No solo se debe considerar como víctima a quienes fueron asesinados, desplazados o desaparecidos, también existe un grupo de personas que sufrieron violencias y que, por fortuna, lograron sobrevivir a un atentado que tenía como propósito arrebatarles la vida. Es el caso de las personas que han estado invisibilizadas a lo largo del conflicto, pero que, aún así, son víctimas y necesitan ser escuchadas, reparadas y que encuentren justicia a su intento de asesinato por parte de algún grupo armado. Un atentado contra la vida es un asesinato fallido o no consumado, ya que, en muchos casos, son perseguidos durante años, deben esconderse y sus vidas pasan por huir de manera permanente.
Algunas de estas personas lograron sobrevivir para luego terminar asesinadas tras varios meses y/o años de seguimiento. Otros tuvieron que vivir en el exilio y se resisten a regresar porque consideran que no hay las condiciones necesarias para su integridad tanto física como psicológica. De otra parte, la desaparición forzada fue otra de las tantas estrategias para eliminar al contrario, en cuyo caso, resultaba mucho más efectivo en la lógica de los perpetradores, ya que, con la desaparición del cuerpo se infringía un daño mucho mayor.
“A las personas las cogían, las mataban, las amarraban, las tiraban en el río. A veces les amarraban piedras o algo pesado para que las personas se fueran a las profundidades. Otros los tiraban al río y el mensaje era “el que los coja se muere”; en principio yo sé y tengo conocimiento. Yo soy de acá del campo. Algunas personas de nuestra comunidad y, por el significado de lo que representaba la persona humana, en muchos casos se recogían en las comunidades. Pero llegó un momento en que ya nadie lo podía hacer, porque el mensaje era “el que lo coja se muere”. Y muchas personas desaparecidas, que no se consiguieron jamás, posiblemente quedaron en los más profundo del río Atrato” El anterior relato de una de las víctimas que contó su versión de los hechos a investigadores de la Comisión de la Verdad, refleja la dinámica que cumplía la desaparición forzada en las comunidades y el porqué fue una práctica tantas veces llevada a cabo por los grupos armados.
El informe final de la Comisión de la Verdad relata que esa práctica empezó a darse con la implementación del Estatuto de Seguridad del entonces presidente de la República, Julio César Turbay, cuando miembros de la fuerza pública la usaron como una táctica contrainsurgente. Posteriormente, en los años 90s, los grupos paramilitares recurrieron a la desaparición forzada, la cual fue profundizada durante los primeros años de la década del 2000. El subregistro en este flagelo es enorme, muchos familiares o amigos de la víctima nunca denunciaron por miedo y la desaparición efectiva del cuerpo ayudaba a conjeturar varias hipótesis, como que la persona había decidido marcharse de la zona sin contarle a nadie. En todo caso, y como en la mayoría de los hechos violentos, se intentó invisibilizar la práctica desde todos los sectores.
En muchas ocasiones los perpetradores recurrieron a la desaparición forzada como mecanismo de ocultamiento de lo que se estaba haciendo, es decir, como un efecto de otro acto violento, como el asesinato o las masacres. En ese sentido, se recurrió a acciones que evidenciaron la degradación y deshumanización del conflicto, por ejemplo, el desmembramiento, arrojar restos humanos a los ríos y cremación en hornos fueron algunas de las prácticas de los grupos armados, especialmente de los paramilitares. Según varias cifras y de diversas fuentes y que lograron ser agrupadas por la Comisión de la Verdad, se da cuenta que en Colombia a la luz del conflicto armado hay 121.768 personas desaparecidas de manera forzosa.
Los responsables que recoge la Comisión en su informe van desde grupos paramilitares, el Estado a través de su fuerza pública y las guerrillas de las FARC y el ELN. El flagelo es mucho más complejo de lo que se observa, ya que también se ven afectados las familias que gastan tiempo y dinero intentado encontrar a su ser querido o a sus restos. Además, el desgaste de la institucionalidad, los procesos legales y todo el lastre relacionado con la revictimización que se configura a lo largo del tiempo mientras se busca a un familiar, hacen que esta practica sea una de las más horrendas perpetradas en el marco de la guerra en Colombia.
Por último, al hablar de los impactos desde lo cuantitativo arroja importantes luces del nivel de degradación del conflicto armado. Los grupos paramilitares serían los responsables de 63.029 desapariciones, las FARC con 29.410 víctimas, en tercer lugar, se encuentra los de responsabilidad múltiple con 10.448 desapariciones y finalmente, el Estado con 9.359 víctimas. Si se observa la afectación por regiones, el departamento de Antioquia es el más afectado con 28.029 víctimas, seguido del Valle del Cauca con 8.626, Meta con 8.542, Bogotá con 5.565 y Norte de Santander con 5.207.
Por esto la Comisión de la Verdad insiste que resolver las denuncias de las personas desaparecidas debe ser una tarea integral del Estado para llevar verdad, justicia y garantizar la no repetición de los hechos. Por lo pronto, y a la luz del proceso de paz con las FARC, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es quien tiene a cargo este proceso, así como de la Justicia Especial para la Paz, la institucionalidad y la justicia ordinaria.
Foto de portada diseñada a partir de fotografía de Colprensa
*Esta campaña se realiza con el apoyo del Instituto Colombia-Alemán para la paz -CAPAZ.
