Diversos medios de comunicación anunciaron que el Ejército Nacional había abatido en combate a nueve guerrilleros pertenecientes a las disidencias de las FARC en el departamento del Putumayo. La información difundida por la fuerza pública dio cuenta que las bajas en combate pertenecían a la estructura 48 de los Comandos de la Frontera de las mencionadas disidencias. Con respecto a esta noticia Iván Duque y Diego Molano reaccionaron en sus cuentas de Twitter, calificando la acción como un gran golpe contra las estructuras criminales.
La situación habría ocurrido el pasado 28 de marzo en la vereda El Remanso del municipio de Puerto Leguizamó, y lo que en su momento se anunció como bajas en combate, empezó al día siguiente a ser desvirtuada por lugareños; quienes manifestaron que no eran guerrilleros, sino habitantes de la zona que estaban reunidos en un establecimiento público con la intención de recaudar dinero para el arreglo de algunas vías de la zona.
Organizaciones indígenas como la OPIAC, que reúne a diversos pueblos de la amazonia colombiana, manifestaron mediante un comunicado que “solicitamos a la Procuraduría para que, en el marco de sus funciones, investigue disciplinariamente a los funcionarios que participaron en este caso”. Así mismo, la Fundación Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, Piamonte Cauca, Cofanía Jardines de Sucumbíos Ipiales, Nariño, mediante comunicado de prensa expusieron que los hechos presentados como resultados de operaciones militares por parte del Ejército Nacional, no es otra cosa que un falso positivo, ya que las víctimas son campesinos e indígenas de la zona que se encontraban reunidos y no estaban en posesión de armamento.
La organización reporta que entre los asesinados por las Fuerzas Armadas se encuentran Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Remanso; Ana María Sierra, esposa del presidente de la Junta; Brayan Santiago Pama, menor de 16 años; Pablo Panduro Coquinche, gobernador del cabildo indígena; Óscar Olivo Yela y otras dos personas no identificadas aún por la comunidad. También dan cuenta de 3 heridos y varios desaparecidos.
Por su parte, el Comando Conjunto No 3 Suroriente, en cabeza del general Edgar Rodríguez, informó que la operación militar estaba dirigida contra alias “Bruno”, quien se encargaba en el caserío de reunir a la comunidad para recibir la pasta de coca y pagarles. Esa práctica se haría, al parecer, todos los fines de semana. El alto oficial se sostuvo que las 11 personas dadas de baja pertenecían a las disidencias y que los heridos fueron auxiliados por las tropas y luego trasladados a centros asistenciales. Así mismo, la fuerza pública reporta un soldado herido y la incautación de supuesto material de guerra.
Recordemos que en territorios donde las comunidades siguen subsistiendo de cultivos de hoja de coca, las comunidades campesinas y/o indígenas no necesariamente están vinculados a un grupo armado pero dependen de la comercialización de la pasta de coca en su día a día.
