La nueva normativa que tiene una proyección de diez años, contó por primera vez en la historia del país con la participación de las comunidades involucradas en la cadena de las drogas.
Recientemente se presentó la Política Nacional de Drogas del Gobierno del Cambio que será vigente entre el 2023 y el 2033. La norma busca que se brinden las garantías para evitar que los costos de la lucha contra los cultivos ilícitos recaigan principalmente en los productores y países de tránsito.
La estrategia integral entregada por el Gobierno Nacional tiene como objetivo la reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito para el 2026, lo que significa una reducción del 43% de la producción de cocaína y la eliminación de aproximadamente 11.800 millones de dosis del mercado.
La Política Nacional está planteada en dos pilares que fueron denominados como: oxígeno y asfixia. Asimismo, presenta ejes tejedores que tienen como objetivo la transformación de narrativas estigmatizantes, regulación de mercados del cannabis de uso adulto y usos no psicoactivos de la hoja de coca.
¿Cómo se llegó a esta Política?
Para la creación de la Política Nacional de Drogas se establecieron 27 espacios territoriales de articulación y participación donde se tuvo en cuenta los planteamientos de la sociedad civil y las comunidades afectadas por el conflicto armado, así como asociaciones. Cada uno de los espacios contó con el desarrollo de cinco mesas temáticas: Transformación territorial y conservación ambiental; cuidado integral de la salud pública, los riesgos y las vulnerabilidades frente a las drogas, regulación justa y responsable, seguridad humana y paz y justicia social y transformación cultural.
El 44% de los participantes en estos espacios fueron mujeres y 56% hombres, de los cuales el 20% provenía de comunidades afrocolombianas y raizales y el 14% indígenas. A su vez, el 59% eran parte de una organización social, 18% de juntas de acción comunal y 15% de comunidades étnicas. Adicionalmente, se desarrollaron cinco mesas con la academia.
En la región de la Orinoquía, los espacios se realizaron en el municipio de Granada y en San José del Guaviare. En el caso de esta región, algunas personas y organizaciones advirtieron que la convocatoria se hizo sobre el tiempo. No obstante, las jornadas lograron llevarse a cabo.
¿Por qué plantear una nueva política?
El documento que resultó de los encuentros fue presentado públicamente el 1 de julio de este año. En ese mismo mes, el Consejo Nacional de Estupefacientes conoció su contenido y realizó observaciones a la normativa. Los objetivos planteados en la Política Nacional tienen cumplimientos a corto, mediano y largo plazo. El proceso estuvo acompañado por organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Entre los argumentos del Gobierno Nacional para la presentación de una nueva política está que no se ha reducido la oferta y la demanda. Desde la Presidencia se ha señalado que entre el 2012 y el 2022 se realizó la erradicación forzosa de más de 840.000 hectáreas. Durante ese período se registró un incremento de un 327% del área sembrada. A su vez, la demanda de sustancias aumentó del 5.1% al 8.7%.
De acuerdo con lo establecido por el gobierno de Gustavo Petro, las políticas hasta el momento se habían centrado en la reducción de la oferta a partir de estrategias de tipo militar, criminal y punitivo que no han sido del todo efectivas. Los datos presentados en la Política Nacional señalan que 185 municipios de 1.122 tienen cultivos de coca, de los cuales el 49% están en zonas de manejo especial.
Entre los argumentos, el Gobierno Nacional plantea que la economía de la coca se consolidó por la ausencia del Estado, los elevados índices de violencia, la pobreza multidimensional y la falta de garantías para la sustitución de cultivos, llevaron a la población a ver en los cultivos de uso ilícito una opción de supervivencia. Además, la siembra y cosecha de dichos cultivos es más rápida y la compra es casi segura.
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El panorama actual de la coca
El Departamento Nacional de Planeación indicó que el 95% de las ganancias del narcotráfico son percibidas en la fase de comercialización y exportación, sólo el 5% de ese dinero van a la producción, siendo este el eslabón más débil del sistema.
El Gobierno expuso que, en la actualidad, el país estaría dividido en áreas frías y calientes. La primera hace referencia a los lugares donde hay una desconcentración de los cultivos entre los que se encuentran los territorios de Meta, Guaviare, Caquetá y Chocó. El segundo son zonas donde hay una concentración de la coca y persiste la influencia de grupos armados.
Asimismo, desde el 2021 se ha venido presentando una recesión en varias zonas del país producto de la sobreoferta de la hoja de coca y la pasta base, afectando sus precios. Esta situación tuvo un impacto directo en los ingresos de las personas que subsisten directamente de esa economía ilícita que sufren una crisis alimentaria entre los que se destacan las y los cultivadores, transformadores, raspachines y recolectores.
