A pesar de los esfuerzos por la paz, el conflicto armado persiste en Colombia. El Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- presenta un informe donde hace un balance sobre los desafíos, su labor humanitaria y el llamado a los actores armados y a las instituciones colombianas.
Colombia ha sido marcada por décadas de conflicto armado. A pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz y la reconciliación, muchas comunidades continúan enfrentándose a situaciones de violencia y vulnerabilidad. En este contexto, el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- ha desempeñado un papel en la protección de los derechos humanos, la asistencia humanitaria y el registro de hechos victimizantes.
El trabajo de esta entidad consiste en proteger y acompañar a las víctimas, mantener un diálogo humanitario, confidencial y bilateral con todos los actores armados de los territorios y recordarles el deber que tienen de respetar el Derecho Internacional Humanitario -DIH-.
Su balance del 2023, particularmente en las regiones de Caquetá, Guaviare, Huila, Meta y Putumayo, dice que el panorama sigue siendo sombrío. A pesar de los avances en algunos aspectos, el CICR ha destacado que las comunidades en estas regiones continúan enfrentándose a hechos victimizantes que ponen en riesgo su seguridad y bienestar.
Stephania Summermather, jefa de la oficina del CICR para la región del Meta y el Guaviare, explica que el balance que hace esta entidad determinó cinco consecuencias humanitarias más visibles a raíz del conflicto armado: desplazamientos individuales y masivos, casos de confinamiento, desapariciones recientes, víctimas de artefactos explosivos y actos violentos hacia el personal de asistencia de salud.
Sin embargo, según Stephania, en el Meta y el Guaviare hay afectaciones por otros hechos tales como amenazas, homicidios, reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes y falta de acceso a servicios básicos esenciales.
¿Qué dicen las cifras?
La CICR toma las cifras de la Unidad para las Víctimas y otras instituciones. Tienen los datos de cuatro de las cinco consecuencias mencionadas anteriormente. En el departamento del Meta el año pasado se registraron 313 casos en el marco de desplazamientos masivos y 2072 casos de desplazamientos individuales: “se fueron de sus casas sin saber si un día podrían regresar”, dice Stephania.
Con respecto a las víctimas de artefactos explosivos, en el Meta el año pasado se presentaron 17. A nivel nacional hay un total de 380 casos. Stephania hace énfasis en el hecho de que con respecto a los artefactos explosivos, no hay que pensar solamente en quienes fueron víctimas directas, sino también en que hay poblaciones enteras que por esta razón se ven desplazadas o confinadas.
En el Meta se identificaron ocho casos de actos violentos hacia el personal de salud. “Pueden ser actos que están en el marco del conflicto armado, en donde el actor armado exige al personal de asistencia en salud que haga algo en contra de su mandato como por ejemplo atender primero a un integrante de un grupo, mientras hay un civil que tiene una emergencia médica más alta”, explica Stephania, agregando que son cifras de la Mesa Nacional de Misión Médica.
También se documentó cinco casos en el Meta y dos en el Guaviare de desaparición. “Eso es solamente cuando las familias acuden al CICR para pedir apoyo en la búsqueda de sus seres queridos”, dice Stephania. Pueden ser personas que perdieron el contacto con su familia porque se desplazaron del territorio, que fueron reclutadas o que fallecieron en el marco del conflicto y sus cuerpos quedaron enterrados en un lugar desconocido.
El subregistro persiste
La violencia armada es una realidad cotidiana para muchas comunidades especialmente en departamentos como el Meta, Guaviare y el resto de la región de la Amazorinoquía. Los grupos armados no sólo perpetúan la violencia, sino que también ejercen control sobre territorios enteros, imponiendo sus propias reglas. Esta situación dificulta aún más el acceso humanitario y la denuncia correspondiente.
Según Stehapnia, muchas veces las comunidades tienen miedo de hablar lo que ha pasado o está naturalizada la violencia porque desde hace varias generaciones se han vivido situaciones similares de conflicto armado, por lo cual no lo cuentan o no lo denuncian.
Además estos hechos suelen ocurrir en territorios alejados y las personas no tienen acceso a las instituciones o a las organizaciones humanitarias. Por otro lado, las instituciones como la Unidad para las Víctimas cuentan con unos plazos para declarar, por lo cual las estadísticas el otro año van a aumentar. “A pesar de que son cifras importantes y preocupantes, reflejan una parte pequeña de la realidad”, dice Stephania.
El llamado del CICR y su labor humanitaria
El CICR tiene un rol de intermediario neutral y parcial. Acompañan a comunidades para disminuir las afectaciones humanitarias y fortalecer sus capacidades de resiliencia. Un ejemplo de esto es que en el municipio de Mesetas el año pasado apoyaron a la Institución Educativa Río Duda con un proyecto de huerta escolar.
Esta actividad fue iniciativa de las y los estudiantes que manifestaron que la escuela era su “entorno protector, un lugar donde se sienten seguros y pueden aprender lo que significa ser campesinos y campesinas con mirada diferente hacia el futuro”, explicó Stephanie. Se llevó a cabo para desarrollar competencias en el estudiantado para que “contribuyan a la sostenibilidad y seguridad alimentaria de sus familias y sus comunidades. La CICR entregó semillas agrarias y se beneficiaron 300 estudiantes.
Esta organización hace tres llamados a los actores armados estatales y no estatales. El primero es que se respete el DIH haya o no haya cese al fuego o negociaciones de paz. Esto garantiza una mayor protección a la población civil y permite generar un terreno fértil hacia una posible reconciliación. Que se tomen todas las medidas necesarias para prevenir, por ejemplo, la desaparición.
El segundo llamado es a la mesa de negociaciones en curso para que incluyan las preocupaciones humanitarias en sus diálogos y para que se establezcan acuerdos específicos que están previstos en el marco del DIH.
El tercer y último requerimiento es para las instituciones: “que refuercen sus planes de prevención y atención a las víctimas del conflicto armado, y que tengan los recursos necesarios para responder a estas necesidades. Colombia tiene la posibilidad de dar una respuesta y una atención a las víctimas. Hay un aparato jurídico, hay unas leyes y herramientas”, enfatiza Stephania.
Este informe se puede encontrar en las redes sociales del CICR como facebook y X y en su página web. Stephania concluye recordando que esta organización tiene una oficina a la cual pueden acudir las personas en San José del Guaviare, al lado del Parque de la Vida, pero si las personas no están en esta ciudad, pueden llamar a la línea gratuita #919 CICR te escucha, para hacer preguntas o solicitar un apoyo.
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