Deforestación y despojo son las principales problemáticas en torno a la situación que hoy tiene a la población indígena del municipio luchando por proteger y recuperar su territorio.
Durante las últimas semanas se han revelado denuncias por deforestación y despojo de territorios ancestrales de las comunidades indígenas Sikuani, Tsabilonia, Barrulia, Iwitsulibo, y San Rafael de Wuarrojo en Puerto Gaitán, luego de que una congregación religiosa extranjera adquiriera a la fecha, más de 44 mil hectáreas en zona rural del municipio. Se trata de las y los menonitas, una secta cristiana ortodoxa con estrictos códigos de comportamiento que llegó a Colombia en 2017. Pero según El Tiempo, desde el 2016 empezaron la compra de terrenos a 90 kilómetros del casco urbano de Puerto Gaitán, reuniendo así 17.200 hectáreas con una inversión cercana a los 64.000 millones de pesos. De esta manera la congregación adquirió parcelas y fincas que se constituyeron en tres grandes haciendas, bautizadas como Liviney, Australia y La Florida, ubicadas a 90 kilómetros del casco urbano del municipio.
El grupo religioso, aunque proviene de México y Estados Unidos, tiene sus orígenes en territorios suizos tras las reformas protestantes al cristianismo en el siglo XVI, que buscaban más apego a los principios bíblicos. Su fe está basada en principios como el amor al enemigo o la negación a todo tipo de violencia. Todos y todas hablan alemán antiguo o ‘plautdietsch’ y no se mezclan con otras razas. El pueblo menonita, conocido por sus constantes migraciones, arribó a Colombia, por sugerencia de un empresario de la industria petrolera que les dijo que en el Meta había tierra fértil y asequible: entre 3,5 y 5 millones de pesos por hectárea, registró El Tiempo en 2018.
Ingresar a los territorios que han colonizado es imposible, a excepción de que se llegue acompañado de otro menonita, en una visita de poco tiempo y siempre junto a una abogada que asesora a la congregación. “Ellos dicen que no hablan español; que les resulta difícil comunicarse con las autoridades y con los campesinos e indígenas que han habitado estas tierras mucho antes que ellos. Sin embargo, cuando necesitan defenderse de las acusaciones por acumulación de tierra o daño a los recursos naturales, los líderes usan un español fluido con una mezcla de acento alemán y mexicano”, dice en una investigación realizada por Mongabay junto a Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio.
Un despojo histórico
El territorio que hoy ocupa esta comunidad de menonitas, fue antes motivo de disputa entre grupos guerrilleros y paramilitares pero actualmente se encuentra fuera de conflicto con el desarme de los primeros. Estas zonas han sido ancestralmente habitadas por pueblos indígenas. Según la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, “Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada”, a partir de los años cincuenta, con las oleadas de colonización, se produjo en esta área un cambio relevante en las formas de ocupación del territorio, ya que aparecen, al mismo tiempo, los cercamientos, la legalización, el ejercicio de la violencia y, por último, la territorialización como un mecanismo para la administración de poblaciones y recursos mediante el control de la tierra.
Y es que, de acuerdo con los relatos del Pueblo Sikuani sobre la llegada de los colonos y lo que en consecuencia los aborígenes consideraron como despojo de tierras, se vincula con los cerramientos que se hicieron en el marco de la violencia bipartidista y la huida de indígenas a Venezuela, Vichada y Vaupés. A su regreso encontraron que parte importante de su territorio había sido cerrado y apropiado por colonos, quienes afirmaban que habrían encontrado el territorio desierto.
Para la década siguiente, en 1967, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), impulsó el proyecto para la constitución de reservas indígenas en la región de la Orinoquia, mediante el cual las comunidades indígenas consiguieron la formalización y legalización de la propiedad colectiva de la tierra. Los terratenientes y colonos se resistieron a la adjudicación de reservas indígenas porque consideraban esta política como un detrimento
a lo conseguido a su favor en la década anterior, por ende, entre los hacendados y los sikuanis se formó una ‘guerra’ porque los colonos no respetaron los linderos que habían marcado los funcionarios del Incora. Incluso la fuerza pública actuó a favor de los hacendados.
Años más tarde, entre 1978 y 1982, la extinta guerrilla de las Farc inició acciones de expansión y crecimiento de sus estructuras. En este periodo emprendieron una colonización de carácter armado, en regiones donde no había presencia previa. En este contexto nace el Frente 16, que actuaría en una gran extensión del Vichada y en la parte oriental del Meta, es decir, en las zonas donde estaban las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada.