Esa recesión también ha afectado a las economías legales que se ven dinamizadas por el flujo de dinero que proviene del narcotráfico como el comercio y los bancos. La situación diferencial entre las zonas frías y calientes que debilita unas regiones y fortalece otras, está relacionada con las condiciones del producto y la proximidad a las rutas de tráfico. El tema de la caída tiene otras aristas entre las que se encuentran la expansión de los cultivos en África y Asia, además de una reconfiguración del mercado mundial.
El pilar Oxígeno
Este pilar de la nueva política de drogas expone que se debe dar un tránsito a economías ilícitas en zonas rurales y de manejo especial. Esto teniendo en cuenta que se tiene que dar garantías para una reconversión productiva donde se desarrollen estrategias en torno a la creación de empleo, las condiciones de seguridad y paz, la comercialización agroalimentaria, el acceso a mercados y el acceso a tierras.
Esta etapa iniciaría con la contención de los cultivos es decir que debe existir un compromiso por parte de las y los cultivadores en no expandir las áreas sembradas, para lograr una disminución gradual hasta llegar a la eliminación total.
Se contempla la eliminación de la dependencia a estas economías a través de la satisfacción de las necesidades básicas y la garantía de la seguridad alimentaria en los territorios. Es aquí donde la implementación de huertas familiares y comunitarias será fundamental, al igual que la crianza de animales a pequeña escala.
La construcción de centros de acopio también será un eje a desarrollar en esta fase, al igual que la implementación de mercados seguros para los productores, que tendrán asistencias técnicas agropecuarias para mejorar sus prácticas y hacerlos más productivos.
El Gobierno Nacional tiene programado establecer líneas de crédito especial en territorios donde haya presencia de cultivos de uso ilícito, así como el otorgamiento de subsidios para que se dé la transición. El fortalecimiento de las economías populares, la formalización de tierras y la creación de la marca “Sembrado vida”, que identificará a los productos provenientes de esa reconversión, serán las tareas complementarias.
Esa reconversión estará basada en el uso permitido de los suelos y el uso sustentable de la biodiversidad. El Modelo Integral de Tránsito a Economías Lícitas tendrá como base el Plan Nacional de Zonificación Ambiental del Ministerio de Ambiente que dividió al país en tres tipos de áreas con unas características específicas que están orientadas en la eliminación de la dependencia a la economía de las drogas.
La Política Nacional de Drogas busca garantizar las condiciones de paz donde se disminuyan los riesgos y se focalice la protección de líderes y lideresas de los organismos comunales; líderes y lideresas sociales de procesos de tránsito a economías lícitas; defensores de derechos humanos; defensores ambientalistas; población en proceso de reincorporación; firmantes de paz; autoridades étnicoterritoriales; mujeres, niños, niñas y adolescentes.
No obstante, en los territorios donde hay dependencia de cultivos de hoja de coca, especialmente en el Meta, hay temor. Se han seguido adelantando esporádicamente acciones de erradicación, pero no han llegado las soluciones, ni para enfrentar la crisis humanitaria que se vive por la no comercialización de la pasta base de coca, ni tampoco con opciones para la transición hacia economías lícitas. Así mismo, les han dicho que se viene una ola fuerte de erradicación, y por ende de violaciones de derechos humanos, lo que les preocupa, ya que allí no hay cultivos industriales que se suponen serían el foco del actual gobierno.
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Fortalecimiento del campo y sus capacidades
La nueva política expone que que se realizará una intervención para fortalecer las capacidades locales y fomentar los proyectos asociativos y agroindustriales de generación de ingresos, que irán de la mano con el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria.
Para ello, se promoverá el acceso a recursos que impulsen la expansión productiva, reconociendo que las comunidades obtendrán un mayor beneficio económico. La Política Nacional de Drogas busca que las comunidades sean actores clave en la consolidación de una economía legal y digna.
A su vez, se tiene proyectado el fomento de un sistema de financiamiento cooperativo con créditos ajustados a las condiciones de cada territorio y subsidios especiales para la transición hacia la economía legal.
Serán puntos clave: el fortalecimiento de las economías populares y asociativas. Además de la atención especial a la población joven que habitan los territorios acorde con sus proyectos de vida. Estas estrategias buscan que haya generación de ingresos para la reconversión económica y la transformación del territorio.
Medidas punitivas acordes, zonas de intervención y acceso a tratamientos médicos
En el pilar Oxígeno también se plantea el impulso del tratamiento diferenciado para los pequeños cultivadores. Esto teniendo en cuenta los procesos de criminalización donde se han usado de forma desproporcionada las herramientas jurídicas. Los datos entregados en la Política Nacional señalan que hasta agosto de 2023, 17.670 personas han sido encarceladas por tráfico o porte de estupefacientes, que representan el 17% de la población carcelaria; las cifras evidencian que son personas que se dedicaron al cultivo, recolección de la hoja de coca o al transporte.
