General interpuso tutela a organizaciones sociales que defienden derechos de comunidades del Guayabero

El general Raúl Florez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA, interpuso una acción de tutela contra las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que están defendiendo las comunidades campesinas del sur del Meta y Guaviare. El militar alude que no se le está respetando el derecho a la imagen y buen nombre. 

El pasado 31 de julio, ante un juez penal de Bogotá, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA, Raul Fernando Florez Cuervo, interpuso una acción de tutela contra la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuario – Fensuagro, Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta – Sintagrim, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Oriente y Centro de Colombia – DHOC, Benposta – Nación de Muchachos, Comunidades de Fe Teusaquillo Territorio de Paz, Centro de Alternativas al Desarrollo CEALDES, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Cepalc, Centro Ecumenico para America Latina de Comunicación Fundación Enciso de Corazón, Corporación Vínculos Fondo de Protección, Fundación Paz y Reconciliación, Corporación Ambiental y Turística – Corporhumadea, Pastoral Social Regional Suroriente, la Unión Sindical Obrera Subdirectiva Meta, la Corporación Juridica Yida Castro, Corporación Vida Paz, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y el Movimiento Sueco por la Reconciliación – Swefor International Action for Peace – IAP.

El militar usó como argumento la protección de derechos constitucionales como el del artículo 15, el cual dice que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y su buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. También citó el artículo 21, en el cual “se garantiza el derecho a la honra”. 

El actuar del Comandante se dio luego de que las mencionadas organizaciones le hubieran señalado como el autor intelectual de los constantes ataques a las y los campesinos de la región del Guayabero, compuesta por el sur del Meta y el Guaviare, en medio de operativos de erradicación forzada de cultivos ilícitos, y de que a su vez, los soldados a su cargo insulten y estigmaticen a los/as habitantes de la zona como guerrilleros. 

Para conocer la problemática a profundidad: Campesinos de la región del Guayabero, entre el abandono y la estigmatización

Es necesario tener en cuenta que dentro los Acuerdos de Paz firmados con la extinta guerrilla de las FARC, se pactó el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en el que se pretendía que las y los campesinos cultivadores de coca, cambiaran su actividad económica con apoyo de incentivos del Gobierno. Sin embargo, durante la presidencia de Iván Duque, este punto se ha estado incumpliendo, y a cambio, las comunidades rurales que ante la falta de recursos siguen sembrando esta planta, han recibido represión y glifosato. 

En diversas ocasiones, las ya mencionadas organizaciones sociales y de derechos humanos, han informado que las afirmaciones del Ejército Nacional y el Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, relatando que las minas antipersona y los enfrentamientos que se han dado en la región del Guayabero han surgido gracias a que los campesinos/as de la zona son amenazados por disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales para confabularse con ellos, son falsas. 

En relación a esta situación, en redes sociales ha circulado un video en el que, durante la intervención de un líder campesino sobre la erradicación de cultivos ilícitos en una reunión en una finca de la vereda Nueva Colombia, del municipio de Vistahermosa, Meta, entre la ONU, la Comisión de la Verdad y habitantes de la zona, se escucha el estruendo de un artefacto explosivo a escasos 200 metros de donde se desarrollaba en el evento. Un soldado resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial en San José del Guaviare. Un vocero de las y los campesinos, señaló que “estas son actividades de sabotaje por parte de las Fuerzas Militares, la ONU está consternada”. Por su parte, el Ejército responsabilizó a disidencias de las FARC de haber detonado el artefacto.

Aquí puede ver el momento en el que sucedió la explosión:

Sin embargo, no solo lo que sucedió esta semana con la jornada de verificación de la ONU, ha generado controversia. Desde hace dos meses las comunidades de la región del Guayabero han venido denunciando en múltiples ocasiones las diferentes situaciones de violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública de las que han sido víctimas.

El fin de semana pasado, periodistas de Voces del Guayabero denunciaron, cómo múltiples familias fueron retenidas por parte del Ejército y resultaron heridas levemente, pero a su vez una persona fue herida de gravedad y había hasta ese momento un hombre desaparecido. En los ataques también resultaron tres soldados heridos. Del mismo modo, no solo en los enfrentamientos que se presentaron el 08 de agosto quienes hacen parte del medio de comunicación comunitario vieron afectado su derecho a la libertad de prensa y el poder cubrir lo que estaba sucediendo, sino que además han sido perseguidos y  amenazados en múltiples ocasiones por integrantes del Ejército y también de grupos paramilitares como restan los contenidos que se compartieron en redes sociales y medios de comunicación; e inclusive el mes pasado, uno de ellos perdió dos dedos de una de sus manos por un disparo de arma de largo alcance que además destruyó su cámara.

Por esto y más problemáticas que las organizaciones demandadas encontraron en la pasada jornada humanitaria que realizaron en la región del Guayabero y que han estado denunciando, es que actualmente se les interpuso una acción de tutela por supuestamente dañar el buen nombre de quien está al frente de estas operaciones, a quien incluso la Defensoría del Pueblo ya le ha solicitado que esclarezca cómo están actuando sus tropas en el territorio.

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