Aunque la violencia ya no está tan presente en algunos territorios, los indígenas siguen sufriendo las consecuencias del desplazamiento forzado y son los sikuani quienes más han alzado la voz. Las comunidades de Barrulia, Iwitsulibo y Tsabilonia volvieron a Puerto Gaitán entre 2009 y 2011, tras ser desplazadas por la tortura y las masacres que sufrieron por parte de colonos y militares, en eventos que se conocen como las “jaramilladas”.
En el proceso de retorno a sus territorios ancestrales, las comunidades indígenas empezaron a notar la ausencia de los animales que solían ver en las extensas sabanas y a los peces nadando entre los ríos. Pero lo que finalmente los alertó, fue el olor a combustión y las espesas nubes grisáceas.
Masiva deforestación
Este medio se contactó con el líder de la Asociación Indígena Únuma, Julio Cesar Chamarraví, quien comentó que los terrenos que antes estuvieron invadidos por los grupos armados, ahora fueron entregados no solo a las grandes multinacionales sino a esta congregación religiosa que según dice, ha deforestado más de 40 hectáreas de bosques de galería (crecen a los márgenes de los cuerpos de agua). De hecho, el 16 de marzo de este año la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán hizo una visita ocular tras una denuncia de tala de bosques de galería. “La Policía ambiental del municipio nos remitió el caso y fuimos con Cormacarena a ver los dos predios que decían que tenían daños”, comentó Ninfa Novoa, ingeniera ambiental y funcionaria de la Alcaldía al medio Mongabay.
Durante la visita los funcionarios fotografiaron los arados para los cultivos y varios árboles caídos que se usan para la construcción de vías dentro de los predios. Los líderes sikuani siguieron advirtiendo sobre la quema, la tala y la construcción de puentes sobre los caños. Incluso, Chamarraví afirmó que actualmente, la deforestación en esos territorios no está recibiendo el debido control por parte de las autoridades ambientales.
Lo que más preocupa al líder indígena, es que estas comunidades ancestrales se dedican a la caza y pesca, y sus cultivos de pancoger están cerca de los caños, por lo que, según denunció, el agua se está contaminando y los caños se están secando. “Ahora con la agroindustria y demás actividades no hay libre circulación de las especies”, mencionó. Tampoco dejó de lado que, según él, el despojo territorial también es provocado por las empresas petroleras que hoy están en Puerto Gaitán.
Por su parte, un líder de los menonitas, Abram Loewen, le afirmó a Mongabay que su comunidad no estaba deforestando. “Nosotros no tocamos los bosques. Ahí están”, sostuvo mientras señalaba una pequeña hilera de árboles que divide su finca de otras.
Aunque la congregación religiosa niega estar deforestando, una investigación preliminar de Cormacarena afirmó que al parecer, los menonitas quemaron 42 hectáreas de bosques, una cantidad comparable con 70 canchas de fútbol. Pese a que para el momento de la inspección la tierra debería de haber estado en pausa de quemas, insecticidas y del efecto de los monocultivos -como suele suceder entre marzo y abril-, la colonia menonita de Puerto Gaitán ya había iniciado la adecuación del suelo previo a la siembra. La época de lluvia este año se adelantó y esa fue la justificación para empezar a preparar antes de tiempo las tierras para los cultivos de soya, arroz y maíz.
Las autoridades ambientales regresaron el 24 de marzo y no vieron mejoría en el panorama. “Estaban realizando quemas, que es donde se ha visto mayoritariamente la afectación de los bosques nativos”, mencionó Daniel Felipe García, director de Cormacarena, en una entrevista con La W.
Ese mismo día se firmó un acta en la que los menonitas se comprometieron a “Suspender toda actividad y abstenerse en adelante de realizar acciones e intervenciones sin la respectiva autorización, permiso, licencia o concesión etc., de la autoridad competente que pueda generar impacto ambiental negativo a los ecosistemas o daño a los recursos naturales de la zona”, dice el documento.
Sin embargo, a su regreso, Cormacarena calculó que al menos 135 hectáreas de bosque de galería habían sido arrasadas, una cantidad mucho mayor que la anterior. Es así que ahora los menonitas están envueltos en tres procesos en etapa de revisión judicial por tala indiscriminada y quema a cielo abierto.
