Teniendo en cuenta la decisión de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Gloria Stella Ortiz Delgado, quienes declararon que a partir de ahora, las fotomultas deben llevarse a cabo solo si está identificado plenamente el infractor, el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman suspendió de manera preventiva e inmediata la operación de los SAST (Sistemas o equipos automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito).
“La administración municipal por medio de la Secretaría de Movilidad ha dispuesto la suspensión preventiva e inmediata de la operación de los sistemas tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito a partir de la fecha, y exige que se detenga esta operación en cada uno de los puntos autorizados por el Ministerio de Transporte en la ciudad”, señaló el secretario de movilidad Eder Muñoz. Ésta decisión fue notificada al Consorcio de Servicios de Tránsito de Villavicencio – Sertravi, del que mucho se ha escuchado por ser un negocio privado que no deja mayores ganancias a la Administración y que es uno de los compromisos del actual alcalde revisar el contrato de éste consorcio, quien además tomó la decisión preventiva teniendo en cuenta que es necesario conocer los alcances de la Sentencia.
Recordemos que la forma en que los operadores cobraban a los propietarios de vehículos la fotomulta así ellos no hubieran sido los infractores, era bajo el principio de solidaridad como lo establece la Ley 1843 de 2017, pero ahora se deberá hacer según la información del documento de identidad de quien conduce en el momento de la infracción. Hay que tener en cuenta que, se abre la puerta a que muchas personas multadas demanden, y que incluso al existir devolución de dineros haya desencuentros entre operadores y administraciones municipales en todo el país.
Algunas personas, como Héctor Mantilla celebran ésta decisión ya que para él, el cobro de las fotomultas era un gran mico de los congresistas que probablemente se habían dejado permear por privados. Por ello mediante entrevista a Revista Semana explicó que como demandante de ésta Ley y como alcalde de Floridablanca le parecía absurdo que el privado se quedara solo con el 77% y la administración con el 13% y resultaban pagando personas que solo habían hecho un favor, había decidido emprender ésta batalla jurídica. “El Congreso violó la Constitución y le dio la razón a los operadores de las fotomultas para que se enriquecieran a costillas de los ciudadanos (…) demandé por inconstitucionalidad los artículos que hacían referencia a que los propietarios de los vehículos fueran responsables solidariamente de los conductores que de manera abusiva cometieron una infracción sin ellos saberlo. La corte nos haya la razón, porque entre otras cosas, dentro de la demanda alegué que se estaba vulnerando el debido proceso, el derecho propio a la defensa de los ciudadanos que son dueños de esos carros y que como muchos los prestaron a cualquier persona, y terminaban pagando las consecuencias” concluyó.
