«La UNODC nunca pidió autorización para que la información de los beneficiarios del PNIS terminara total o parcialmente en manos de las Fuerzas Militares o en algún tipo de convenio ajeno a la implementación del Acuerdo de Paz”, dijo a El Cuarto Mosquetero Doris Rivera, dirigente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC).
No solo líderes y lideresas en los territorios afectados empiezan a investigar las implicaciones del uso no previsto de la información, sino también quienes habitan en los municipios beneficiarios del PNIS que trabajaron como técnicos y profesionales.
Alberto Herrera sirvió como técnico en varios memorandos de acuerdos en los municipios de Vista Hermosa y La Uribe en el departamento del Meta y le impactó la orden de la UNODC de reportar lotes con cultivos de coca no acogidos al programa, ya que además no estaba contemplado en los Memorandos de Acuerdo.
«Siempre existió la sospecha de que la asistencia técnica se utilizaba para algo ajeno al programa. La primera duda surgió en una capacitación con la UNODC, cuando nos solicitaron reportar predios con cultivos de coca, aunque no se hubiesen acogido al programa. Orden que desconocimos la mayoría, pero que generó duda entre nosotros”, explicó Herrera.
Otro técnico, que prefiere no dar a conocer su nombre, resaltó que “también se sugirió que si se encontraba algún cultivo (de coca) en la finca o por donde uno pasara, se pasara el reporte. Muchos técnicos lo hicieron y otros no”.
Este técnico no lo hizo. Se hubiera sentido desleal como vecino del territorio al meter en problemas a sus vecinos quienes precisamente no creyeron en el programa de sustitución. Varios técnicos decidieron desobedecer la orden impartida por la UNODC ya que podría ponerlos en riesgo a ellos y a sus familias donde se llegara a filtrar que ellos estaban excediéndose en el manejo de la información sensible.
Córdova señaló que para ellos es claro que la UNODC tiene convenios con el Ejército, además de indicar que no sería la primera vez que se usa indebidamente la información personal de los campesinos como ocurrió con el programa Familias Guardabosques, impulsado por la Agencia Presidencial para la Acción en el año 2006 para promover un proceso de sustitución voluntario.
Al dirigente de la ANZORC le es difícil conocer más sobre estas eventuales irregularidades debido a que la UNODC y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) le han negado el acceso a los Memorandos de Acuerdo, entre otros documentos que le permitirían determinar con exactitud el destino de la información. Inclusive señala que incluso a Julián Gallo, senador del partido Comunes le han negado copia de estos documentos.
A pesar de las dudas de Córdova, este medio pudo comprobar que la información del programa Familias Guardabosques también se integró a la plataforma de monitoreo del SIMCI, como lo menciona el documento Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019.
El Cuarto Mosquetero intentó acceder a los memorandos de acuerdo en el último trimestre del 2020, tanto la UNODC y ART respondieron que era información confidencial y por ende los memorandos de acuerdo a los que hemos podido acceder han sido directamente proporcionados por los contratistas a quienes entrevistamos para esta investigación.
Las organizaciones campesinas se preparan para exigir que se esclarezcan estos hechos por parte de las entidades involucradas. «Del gobierno se esperaba cualquier cosa, mas no de la ONU. Ellos se muestran como neutrales y defensores de los derechos de los campesinos en los territorios, pero ahora vemos que en el plano general eso está muy lejos de la realidad. Muy seguramente les vamos a exigir explicaciones sobre estos hechos que afectarían la confianza en las instituciones, confianza tan necesaria para la construcción de paz en el país”, concluyó Rivera.
Ante esto Oswaldo Avellaneda, diputado del Meta por el partido Alianza Verde se pregunta cómo canalizar estas dudas de organizaciones campesinas, familias campesinas y representantes políticos del Meta. «Genera mucha preocupación que donde se ha venido trabajando en procesos de consolidación de la paz e implementación del Acuerdo, donde muchos de los campesinos y organizaciones campesinas se han sumado de manera voluntaria a la erradicación de cultivos de uso ilícito, se estén presentado en este momento mayores operaciones militares para una erradicación forzada. Nos causa mucha curiosidad. La pregunta es ¿se está utilizando información entregada con fines de erradicación voluntaria para la utilización de este nuevo modelo de erradicación forzada?» reflexionó.
