Para el 07 de agosto, documentábamos en El Cuarto Mosquetero que continuaba la persecución al reportero Fernando Montes quien fue a documentar el proceso de resistencia de las y los campesinos frente a las jornadas de erradicación. Cuando los uniformados lo vieron le dijeron “usted es el fotógrafo, pero de la guerrilla, no se le dé por nada cuando lo cojamos y lo hagamos picadillo”. Denunció que en dos ocasiones tres soldados le dijeron “tranquilo hijo de puta, la próxima vez no le volamos solo un dedo” y lo que le parece aún más grave, es que le dijeron que él estaba ayudando a poner minas antipersona. Este tipo de aseveraciones tomadas a la ligera ponían al reportero en el ojo del huracán.
La confrontación llegó a tal punto, que el 08 de agosto alrededor de las 9:00am era tendencia nacional #SOSGuayabero, ya que, con apoyo de organizaciones sociales y de los canales de comunicación de Voces del Guayabero se conoció que había múltiples personas retenidas, heridos y constante cruce de disparos.
Hasta ese momento informábamos desde El Cuarto Mosquetero que un campesino había sido gravemente herido, al igual que tres soldados. Los pronunciamos que dieron en medios nacionales tanto el Ejército como autoridades departamentales fue que un gran número de campesinos quedaron en medio del fuego entre el frente séptimo de las disidencias y el Ejército y que había una persona desaparecida identificada como José Merardo Cardona.
Hasta ese momento se conocía que Jefferson Parrado, Manuel Vargas, Victor Julio Rey, Yeison Mosquera, Eladio Caicedo, Jhon William Grueso, Alexander Navarrete, Robinson Castro, Anderson Daza, Edgar Gómez, estaban retenidos ya que se encontraban erradicando de manera voluntaria –lo que también les permite salvaguardar la semilla-, muy cerca de las tropas del Ejército, sin embargo, se detonó un artefacto y fue cuando los tres soldados resultarían heridos.
Fue en ese momento cuando los campesinos fueron atacados con ráfagas de fusil, tuvieron que tirarse al piso ante la confusa situación, pero posteriormente fueron sorprendidos con su retención. Allí se les acusaba de ser guerrilleros, cada uno de ellos denuncia haber sido maltratados, los golpeaban, estaban boca abajo contra el barro, no podían levantar la mirada y recibían culatazos. Varios de ellos fueron llevados aparte y les pedían que confesaran quién era un tal “alias bombardero”.
Las mujeres que fueron en el rescate de sus familiares, fueron recibidas con gases lacrimógenos, tuvieron que esperar con agonía por varias horas a que fueran liberados sus hijos, sus sobrinos, sus esposos “habían cogido a mi hijo, lo habían retenido, le dieron culata, eso fue horrible (…) salieron hasta con la carita embarrada porque los tenían boca abajo y no los dejaban levantar la cabeza”, contó Marleny Santa, madre de un joven al que todos llaman Cebollita.
Pero la comunidad no se puso a esperar, empezó a elevar la denuncia recibiendo el respaldo de organizaciones sociales, medios de comunicación, políticos y en general, hasta cibernautas que hacían crecer la tendencia. Horas después los jóvenes –en su mayoría no tenían más de treinta años-, fueron liberados y recibidos por el grupo de habitantes de Nueva Colombia, mujeres, sobre todo, que los vieron llegar magullados, heridos, pero sobre todo humillados.
Además, José Medardo logró comunicarse horas después con la comunidad, e informar que había sido llevado en helicóptero al casco urbano de La Macarena contra su voluntad y al parecer por equivocación, ya que, aunque no le dieron información del porqué lo habían retenido y posteriormente liberado como si nada, mientras iba en el helicóptero escuchó que entre los soldados discutían que “ese no es, no tiene los tatuajes”. Al parecer lo estaban confundiendo con un líder visible de la zona, Fermín Oviedo, quien se desplazó a la ciudad por la persecución que estaba viviendo.
Para la fecha, era preocupante la llegada de militares a las casas, con pasamontañas y sin las insignias que los identificaran como Ejército Nacional, además que al preguntarles quién era su comandante, siempre respondían “todos somos comandantes aquí”. Ese mismo día Fernando Montes (Gallito) y Edinson Álvarez (Mincho) de Voces del Guayabero, quienes se encontraban cerca de la finca donde el Ejército retuvo a los 14 campesinos y quienes intentaron cubrir lo sucedido, tuvieron que correr y resguardarse en una casa y desde allí les gritaban que salieran, que eran unos guerrilleros y que donde “los pillaran solos nos iban a dar una plomacera”, recuerdan.
