Vidas campesinas: defensa del territorio y protección de saberes

El DANE indicó que 10.208.534 personas habitan en zonas rurales en Colombia. Sus manos, cultivan huertas que son mucho más que fuentes de alimento: son el corazón de la cultura campesina

En territorios como la Serranía de la Lindosa, en Guaviare, un grupo de campesinas y campesinos ha construido una relación simbiótica con la tierra. Sus manos, cultivan huertas que son mucho más que fuentes de alimento: son el corazón de una cultura. A través de sus prácticas agrícolas, protegen la biodiversidad y defienden su territorio ante las amenazas externas. Cada semilla que siembran es una apuesta por el futuro, una afirmación de su identidad y un legado para las próximas generaciones.

Dayana Novoa llegó durante su adolescencia al Raudal del Guayabero, procedente de Cali. Se ha dedicado a las actividades del campo y la pesca, al considerar que las mujeres, especialmente las rurales, deben tener más incidencia en otros espacios diferentes al hogar. Desde su llegada, ha impulsado la creación de huertas tanto para el sustento familiar como para la práctica de la herbolaria. Ella prefiere la vida en esta región porque es un lugar tranquilo y con aire puro.

El campo se ha convertido en un espacio no solo para el desarrollo de actividades agrícolas, como sostiene Jorge Luis Cano. En los territorios donde antes se hacía cacería de forma indiscriminada, ahora se dedican al cuidado y protección de las aves. Esto con el fin de impulsar otras actividades económicas en las que las y los campesinos se involucren, como el avistamiento de aves, que tiene un potencial turístico que se está explorando en las regiones.

Las historias de vida de Dayana y Jorge se suman a las de 10.208.534 personas que habitan en zonas rurales. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística señala que en Colombia el campesinado representa el 26.4% de la población total del país. De esta cifra se desprende que el 48.8% son mujeres, es decir, cerca de 4.9 millones, y los hombres representan el 51.2%, con aproximadamente 5.200.000 personas.

En 2018, defensores, defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales interpusieron una tutela, solicitando que se reconocieran los derechos y necesidades del campesinado. En respuesta, la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia STP2028-2018, falló a favor, estableciendo al campesinado como sujeto de derechos y ordenando la realización de un censo para determinar su número y distribución territorial.

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A partir de este fallo, se conformó una Comisión para la Conceptualización del Campesinado que estuvo integrada por Dejusticia – Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, voceros de organizaciones campesinas del orden nacional, especialmente del Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA, la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro – ACIT, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC; el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH.  

Estas actuaciones marcaron los primeros pasos hacia el reconocimiento de los derechos del campesinado y, más importante aún, sentaron las bases para una hoja de ruta que permitiera crear e implementar políticas públicas que beneficien a campesinas y campesinos como Dayana y Jorge.

En 2023, se impulsaron dos reformas constitucionales. El Acto Legislativo 001 modificó el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia para reconocer al campesinado colombiano como «sujeto de derechos y de especial protección, que tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos, en garantía de la soberanía alimentaria, y con formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distinguen de otros grupos sociales».

Adicionalmente, el Acto Legislativo 003 de 2023 creó la Jurisdicción Agraria y Rural, con el fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia y proteger a los campesinos y a los grupos étnicos: comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, indígenas, rom y víctimas del conflicto armado.

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Bajo este marco jurídico se empezó a dialogar en torno a la incidencia de las vidas campesinas en la Reforma Agraria. Este componente responde a puntos negociados en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC-EP, y abarca aspectos como la multiactividad productiva, la dimensión territorial, la organización social y la cultura campesina. 

El objetivo que sigue la Reforma Agraria es la implementación de políticas que no sólo aseguren el acceso a la tierra, sino que también promuevan el financiamiento y faciliten el acceso a programas estatales que respalden diversas actividades productivas como la agricultura, la pesca y la minería artesanal. Esto implicaría un enfoque integral que garantice las condiciones necesarias para que los campesinos puedan llevar a cabo sus labores de manera efectiva.

Entidades como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH- han investigado acerca de la necesidad fundamental de  reconocer y promover los saberes y prácticas culturales propios de cada región, fomentando políticas que apoyen su creatividad y sostenibilidad a lo largo del tiempo. 

El ICANH consciente de la necesidad de revalorizar y visibilizar la labor del campesinado en Colombia, ha puesto en marcha el proyecto ‘Vidas Campesinas’. Esta iniciativa busca trascender las representaciones estereotipadas y limitadas del campesino, ofreciendo una visión integral y humana de sus vidas. A través de la recopilación de historias, testimonios y experiencias directas, la entidad pretende promover una narrativa más justa y equitativa, donde las voces de las y los campesinos se conviertan en el eje central de la construcción de una identidad rural más rica y compleja.

 

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