Luego de constantes intentos fallidos, el Congreso aprobó este jueves 17 de junio el proyecto de ley que regula algunos aspectos relacionados con la ‘comida chatarra’.

En el último debate en la plenaria del Senado, varios sectores políticos se manifestaron a favor. El objetivo es que el etiquetado en estos productos sea obligatorio y que este informe con claridad los elementos con los que que fueron procesados.

Según las y los autores del proyecto, con esta decisión, todos y todas las consumidoras tendrán claridad en la información sobre estos productos, protegiendo a su vez, la salud de los colombianos y colombianas. 

Juan Luis Castro, médico y senador por el partido Alianza Verde fue uno de los que lideró este proyecto de ley que tiene dos objetivos específicos: 

  1. Que los alimentos y bebidas ultraprocesados tengan un etiquetado con un octágono negro donde se advierta “Exceso de” y “Alto de”: sodio, azúcar, edulcorantes, grasas saturadas, entre otros.
  2. Que estos alimentos y bebidas ultraprocesadas, por ningún motivo, digan en alguna parte que son saludables. 

Recordemos que el proceso no fue tan fácil, de hecho, el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo (Cajar), advirtió esta tarde, antes de la decisión del Senado, que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), “ha recrudecido sus estrategias para bloquear el proyecto de Ley de Comida Chatarra, y que ese accionar ha encontrado eco en el Gobierno Nacional y en el partido de gobierno”.

Cajar ha venido liderando la campaña “Dulce veneno: el antídoto es la verdad”, que busca evidenciar cómo la industria interfiere con las políticas de salud pública, y la forma en la que varios parlamentarios y parlamentarias, cuyas campañas han sido patrocinadas por la industria de bebidas endulzadas y comestibles ultraprocesados, tienen un claro conflicto de interés en la Ley de Comida Chatarra.

“El Gobierno Nacional, el partido de gobierno y la ANDI están completamente alineados, se defienden mutuamente”, afirmó Yessika Hoyos, abogada del Cajar y vocera de la campaña “Dulce Veneno”, explicando que, según ella, el gobierno facilita pactos con los gremios para impulsarlos mientras que las y los congresistas del Centro Democrático presentan propuestas “literalmente copiadas de los conceptos de la ANDI”.  

Y no es para menos, este logro estuvo a punto de hundirse, pues hasta el 15 de junio no había sido agendado para ser debatido en la plenaria del Senado y si no se discutía antes del 20 de este mes, sería archivado por falta de trámite.

“Ojo, acaban de publicar el orden del día de la plenaria del Senado de mañana (este martes) y adivinen: no agendaron el proyecto de ley de etiquetado. Se agotan los tiempos y quieren que se hunda. ¿Por qué no dejan que se debata?”, escribió en ese momento el senador Castro en su cuenta de Twitter. 

La RedPapaz, una de las organizaciones que ha promovido esta Ley, también encendió las alarmas e impulsó la firma de una carta al presidente del Senado, Arturo Char, para que incluya en su agenda el debate.

“El Proyecto de Ley 347 de 2020 – #LeyComidaChatarra busca establecer que las bebidas y comestibles ultraprocesados tengan sellos frontales de advertencia que nos informen si el producto contiene edulcorantes o exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas”, explicó la organización y añadió que con esta propuesta se protege el derecho a la salud y a la información de todos y todas, y que además, influye en la prevención de enfermedades relacionadas con el consumo de estos productos, como la diabetes tipo 2 o la hipertensión.

“En sus manos está un paso muy importante que le falta a este proyecto para convertirse en Ley de la República”, le escribieron a Char. 

Estas luchas dieron frutos y en redes sociales se ha visto la aprobación de esta decisión.