La escalada del conflicto entre las tropas dirigidas por Raúl Flores y las comunidades campesinas había llegado a tal punto, que en cualquier momento se esperaba que aumentara el número de heridos y hasta de muertos. En entrevista a El Cuarto Mosquetero, Bladimir Espitia integrante de Voces del Guayabero y Edgar Cruz de Corpohumadea –organización que hizo parte la Misión Humanitaria al Guayabero-, elevaban la denuncia pública por el temor general que se estaba arraigando en esta vereda, en donde ya no habían más de mil campesinos haciendo frente, sino veinte, treinta, máximo cincuenta.
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El 14 de agosto del 2020, delegados de la MAP OEA y la ONU fueron a Nueva Colombia a escuchar las denuncias de las y los campesinos sobre abusos de la fuerza pública. Se encontraban dialogando cuando se escuchó un fuerte estruendo, de esos que inmediatamente te hacen querer buscar la seguridad, pues se puede ver como muchas personas empezaron a moverse nerviosas en el recinto, especialmente los funcionarios.
Pero el campesinado allí presente de inmediato empezó a advertirles que no tenían nada que ver y que menos mal estaban en esa reunión o de pronto el Ejército nuevamente iba a dispararles. Además, en medio de la indignación, manifestaron que como el Ejército estaba a tan solo 300 metros del lugar y que ellos serían los responsables para sabotear el evento. Ante lo cual, Raúl Flores rechazó estas acusaciones y manifestó que las disidencias habían sido las responsables de fabricar y poner en esta zona el artefacto explosivo, pues hasta uno de sus militares había resultado herido.
Días después, Flores, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA, interpuso una acción de tutela contra las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que están defendiendo las comunidades campesinas del sur del Meta y Guaviare. El militar aludía que no se le estaba respetando el derecho a la imagen y buen nombre, ya que lo estaban señalando como el autor intelectual de los constantes ataques a las y los campesinos de la región del Guayabero.
Las organizaciones involucradas en la acción de tutela fueron: la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuario – Fensuagro, Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta – Sintagrim, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Oriente y Centro de Colombia – DHOC, Benposta – Nación de Muchachos, Comunidades de Fe Teusaquillo Territorio de Paz, Centro de Alternativas al Desarrollo CEALDES, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Cepalc, Centro Ecumenico para America Latina de Comunicación Fundación Enciso de Corazón, Corporación Vínculos Fondo de Protección, Fundación Paz y Reconciliación, Corporación Ambiental y Turística – Corporhumadea, Pastoral Social Regional Suroriente, la Unión Sindical Obrera Subdirectiva Meta, la Corporación Juridica Yida Castro, Corporación Vida Paz, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y el Movimiento Sueco por la Reconciliación – Swefor International Action for Peace – IAP.
Para el 25 de agosto, las organizaciones responden la acción de tutela dentro del plazo establecido, evidenciando que, “las organizaciones participantes de la Misión Humanitaria, decidieron destacar que la labor de las y los defensores de derechos humanos está amparada en el derecho internacional y se centra en velar por la garantía y el respeto a las comunidades por parte de cualquier actor armado en la región.”.
Es de resaltar que, mientras avanzaba el mecanismo de acción de tutela que involucraba al general y a las organizaciones sociales, mediante comunicado público que esparcieron por las veredas del Guayabero, las disidencias de las FARC-EP informaron que se declaraban responsables de las acciones militares en Nueva Colombia y Caño San José. Según el documento han dado de baja a 26 uniformados y otros ocho resultaron heridos, que lo hacían por las agresiones que estaban viviendo las y los campesinos y que porque estaban conmemorando 30 años de la desaparición física del comandante Jacobo Arenas.
Lo peor fue la declaración adicional que vino, porque nuevamente evidenciaba que las y los campesinos no solo tendrían que preocuparse por el proceso de erradicación manual que adelantaban los militares, sino las advertencias del grupo armado ilegal:
“Recomendamos a la población civil: andar por caminos y carreteras; no salirse de ellos. No andar en caravanas militares, no permitir la entrada de los militares a los caseríos, ni recibirlos en sus casas. Así mismo, no permitirles acamparse a una distancia no menor de 600 metros de sus casas, escuelas, puestos de salud, iglesia y otros sitios donde se concentre la población como mandata el DIH, de igual manera no prestarse para el desarrollo de operaciones militares en el área. No prestarles sus vehículos ni movilizarlos. Tampoco vincularse a sus redes de informantes porque pueden verse involucrados en acciones militares nuestras y salir involucrados”.
Finalmente, el 29 de agosto, juez niega la tutela contra la Misión Humanitaria al Guayabero, por falta de claridad sobre a quién se le estarían vulnerando los derechos ya que en ocasiones el general Flores se refiere a sí mismo, pero en otras se refiere de manera plural, como Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Para las organizaciones sociales ésta fue una batalla ganada contra el intento de censura de las fuerzas armadas.
Para leer la investigación completa:
