoluta voluntad de erradicar sus cultivos de coca, pero necesitan garantías para sustituir esa actividad económica por una lícita. El 01 de noviembre, durante los Diálogos Regionales Vinculantes que se llevaron a cabo en Villavicencio, el campesinado del Meta, Guaviare y Caquetá, conversó con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa, y se pactó que, en este nuevo Gobierno, se detendrían las erradicaciones forzadas y las aspersiones con glifosato en los predios de las y los campesinos y se buscaría una sustitución voluntaria.
El Gobierno está considerando la erradicación forzada únicamente para los monocultivos, pero “nosotros los campesinos tenemos claro que lo que es Meta, Caquetá y Guaviare, no hay monocultivos, solamente hay campesinos que cultivan la hoja de coca para el sustento de sus familias”, declaró Ezequiel.
Dada la situación, el vocero sugirió que los Diálogos Regionales Vinculantes que se están desarrollando en las capitales, sean llevados a los territorios donde habitan las poblaciones de las zonas rurales más recónditas que constantemente son vulneradas. “Ahí es donde nosotros los campesinos podemos estar y podemos dar a conocer las claras evidencias de lo que está sucediendo en el territorio y la problemática como tal de la pobreza que hemos pasado los campesinos debido al abandono estatal”, explicó.
Dada la situación, campesinos y campesinas de Visita Hermosa y La Macarena, decidieron realizar un cerco comunitario con el fin de evitar el avance de las tropas en los operativos de erradicación forzada. Como mediadora estuvo la Defensoría del Pueblo y Anzorc, para mediar en los diálogos entre la comunidad manifestante y el general Royer Gómez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, pactando los siguientes compromisos:
- El Ejército retirará las tropas del territorio y detendrá sus operativos de erradicación forzada.
- La comunidad, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, se retirará para que los militares abandonen el territorio.
- La Defensoría del Pueblo gestionará ante el Gobierno Nacional, la aclaración de los puntos de erradicación forzada en monocultivos y en zonas donde hay población campesina.
Cabe recalcar que, hasta mayo de este año, durante la presidencia de Iván Duque, catorce fases de la Operación Artemisa ya se habían adelantado en el país, interviniendo supuestamente 14.620.897 hectáreas por parte de la Fuerza Pública con apoyo de la Fiscalía, resultando en enfrentamientos entre la comunidad y los uniformados. Asimismo, múltiples denuncias de la comunidad que dan cuenta de más de 40 casos de falsos positivos judiciales a campesinos y campesinas como supuestos grandes deforestadores. Es por eso que hoy, quienes habitan estas regiones esperan que el presidente Gustavo Petro cumpla su promesa de lograr la paz total trabajando de la mano de las comunidades vulneradas y reestructurando el accionar de la fuerza pública a través de los Diálogos Regionales Vinculantes en los territorios.
