La información personal de miles de familias acogidas al PNIS es utilizada por el Ejército para tareas de erradicación sin consentimiento de los campesinos. Políticos, técnicos y organizaciones sociales cuestionan el uso de datos sensibles y prevén pedir más información a las autoridades y a Naciones Unidas que financia el programa y ejecutó un aplicativo que recoge la información personal. Campesinos temen que la base de datos sea usada en su contra en las aspersiones aéreas con glifosato decretadas por el gobierno de Ivan Duque.
La información personal de familias inscriptas en el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) nutre la base de datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) administrado por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que desde 1999 genera insumos técnicos para la política antidroga colombiana.
Así lo muestran documentos, miembros del partido Comunes, líderes de organizaciones campesinas y profesionales que trabajaron en la implementación del PNIS. Todos coinciden en que la información personal de las familias se obtuvo a través del aplicativo Open Data Kit (ODK) que recoge fotografías de cada beneficiario/a, localización geográfica de sus viviendas, nombre e identificación, información sobre lugares donde se puede localizar a la persona si no estuviera en su hogar, motivos por los cuales no se pudo localizar, el tiempo que lleva fuera, así como la necesidad que motivó su desplazamiento y posible fecha de regreso, entre otros datos personales.
El ODK fue empleado por los operadores locales encargados de visitar los predios de los campesinos y se instalaba en los celulares personales de cada técnico, permitiendo el cargue de encuestas sobre la caracterización social y productiva de unos 67.000 núcleos familiares en toda Colombia. Los operadores recibieron instrucción en su manejo de la UNODC que solicitó a cada uno realizar copias de seguridad de la información en sus teléfonos móviles personales.
Según técnicos entrevistados nunca recibieron instrucciones sobre el manejo ético de la información. Tampoco se les entregó un manual operativo que les indicara el debido uso de los datos privilegiados. Además, las copias de seguridad de las encuestas del aplicativo ODK fue guardada en computadores y celulares personales de los técnicos, sin que UNODC solicitara ni verificara la eliminación de la información al finalizar las contrataciones.
Además en el “Registro de novedades” del aplicativo se consigna que el SIMCI permite al Estado encaminar acciones para la erradicación de cultivos declarados ilícitos, como muestra un apartado del Contrato 350 de abril de 2017, al que accedió El Cuarto Mosquetero, celebrado entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la UNODC (imagen uno). Dicho contrato no hace parte del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC.
La información recabada por el PNIS terminó siendo un insumo de la base de datos del SIMCI, según menciona Irson Córdova delegado del Partido Comunes para el seguimiento a la implementación del Programa PNIS en el departamento del Meta.
«Creemos que la información social del programa PNIS terminó en manos de convenios entre el ejército y la UNODC, como lo es el SIMCI. Desde comienzos de 2019 nos empezó a preocupar el destino real de la información obtenida mediante la asistencia técnica por parte de la UNODC, pues tenemos testimonios de técnicos de la región que nos decían que les estaban solicitando reportar cultivos de coca de personas no acogidas al PNIS. Además que empezamos a notar coincidencias entre las zonas donde los campesinos hicieron acuerdos de sustitución y las zonas de los operativos de la fuerza pública”, explicó a El Cuarto Mosquetero.
Según el documento Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019, (UNODC-SIMCI) el ODK es descrito como un instrumento más del sistema de monitoreo de cultivos declarados ilícitos. El mismo informe indica que el ODK se usó para “el monitoreo y verificación”, de la erradicación voluntaria del PNIS. Situación que supondría una grave irregularidad, puesto que los operadores locales del PNIS que emplearon el ODK no estaban facultados para hacer labores de monitoreo y verificación, sino acompañamiento técnico como indican varios memorandos de acuerdo aportados por las diferentes fuentes.
El monitoreo y la verificación debían ser realizados directamente por la UNODC como se contempla en el Acuerdo de financiación entre las Naciones Unidas y el Fondo Colombia en Paz de la Presidencia de la República, suscrito en Bogotá D.C. el 22 de diciembre de 2017.
