Con el transcurrir de los días, más detalles macabros se conocen de la operación que adelantó el ejército bajo la dirección del presidente Iván Duque. Hasta la semana pasada se conocía que ocho menores de edad habían sido víctimas del bombardeo a disidencias entre el Meta y Caquetá; sin embargo, hoy sale a la luz pública que a 18 aumentó el número de posibles menores asesinados durante el bombardeo y 3 de ellos habrían quedado con vida, pero fueron fusilados.
A través del equipo de periodistas de Noticias Uno, se conocieron más detalles escalofriantes de una operación acontecida hace aproximadamente dos meses, que sin embargo, solo se conocieron los pormenores cuando el entonces ministro de defensa Botero fue llamado a moción de censura al Congreso de la República, por el Senador Roy Barrera, quien había recibido un informe de medicina legal en el que se evidenciaba que entre los catorce “guerrilleros” dados de baja en la “exitosa operación”, eran siete de ellos en realidad menores de edad que habían sido reclutados forzadamente.
Seguidamente, la Fiscalía informa a la opinión pública, que no habían sido siete, sino ocho los menores masacrados durante una intervención que fue catalogada de impecable, tuvo despliegue nacional, e incluso aproximadamente cuatro días después de la operación ATAI, las autoridades implicadas deciden llevar a cabo una rueda de prensa para hablar de su “triunfo”. Medios como Radio Nacional abordaron la noticia, resaltando las palabras de Iván Duque, presidente de la república y quien para el momento debería haber sabido detalles como que la mayoría de sus “disidentes” dados de baja eran menores de edad. ““Autoricé al Comando Conjunto de Operaciones Especiales adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas que son residuales de lo que se conocía como las Farc y que hacen parte de las estructuras criminales que pretenden ahora desafiar a Colombia. Gracias a esa labor estratégica, meticulosa e impecable, con todo el rigor cayó ‘Gildardo Cucho’, cabecilla de esa organización”, aseguró el mandatario.
Incluso, aunque aproximadamente el 02 de septiembre ya tuvieran indicios que gran parte de los dados de baja eran menores de edad y lo pasaran por alto, tuvieron certeza el 19 de septiembre cuando salió el informe de medicina legal, pero también pasaron por alto comentarle a la opinión pública los resultados obtenidos.
Botero, quien después de ello renunció a su cargo como Ministro de Defensa, reconoció durante la moción que sí había habido menores de edad, después de evadir constantemente el tema, hasta que el senador Álvaro Uribe le solicitó que hablara al respecto; lo que se convirtió en una cuestionable realidad que hasta ese momento, se había mantenida oculta al país ¿En qué momento salieron los resultados de medicina legal arrojando que había habido menores de edad masacrados? ¿Los responsables de la operación ya conocían los pormenores y aun así dijeron ante la opinión pública que había sido una impecable operación? ¿Los encargados de inteligencia y los implicados hicieron caso omiso al aumento de niños desaparecidos y denuncias de reclutamiento infantil?
Es así como se conoce que entre las víctimas de la operación llevada a cabo el 29 de agosto, se encontraban una niña de 12 años, un joven de 15, dos de 16 y tres de 17 años. Incluso se dio a conocer que una menor de edad que había salido con vida de la operación, había ingresado a un hospital de San Vicente del Caguán por amputación de brazo, pero horas después se había escapado.
“Aibimiller Morales (17 años), Wilmer Castro (17), Diana Medina (16), José Rojas (15), Jhon Edison Pinzón (17), Ángela María Gaitán (12), uno cuya identidad se desconoce y una niña quedó mutilada. Esa revelación, sumada a varios cuestionamientos, desembocó en la renuncia de Guillermo Botero, quien era el ministro de Defensa. Tanto él como el comandante del Ejército, Nicacio Martínez, negaron conocer que en la zona había niños y adolescentes” publicó el periódico El Espectador.
Es así como tras la investigación del reconocido noticiero, la comunidad denunció que no habían sido solo ocho, sino que según el número de menores reclutados por Gildardo Cucho, la cifra ascendería a 18, que no había sido solo una bomba detonada, sino dos, pero una de éstas se encuentra aún enterrada en el área del bombardeo y que los cuerpos sin encontrar, probablemente estarían en un gran cráter lleno de agua, que dejó la detonación y que sin embargo, no ha sido explorado.
“Se alcanzaron a escuchar los gritos de auxilio de los niños”
Pero lo más funesto de ésta masacre, es lo que le informó la comunidad al equipo de periodistas; tres menores de edad, desarmados, heridos y asustados, fueron perseguidos con drones y perros por potreros en el área aledaña, hasta ser atrapados y fusilados. Los habitantes se preguntan ¿Por qué no agarrarlos y dejarlos vivos, si solo eran niños?. Según una noticia de El Espectador, el ejército salió a desmentir que ellos hubieran asesinado a tres menores indefensos o la existencia de más cuerpos en la zona, pero la denuncia de la comunidad es clara, y solicitan que las investigaciones continúen. Incluso el senador Barrera denunció que estaba siendo víctima de amenazas, que interpondría su caso ante la Fiscalía y que tal vez tuviera que sacar a sus hijos del país.
Es importante tener en cuenta que la comunidad no solo denunció que escucharon los gritos de auxilio de los menores, sino que además, han sido constantemente asediados por los drones de la institución, que los siguen a todas partes. Además, se encuentran preocupados con que de 25 estudiantes que asistían a la escuela rural de la zona, hay 11 que han dejado de asistir a clase por el temor de convertirse en otra cifra de las víctimas que representa el conflicto armado en Colombia.
¿Los drones y tecnologías sofisticadas no hubieran podido prevenir a las fuerzas especiales del gobierno en su momento sobre la presencia de menores de edad en los campamentos de las disidencias de las Farc? Ésta y otras interrogantes flotan en las conversaciones entre las y los Colombianos, aún más al tener en cuenta que el personero de Puerto Rico Herner Carreño, Caquetá, había hecho múltiples denuncias sobre el aumento de niños desaparecidos y reclutados de manera ilegal y que además; Humberto Sánchez, alcalde de San Vicente del Caguán, según informe de SEMANA, durante consejo de seguridad se manifestó preocupado por la presencia de las disidencias en las escuelas y veredas, en proceso de reclutamiento.
Es decir, la fuerza pública en su totalidad ya estaba informada del aumento de reclutamiento infantil en la zona, pues éstos tienen la obligación de estar presentes en los consejos de seguridad periódicos que debe realizar cada administración municipal del país. Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que los militares no tomaron medidas para rescatar a los menores que habían sido prácticamente secuestrados, aun teniendo en cuenta que el artículo 18 de la Ley 1098 de 2006 advierte que ““Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico”.
Para finalizar, otra paradoja de ésta tragedia que afronta el país, que según El Espectador ya habían acontecido en los departamentos de Putumayo, Antioquia, Chocó, Tolima, Nariño, Norte de Santander y Caquetá entre el 30 de enero de 2010 y el pasado 29 de agosto; es el guerrillero dado de baja Gildardo Cucho, tenía tres nombres asociados según Revista Semana a su alias, y el nombre que finalmente relacionaron, no era el que aparecía en el informe de inteligencia “resultó que las autoridades tienen tres nombres asociados con ese alias: Mario López, José Marín Ramírez y Rogelio Bolívar. Este último fue el que confirmaron haber dado de baja, pero ese no es el nombre que estaba en los informes de inteligencia cuando decidieron bombardear. Si el jefe de la disidencia tenía tres identidades, ¿habrán confirmado su muerte con la verdadera?”.