Lo vital de los bosques de galería
Según la investigación Estructura y diversidad de bosques de galería en una sabana estacional de los Llanos Orientales Colombianos, este tipo de vegetación es un importante reservorio de biodiversidad a nivel mundial, como resultado de la poca superficie ocupada y de su alta heterogeneidad estructural y funcional. Pero con los incendios periódicos, la pérdida de nutrientes del suelo y el pastoreo mantienen el paisaje se mantendrá transformado por un largo tiempo. La eliminación de este hábitat es sin duda una de las principales amenazas para los primates del piedemonte llanero, como el tití, el mico choyo y las marimondas, que se encuentran entre los más amenazados de toda la región. Desafortunadamente, este proceso también comienza a afectar las áreas de conservación de los Parques Nacionales Naturales de la Orinoquia.
En sí, las quemas para sembrar monocultivos tienen tres grandes impactos en los ecosistemas de la Orinoquía, donde los bosques de galería crecen cerca de los cuerpos de agua y protegen al ecosistema en tiempos de sequía. El primero, según la bióloga y doctora en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, Tania González, es que los bosques de galería son de vital importancia en los ciclos hidrológicos. “Suministran el agua dulce y albergan nutrientes para la fauna y flora que habita en la región”, le dijo a Mongabay.
El lío con los predios
Actualmente, según comunidades indígenas de la región, entre el 2012 y 2013, Liviney, La Australia y La Florida; fueron inscritos como predios baldíos; con base en el Decreto 2333 de 2014, que tiene como objeto “establecer los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas”; y el Decreto Ley 4633 de 2011, mediante el cual se constituye “medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas”.
Con respecto al predio Liviney, existe el Auto No. 484 del 25 de abril del 2019 expedido por la ANT, “Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de la actuación administrativa: adelantada sobre el predio denominado Liviney, ubicado en jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, departamento de Meta”. Según el documento, el procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados se realizará «cuando del análisis de los títulos de un predio se infiera sin lugar a dudas que se trata de un bien baldío, por no existir títulos que acrediten la propiedad privada».
Sin embargo, la ANT estableció que el predio Liviney, identificado inicialmente con el folio de matrícula No. 234-6808, realmente corresponde al predio del mismo nombre con cédula catastral No. 50568000100010807000 y folio de matrícula inmobiliaria No. 234-9352, el cual fue objeto de titulación a través de la Resolución de Adjudicación No. 080 del 7 de marzo de 1995, expedida por parte del extinto Incora, a favor de Octavio Galves Naranjo. “Por lo tanto, el predio objeto de las presentes diligencias ostenta la calidad de propiedad privada y por ello no hay lugar a continuar con la actuación administrativa”.
Además, algunos de los terrenos comprados por los menonitas tienen en su historia adjudicaciones irregulares y transacciones donde figuran narcotraficantes. En otros casos, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha estado realizando investigaciones de clarificación de baldíos pero no se han recuperado los predios.
Para conocer los antiguos dueños de estos predios que están envueltos en líos de narcotráfico: Los menonitas acumulan en los Llanos una tierra con pasado turbio
Desde El Cuarto Mosquetero nos contactamos con la ANT para consultar sobre el proceso de inscripción de los predios Australia, Liviney y La Florida como baldíos. La entidad explicó que en el año 2013 a se dio inicio a la etapa previa de la siguiente manera:
Liviney, a través del Auto No. 493 del 27 de agosto de 2013 y Australia, mediante el Auto No. 420 del 27 de agosto de 2013. En ambos documentos se ordenó “adelantar las diligencias previas tendientes a establecer la procedencia o no de iniciar actuación administrativa, con el fin de adelantar actividades previas necesarias, tendientes a la obtención de información que permitiera establecer la viabilidad o no del inicio del procedimiento agrario de recuperación de baldíos”.
En estos dos predios, afirmó la ANT, “solo se avanzó hasta la etapa previa del procedimiento señalado por el Decreto 1465 de 2013, por tanto, no existió una resolución de inicio del procedimiento que requiriera -conforme a la norma- ser registrada en los
folios de matrícula inmobiliaria correspondientes”. Cabe mencionar que el Decreto citado por la entidad, reglamenta temas relacionados con los procedimientos administrativos especiales agrarios de clarificación de la propiedad, delimitación o deslinde de las tierras de la Nación, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados y reversión de baldíos adjudicados.