Las medidas punitivas aplicadas en el país, según lo argumentado en la nueva normativa, no evidencian un impacto eficaz en la lucha contra las drogas o la disminución de los cultivos de uso ilícito. Adicionalmente se explica que hay una afectación mayor de dichas medidas en las personas en situación de vulnerabilidad.
El gobierno de Petro quiere que las medidas punitivas afecten de forma contundente a los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico. A la vez que se ejecuten sanciones penales de manera restaurativa prestando servicios de utilidad pública diferenciales para la población considerada como eslabón débil.
En este pilar, el Gobierno Nacional trabajará a través del establecimiento de zonas de intervención para aplicar la política de drogas, que tendrán características acordes a la realidad que se vive en cada uno de los territorios. El sur del Meta se encuentra entre las zonas 1 y 3.
En el pilar Oxígeno se considera el acceso al tratamiento por consumo de sustancias, así como la implementación de un plan integral donde se hagan actividades de prevención y atención de urgencias.
El Gobierno expuso que la edad de inicio del consumo de drogas en el país es 14 años y que el 10.3% de la población entre los 12 y 62 años han tenido contacto con alguna sustancia. Asimismo, señaló que en la actualidad hay cerca de 371 centros para atender a esta población por lo que se debe fortalecer la red de salud pública para garantizar un servicio eficaz.
El pilar Asfixia
En este pilar, se señala la importancia de ver un panorama más amplio donde se tengan presenta la intersección de otras economías ilicitas entre ellas: minería ilegal, deforestación, acaparamiento de tierras, trata de personas y contrabando.
En este punto se habla del fortalecimiento de las operaciones terrestres, marítimas, aéreas y fluviales que tengan como resultado la afectación de actores estratégicos y de alto valor del narcotráfico. El empleo de la erradicación forzada bajada en los derechos humanos y la persecución de las finanzas ilegales, así como el lavado de activos, se tendrá como objetivo impedir que se usen dineros obtenidos del narcotráfico para la compra de bienes.
Con la ejecución de este pilar se espera un aumento de las labores de destrucción de infraestructuras dedicadas a la producción de drogas ilícitas y el control de los químicos usados en ese proceso.
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Ejes tejedores
Por último, la Política Nacional expone la importancia de la regulación del cannabis de uso adulto y los usos no psicoactivos de la hoja de coca, viendo el potencial en la generación de un mercado legal en torno a esta.
Se busca que se cambien las dinámicas donde se compara la planta de coca con la cocaína, lo que conlleva a la disminución de las afectaciones en las investigaciones de carácter científico y en el desarrollo de usos lícitos de dicha planta. Allí juega un rol importante la protección de los prácticas y saberes de las comunidades, asociados con la hoja de coca y otras plantas.
En este punto se explica la necesidad de crear un bloque con países que compartan la visión y los nuevos enfoques frente al fenómeno del narcotráfico y la lucha contra las drogas. Además de insistir en la responsabilidad compartida que se debe tener con los países con altos índices de consumo.
Finalmente, la Política Nacional de Drogas del Gobierno del Cambio considera que es fundamental un cambio en las narrativas, especialmente de los medios de comunicación para evitar la estigmatización y discriminación hacia las personas que subsisten de los cultivos de uso ilícito.
El presidente Petro pidió un cambio en los paradigmas
Durante el acto de presentación del la nueva política en la vereda El Tablón en el municipio de El Tambo (Cauca), el presidente Gustavo Petro pidió no satanizar la hoja de coca y sacarla de la lista de sustancia prohibidas, teniendo en cuenta su potencial para hacer fertilizantes y otros productos.
“Es la hora de dar los saltos a una economía lícita en toda esta región y que esta región –con la industria cafetera, cacaotera, ganadera o de la hoja de coca– se convierta en uno de los ejes espirituales, en un alma del Cauca, tierra de tantas guerras y de tanta historia”, afirmó Petro. El mandatario recordó los usos que le dan poblaciones indígenas que la consideran una planta sagrada.
Adicionalmente, el presidente Gustavo Petro indicó que es necesario separar al Estado del narcotráfico, dado el nivel de interferencia que tuvo este último en diversos estamentos y entidades.
Ante los asistentes al evento, Petro sentenció que los gobiernos anteriores no habían mostrado interés en desarrollar una política de prevención, regulación o mitigación del daño entre los consumidores y responsabilizó a los países del norte por el incremento de la demanda de sustancias ilícitas. “Les parecía más fácil políticamente, en vez de preguntarse por qué se droga su juventud, venir aquí a una sociedad extraña como la colombiana a echarnos la culpa”, sentenció.
