En la publicación “Erradicación forzada: los efectos de una meta sin sentido” de la Fundación Ideas para la Paz se menciona que hay “una gran coincidencia entre los municipios donde se realiza erradicación forzada y los lugares donde el PNIS ha hecho acuerdos con las comunidades”.
“Creo que hay una relación entre el hecho de que se adelanten los operativos de erradicación manual forzada y las operaciones de ARTEMISA (cuyo objetivo es frenar la deforestación) en zonas PNIS, lo cual es absolutamente deplorable, porque según la lógica establecida en el Acuerdo de Paz, la secuencia implicaba llevar primero oportunidades de acceso al PNIS de manera voluntaria y también resolver los temas de las familias campesinas que se encuentran dentro de áreas protegidas”, explicó el abogado Pedro Arenas, miembro de la Corporación Viso Mutop, líder social y político quien ha liderado procesos de reformas de política de drogas.
Arenas, que dice no tener evidencia directa sobre el mal uso de la información del ODK, resalta que en el Acuerdo de Paz se buscaba priorizar y resolver el avance de la frontera agrícola pero que en la práctica y bajo el eslogan de proteger la naturaleza, se violan los derechos humanos de las y los campesinos.
El PNIS niega mal uso de información sensible
Jaime Triana, coordinador del PNIS en el Meta, manifestó a este medio que la Procuraduría General le hizo un requerimiento para saber si su oficina le estaba suministrando coordenadas al ejército para realizar operativos de erradicación forzada.
Niega que su oficina haya suministrado información con coordenadas de ubicación al Ejército Nacional o al Ministerio de Justicia para la erradicación forzada a partir del ODK. “Nosotros venimos trabajando con los [campesinos] que se suscribieron hace tres años a los acuerdos voluntarios. (…) Con erradicación forzosa nosotros no tenemos nada que ver. La erradicación forzada es una cuestión netamente del Ministerio de Defensa y del Ejército con sus plataformas y aviones, detectan y allá llegan”, explicó a El Cuarto Mosquetero.
Contactamos a la Procuraduría General para clarificar la razón por la cual le había realizado esos requerimientos a Jaime Triana, pero no fue posible obtener respuesta. Nos comunicaron que no podían dar esa información y que no están autorizados para dar entrevistas.
Por su parte, el diputado Avellaneda de Alianza Verde hizo un llamado al gobierno nacional y a los organismos internacionales garantes del proceso para que acompañen las exigencias de las organizaciones sociales y campesinas y se esclarezca con celeridad cuál fue el destino de la información personal de las familias del PNIS.
Postura con la que coincide Arenas: «La UNODC junto con la Comisión Global de Drogas fueron invitadas para ser verificadoras neutrales de la implementación del punto cuatro (del Acuerdo de Paz sobre solución al problema de las drogas ilícitas). Es decir, son una especie de garantes. La UNODC es el máximo organismo de Naciones Unidas para estos temas y la Comisión Global de Drogas un organismo independiente. Cuando la UNODC suscribe un convenio con el Estado colombiano para operar recursos PNIS, de alguna forma deja a un lado esa neutralidad, ese rol de garante, y se convierte en un operador de recursos para la suscripción de memorandos de entendimientos y para facilitar la operación del programa”.
De comprobarse el mal uso de la información “el tema tendría que ser escalado a directivas de ese organismo a nivel mundial, tanto en Viena como en New York ante el Consejo de Seguridad”, dijo el abogado.