Con respecto a La Florida, la ANT aclaró que en las bases de la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica figuran dos terrenos en Puerto Gaitán denominados La Florida 1 y La Florida 2.
Tierras que estarían siendo arrebatadas
Ahora bien, sobre la cuestión de si los terrenos pertenecen a privados aun cuando ancestralmente pertenecen a la población indígena, la ANT señaló que frente a los predios Liviney y La Australia se ordenó el archivo de las actuaciones administrativas, en vista de que Liviney, de acuerdo con la información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), podía corresponder a un terreno con naturaleza jurídica baldía, “toda vez que el referido folio tuvo origen en una transferencia de mejoras (falsa tradición)”.
Sin embargo, en el mismo desarrollo de la etapa previa, el grupo técnico del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) realizó un diagnóstico catastral, y se determinó que el predio frente al cual se iniciaron diligencias previas tenía correspondencia con un predio identificado con el mismo nombre y la misma cédula catastral, pero asociado al folio de matrícula inmobiliaria No 234-9352; en dicho folio se evidenció que el predio existía producto de una adjudicación hecha mediante la Resolución No. 080 del 07 de marzo de 1995, expedida por parte del extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), en favor de Octavio Galves Naranjo.
Durante los últimos 20 años, las comunidades indígenas que fueron despojadas de sus territorios, se organizaron para reclamar sus tierras. En 2016, iniciaron el proceso los sikuani de Iwitsulibu con base en un decreto de 2014 que permite solicitar la protección de los territorios despojados a comunidades indígenas. Cerca de 11.000 hectáreas solicitadas corresponden al sector de Las Piedras, explotado por la comunidad menonita junto a terceros.
“En Las Piedras hay ocho sitios sagrados, y tres con cementerios”, señala Alexander Álvarez, líder sikuani de Iwitsulibu. “Cuando mi papá llegó, por ahí en el año 1930, no existía la palabra reserva o resguardo. Tumbaban montañas, sembraban cultivos, hacían canoas”, cuenta. Según el líder, la violencia de Guadalupe Salcedo, las masacres conocidas como “guahibiadas” y la presencia paramilitar los obligó a huir.
“Cuando vi la maquinaria y los arados en los predios, yo me presenté. Les dije que ese territorio lo estaba solicitando hace mucho tiempo como medida de protección. Ellos (los menonitas) me dijeron que habían comprado”, cuenta Álvarez.
La ANT ha tardado en tramitar las solicitudes de los indígenas. Por eso ellos volvieron a sus territorios en los últimos dos años. La comunidad Iwitsulibu regresó en enero de 2020 a uno de los predios reclamados, ubicado en el sector Piedras.
Asimismo, esta entidad solicitó que los indígenas no podían ser desalojados, amparándose en el Decreto 2333 de 2014, pero la comunidad Sikuani fue expulsada un mes después por la Policía Nacional. Además, la comunidad sigue esperando la visita técnica de la ANT, que ya fue pospuesta tres veces, por lo que decidieron tomar el territorio reclamado.
Por su parte, con La Australia, según el IGAC, se evaluó la condición jurídica y catastral del terreno durante el desarrollo de la etapa previa, a partir de lo cual se tuvo el indicio de que este predio, con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-1088, podía corresponder a un terreno con naturaleza jurídica baldía, al igual que Liviney, “toda vez que el referido folio tuvo origen en una transferencia de mejoras (falsa tradición)”.
“Teniendo en cuenta lo mencionado líneas arriba, a partir de la información que existe en los expedientes que tiene a cargo el equipo de recuperación de baldíos, se puede decir que los predios son de naturaleza privada”, concluyó la ANT.
Al respecto, Rutas del Conflicto, afirma que los menonitas adquirieron los predios a través de hipotecas a cinco años, pero la transferencia de la tierra figura en los documentos de tradición y libertad sólo después de finalizado el pago. “Por eso no es posible rastrear la totalidad de los predios que ocupan los menonitas y otros que están en proceso de compra. Sin embargo, en entrevistas a vecinos, trabajadores de parcelas contiguas, imágenes satelitales e información de las oficinas de instrumentos públicos, se pudieron determinar los predios que conforman sus cuatro colonias en Puerto Gaitán”, afirmó el medio.
Además, es necesario tener en cuenta que la Ley 160 de 1994, la cual regula los terrenos de origen baldío, prohíbe que un actor privado adquiera más de una Unidad Agrícola Familiar (extensión de tierra que el Estado considera suficiente para que una familia subsista). En Puerto Gaitán corresponde a predios entre las 1000 y 1340 hectáreas. La norma busca evitar que grandes empresas o terratenientes acumulen tierra destinada a campesinos sin ella.
Jenny Azucena Díaz, abogada de la comunidad menonita, le dijo a Rutas del Conflicto que la adquisición de los predios se ha hecho de manera individual para la explotación familiar y no como comunidad, sin violar la ley. De hecho, mostró una tabla de Excel donde están distribuidos los propietarios y el número de hectáreas en proceso o ya compradas, sin superar, según ella, el límite de la Unidad Agrícola Familiar. “Cuando salimos de México cada uno tenía su parcela y así entramos acá también; cada quien en su propia tierra, de manera individual”, afirmó un integrante de la comunidad a ese medio.
¿Y los Derechos Humanos?
El acceso a la tierra ha sido un problema histórico en Colombia. Desde hace décadas se ha venido presentando un acaparamiento de terrenos productivos por parte de unos pocos que implica que tanto campesinos como indígenas sean despojados de los territorios que habitan desde tiempos ancestrales.
Las raíces del conflicto colombiano, explica el investigador Alejandro Reyes Posada, están afianzadas en la tierra. De acuerdo con el investigador, el país ha fracasado en su legislación sobre los terrenos baldíos y en el intento de realizar una reforma agraria. Entre 1903 y 2012 el Estado adjudicó 60 millones de hectáreas baldías a personas naturales y jurídicas, y a comunidades indígenas y afro, lo que representa más de la mitad de la superficie nacional, que suma 114 millones de hectáreas. El problema, dice Reyes Posada, es que muchas veces esas tierras se han “adjudicado a las personas equivocadas”.
En los llanos, las tierras suelen ser acaparadas por personas con grandes intereses ganaderos y agroindustriales, pero es la primera vez que se evidencia una colonización extranjera de tal magnitud como lo ha sido la congregación menonita en Puerto Gaitán. Sin embargo, la intervención estatal no deja de ser obligatoria en este caso, sobre todo teniendo en cuenta que desde el 2012 existe la ley de víctimas y restitución de tierras para devolver terrenos a las personas que fueron despojadas.
En ese sentido, El Cuarto Mosquetero se contactó con la Defensoría del Pueblo, la cual afirmó que envió una solicitud a la Gobernación del Meta con respecto a los conflictos sociales en los territorios y sobre la presunta violación a los derechos humanos de la población indígena.
De igual manera, la Defensoría del Pueblo aseguró que “se sabe que las comunidades aledañas a los predios donde está ubicada la congregación religiosa de menonitas, han solicitado a las entidades competentes aclarar la legalidad de la compra de dichos predios”. Y es que, aunque la ANT asegura que los terrenos son de naturaleza privada, las dudas al respecto siguen flotando.
Del lado de las comunidades existen varios sustentos legales que la Defensoría del Pueblo argumentó así:
- Convenio 169 de la OIT; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- Ley 021 del 4 de marzo 1991; por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.
- Corte Constitucional Sentencia T-188 de 1993: Derecho a la propiedad colectiva/resguardo indígena/derecho de petición AG/RES. 2888 (XLVI-O/16) Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 14 de junio de 2016 por la OEA.
- Decreto 2333 de 2014 de territorio ancestrales, por el cual se establecen los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio número 169 de la OIT, y se adicionan los artículos 13, 16 y 19 del Decreto número 2664 de 1994.
- Sentencia T-025/04
- Auto 004/09; Protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04.
Sin embargo, poco se han tenido en cuenta estas normativas y jurisprudencias. La capacidad adquisitiva de la congregación religiosa ha resultado más poderosa que los territorios ancestrales de los indígenas y la conservación de la naturaleza.
Entre tanto, los indígenas siguen a la espera de acciones por parte de la ANT y la Unidad de Restitución de Tierras mientras que la congregación religiosa continúa comprando tierras en la región de los Llanos Orientales para ampliar su negocio agroindustrial en un territorio que, según la Ley 160, debe dedicarse a comunidades vulnerables, indígenas y afro.
